Honduras llegó a la mitad de 2026 con un gobierno de ultraderecha que ha agudizado el conflicto agrario, profundizando la criminalización, persecución y violencia en el campo. El 21 de mayo, 20 campesinos y campesinas fueron asesinados en la aldea de Rigores, en Trujillo, Colón, en la región del Bajo Aguán. “Esta tragedia enluta no solo a Honduras, sino también a todo el movimiento campesino mesoamericano y latinoamericano”, dice un informe de La Vía Campesina.
Dos semanas después, el Congreso Nacional aprobó la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial. Esta ley, dictada como el Decreto 107-2026, declara inafectables las tierras destinadas a la agroindustria y obliga a la Policía Nacional y al Ministerio Público a actuar de inmediato ante ocupaciones. Desde que la ley entró en vigencia, el movimiento campesino, indígena y garífuna sostiene tomas de carretera y jornadas de movilización en todo el país, y exige su derogación.
Quien habla a Capire sobre esta coyuntura de ataques y de resistencia hondureña es Wendy Cruz, de la Marcha Mundial de las Mujeres y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, que integra La Vía Campesina (CLOC-LVC). Wendy integra la Plataforma 25 de Noviembre, “espacio diverso de mujeres campesinas, indígenas, cooperativistas y trabajadoras del hogar, que reune más de 60 organizaciones a nivel nacional”.
¿Cuáles son las principales agendas y desafíos compartidos por las mujeres campesinas e indígenas de la región?
Las principales agendas de las mujeres campesinas e indígenas de la región son defender la tierra y el territorio. Creo que nos encontramos ante una embestida del gran capital para reconcentrar la tierra y profundizar los modelos extractivistas. Recién venimos de un encuentro mesoamericano de las mujeres de la CLOC-LVC, donde se debatió el avance de la ultraderecha en la región. Es una ultraderecha que está con aliados estratégicos, como las religiones fundamentalistas, que están colocando en mayor precariedad los derechos humanos de las mujeres.
Hay una injerencia política en la región mesoamericana, porque hay intereses geopolíticos y sobre los bienes comunes. También está presente todo el tema del desarrollo turístico que quieren ejecutar en Honduras. Todo eso nos deja en mayor vulnerabilidad. Recordemos que somos una zona que tiene recursos naturales —que para nosotros son bienes comunes. Es sumamente rica la región mesoamericana, y eso nos tiene frente a un capital feroz.
El gobierno de Estados Unidos le ha puesto precio a nuestra región. Al ponerle precio a nuestros bienes comunes, le pone precio a las vidas de miles y miles de familias, especialmente de nosotras, las mujeres, y de los niños y las niñas.
La masacre de Rigores y la aprobación de la ley agroindustrial marcaron los últimos meses en Honduras. ¿Qué está pasando en el país y cómo se articulan las mujeres del campo frente al extractivismo y a la militarización?
Sin duda, haber cambiado a un gobierno de ultraderecha —solo tenemos seis meses de estar gobernadas por este gobierno— ha hecho que pasen muchas cosas malas en el país. Una ha sido la aprobación en el Congreso Nacional de la ley del sector agroindustrial. Para nosotras, esa ley es la legalización de los despojos de los territorios a comunidades campesinas e indígenas. Con esa ley han anunciado alrededor de mil desalojos. Sin embargo, se han registrado al menos 60 conflictos territoriales sobre la defensa del ambiente o la defensa del territorio. Eso nos tiene en alerta permanente. Por eso, hay muchas acciones a nivel territorial de parte de comunidades campesinas y garífunas, y también se ha alzado la voz de muchas personas sobre el tema de la defensa.
Esta ley de fortalecimiento a la agroindustria no solo tiene que ver con el despojo de la tierra. Tiene que ver con el desarrollo de proyectos extractivistas vinculados al turismo, que ha venido desplazando a comunidades garífunas durante muchos años, y también con el desarrollo energético en el país. Colocar el derecho al agua es fundamental, porque en Honduras hay una crisis del acceso al agua para el consumo de la población. Todo el mundo se pregunta cómo hay agua para producir los monocultivos, pero no para el consumo humano.
Todos estos proyectos extractivistas y de monocultivos vienen a profundizar las desigualdades y a acaparar la tierra y los bienes comunes.
