El sistema alimentario global actual no funciona mal: funciona exactamente como quiere el capitalismo. Este sistema ha convertido la tierra, el agua, las semillas, el trabajo y los alimentos en mercancías con fines de lucro. En todo el mundo, las comunidades se enfrentan a la apropiación de tierras, el endeudamiento, el desplazamiento forzado, la explotación laboral y la extracción depredadora de recursos por parte de las corporaciones transnacionales. Cada vez más, los pequeños agricultores y agricultoras, los campesinos y campesinas, los pescadores y pescadoras, los pueblos indígenas, los pastores y pastoras y los trabajadores y trabajadoras rurales se ven cada vez más presionados entre el aumento de los costos de producción y la caída de los ingresos, mientras que las grandes corporaciones del agronegocio concentran el poder en todas las etapas del sistema alimentario. Las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC) juegan un papel clave en este proceso, llevando al límite a la gente del campo y a la propia naturaleza. Mediante programas de ajuste estructural, liberalización comercial, privatizaciones y desregulación, estas instituciones han subordinado los sistemas alimentarios a las exigencias del capital global. En sus acuerdos y negociaciones, establecieron el lucro, y no la alimentación de los pueblos, como principio rector.
En marzo de 2026, La Vía Campesina (LVC) se reunió en Yaundé, en Camerún, para manifestar su oposición a la 14.ª Conferencia Ministerial de la OMC. Representantes de África, las Américas y el Caribe, Europa, Asia y el mundo árabe participaron en una semana de debates que culminó con la Declaración de Yaundé: un llamado a desmantelar el actual sistema mundial de comercio y a construir un nuevo marco para el comercio internacional, basado en la soberanía alimentaria, los derechos humanos y la solidaridad internacional. La LVC siempre ha rechazado dar legitimidad a las conferencias ministeriales de la OMC con su participación, porque cree que esa institución no tiene legitimidad para regular la agricultura y los sistemas alimentarios.
Ninguna reforma puede transformar la OMC en una institución al servicio de los pueblos. Ha llegado el momento de construir un nuevo sistema que priorice la dignidad, la soberanía y el bienestar de todos los pueblos
Adama Bundu, integrante y coordinadora de la sección de jóvenes del Sindicato Nacional de Agricultores y Agricultoras [National Farmers Union – NFU] de Canadá, una organización que forma parte de La Vía Campesina, participó en el encuentro en Yaundé. En esta entrevista, habla sobre las alternativas que el movimiento campesino está construyendo, el significado político de la Declaración de Yaundé y por qué el liderazgo de las mujeres en los movimientos es clave para ampliar la comprensión sobre la organización de los pueblos en la construcción de un mundo nuevo.
Vemos a la OMC como un mecanismo del capitalismo. Además de negarse a dialogar con esas instituciones, ¿qué alternativas están construyendo los movimientos campesinos y las organizaciones populares? ¿Cómo pone en práctica y construye La Vía Campesina sistemas comerciales y alimentarios más allá y en contra de esos mecanismos capitalistas?
El principio fundamental es que la comida es un derecho, no una mercancía. La OMC trata los alimentos, la tierra, las semillas, el agua e incluso la biodiversidad como productos que se pueden comprar, vender y que son objeto de especulación. La soberanía alimentaria rechaza esa lógica. Afirma que los pueblos tienen derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y que quienes producen y consumen alimentos deben ejercer un control democrático sobre su producción, distribución y comercio. Esto incluye el reciente intento, en el marco de la OMC, de convertir el agua en mercancía, llegando incluso a buscar privatizar el acceso de los pescadores y pescadoras a las aguas de sus propias regiones.
En todo el mundo, los movimientos campesinos están construyendo alternativas basadas en el control colectivo, la participación democrática y la relación de cuidado que los pueblos indígenas tienen con sus territorios. Entre estas iniciativas están los programas públicos de existencias y reservas de alimentos, que garantizan precios mínimos para los pequeños productores; la defensa de la prohibición de vender productos agrícolas por debajo del costo de producción; restricciones a los subsidios a la exportación y a los subsidios agrícolas concedidos a las grandes corporaciones; la lucha contra la especulación con commodities alimentarias [productos de comercio internacional]; y la protección contra la apropiación de tierras y la privatización del agua. Esto incluye iniciativas enfocadas en la soberanía de las semillas, proyectos cooperativos, la reforma agraria y los sistemas alimentarios locales y regionales que priorizan las necesidades de las comunidades, en lugar de la producción orientada a la exportación.