Sobre todo, este es un Estado que no quiere cumplir con las sentencias internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de los pueblos garífunas, en los cuales se obliga al Estado a resarcir el daño.
¿Qué significa resarcir el daño? Que debe devolver esa tierra de los pueblos garífunas a sus manos. Pero lo que han recibido ha sido una amenaza de desalojo permanente.
También es importante alertar sobre el papel que juegan las empresas de seguridad privada en el país. Se registran alrededor de 700 empresas de seguridad privada, que tienen de 60 a 70 mil hombres armados. Eso más que duplica lo que podríamos decir que son los policías civiles del país. Esa es una denuncia permanente de los conflictos agrarios.
El papel de las mujeres es estar al frente de la lucha por la defensa de los territorios. Tener tierra tiene que vincularse a otros derechos humanos, como el derecho a la vivienda, a producir sus alimentos, a vivir en un entorno más tranquilo. Las mujeres son las que quedan al frente de los territorios cuando muchos hombres son reprimidos y detenidos por la Policía Nacional.
El actual gobierno tiene control tanto del Congreso Nacional, donde tiene mayoría absoluta, como de la Corte Suprema de Justicia. Hicieron juicios políticos y quitaron a personalidades que venían haciendo cambios a favor de los pueblos. Esa situación nos tiene en mayor vulnerabilidad y en total indefensión. Organizaciones como la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) han denunciado que han movido los juicios de ciudad porque se miran inoperantes de enfrentar la exigencia del pueblo garífuna.
Las mujeres siempre jugamos un papel fundamental en la defensa de los bienes comunes, y en hacer un llamado a nivel internacional, a organismos internacionales de derechos humanos, y a las organizaciones sociales. Tenemos que sumarnos a hacer la denuncia permanente. La vida de las lideresas y de los líderes de los movimientos sociales se encuentra en total vulnerabilidad, pero también en peligro inminente ante estos grupos de seguridad que se mueven en el país y que nadie controla.
¿Cuáles deben ser las estrategias, a niveles nacional e internacional, para frenar la represión y garantizar justicia?
Este 29 de julio de 2026, se desarrolló una acción pública en Honduras donde el movimiento campesino y garífuna entregó más de 5 mil firmas recopiladas a nivel territorial, exigiendo juicio político para 17 diputados y diputadas que han venido impulsando esta ley de fortalecimiento a la agroindustria, sobre todo para quien encabeza el Congreso Nacional —el diputado Tomás Zambrano. Es una ley inconstitucional, porque nuestra Constitución dice que todas las leyes deben ser para todos los ciudadanos y ciudadanas, y no para un sector en particular.
El movimiento campesino ha estado en movilización permanente. Desde el 17 de abril de 2026, Día Internacional de la Lucha Campesina, empezamos las acciones a nivel nacional, una movilización. Ha habido tomas de carretera a nivel de todo el país, en diferentes zonas, y ahora presentamos estas más de 5 mil firmas para exigir juicio político contra los traidores de los derechos humanos de los campesinos y las campesinas en Honduras.
Se ha hecho una alerta nacional e internacional sobre la vulnerabilidad de los derechos de los defensores de la tierra y el territorio. Con las masacres, criminalizaciones y desalojos constantes, no se han respetado ningún protocolo ni estándar internacional. El Estado está violentando un principio: el de garantizar condiciones dignas para movilizar a la gente de sus territorios en caso de que hubiera conflictos sobre la legalización de la tierra.
En Honduras, tenemos un grave problema, ya que un 80% de las tierras tiene problemas de legalidad, según señalan diversos análisis e informes basados en diagnósticos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). No tenemos un catastro unificado que nos permita controlar los títulos de propiedad. En Honduras, el sector empresarial generalmente ha obtenido las tierras a través de actos dolosos, o sea, títulos dolosos que estuvieron bajo registros de otros títulos ancestrales, como son los de los pueblos indígenas. No hay un interés del Estado en legalizar las tierras de las comunidades campesinas e indígenas, y eso ha colocado en mayor vulnerabilidad el derecho a la seguridad de la tierra para los pueblos originarios.
Mientras no resolvamos la legalización de la tierra de las comunidades y no se garanticen derechos fundamentales de acceso a la tierra, el conflicto de tierra seguirá siendo un problema estructural que tenemos en el país, y que a la mayoría de los gobiernos no les ha interesado resolver.