En el centro de estas iniciativas está la lucha contra el modelo neoliberal, que trata los alimentos como mercancía y la agricultura como un espacio para acumular capital, y no para reproducir la vida. Por el contrario, los movimientos reconocen la alimentación como un derecho humano y consideran a los agricultores y agricultoras, a los trabajadores y trabajadoras rurales, a los pueblos indígenas, a los pescadores y pescadoras y a las comunidades rurales como protagonistas de la gestión democrática de los sistemas alimentarios. En Canadá, uno de los ejemplos más claros de esta alternativa es el sistema de gestión de la oferta [supply management], que se logró tras décadas de organización campesina y lucha colectiva para fortalecer el control local y regional sobre las cadenas de suministro. Este sistema fue creado para proteger a los productores y productoras de la volatilidad de los mercados globales de commodities y ampliar el control local y regional sobre la producción agrícola. Aunque tiene sus limitaciones, demuestra que una agricultura sostenible no debe regirse exclusivamente por los intereses de las grandes corporaciones ni por las fuerzas del mercado internacional.
Mediante la regulación colectiva, este sistema ha ayudado a mantener estables los ingresos y los medios de vida de los agricultores y agricultoras, a fortalecer la seguridad alimentaria nacional y a mantener la capacidad regional de producción agrícola. Regionalizar las cadenas de suministro es clave para hacer frente a la concentración corporativa y al control que ejercen las empresas multinacionales, y mantener así la riqueza, el empleo y el poder de decisión en manos de las comunidades. Esto también significa defender las tierras agrícolas, proteger las cuencas hidrográficas e impedir la privatización de recursos esenciales. El agua, al igual que los alimentos, es un bien común y nunca debe tratarse como una mercancía. A medida que los intereses corporativos buscan controlar cada vez más los recursos hídricos y los datos de la agricultura, la lucha por la soberanía alimentaria también debe ser una lucha por el control democrático de los sistemas ecológicos que sostienen la vida misma.
La protección de la biodiversidad es clave. Toda mi experiencia está ligada a la agroecología y la agricultura regenerativa, que ven la producción como una relación con la naturaleza, y no en contra de ella. En un sistema agroforestal de una finca, por ejemplo, toda la naturaleza tiene que estar funcionando para que la producción sea sostenible. Esta perspectiva le da la vuelta a la lógica del modelo industrial, que trata a la naturaleza como un insumo para explotar y optimizar en función de las ganancias a corto plazo. Este no es un modelo convencional de agricultura, sino un paradigma enfocado en el bien común.
La propuesta de La Vía Campesina basa estas reivindicaciones en instrumentos internacionales de derechos humanos y de derechos de los pueblos indígenas, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP). Aboga por que las negociaciones sobre agricultura pasen a espacios multilaterales inclusivos, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas (CSA). La pregunta clave es: ¿quién decide? No deberían decidir los intereses corporativos, las instituciones financieras, los fondos de capital de riesgo, las empresas multinacionales del agronegocio ni los negociadores comerciales cuya principal preocupación es la rentabilidad y el acceso a los mercados. Ellos no hablan en nombre de nadie del movimiento campesino, ya sean trabajadores y trabajadoras rurales, pueblos indígenas, pescadores y pescadoras, pueblos pastorales o comunidades rurales. Democratizar los sistemas alimentarios no es solo una cuestión de procedimiento; es una cuestión profundamente política.
La reciente reunión en Camerún reunió a organizaciones de todo el mundo, que lanzaron la Declaración de Yaundé, en la que proponen un nuevo marco para el comercio internacional basado en la soberanía alimentaria, los derechos humanos y la solidaridad internacional, con la UNDROP y la UNDRIP como fundamentos. ¿Cuál es la importancia de esta declaración? ¿Y qué agregan las campesinas a esta visión?
La Declaración de Yaundé representa la reanudación de un proyecto histórico. Lo que estamos viendo hoy es un despertar ante la violencia del neoliberalismo. Cada vez más gente se da cuenta de que no fue un experimento fallido, sino un mecanismo creado para reemplazar los proyectos descoloniales que buscaban construir soberanía económica a través de la reforma agraria, la autodeterminación de los pueblos indígenas, la inversión pública y el fortalecimiento de la agricultura nacional entre las décadas de 1940 y 1980. Cuando esos proyectos estaban en su apogeo, las potencias imperialistas respondieron imponiendo la liberalización neoliberal de los mercados. Incluso cuando los países lograban formalmente su independencia, el objetivo era mantener el control colonial sobre sus economías e impedir que la soberanía alimentaria se transformara en soberanía sobre la tierra y, finalmente, en verdadera soberanía de los pueblos.
La OMC nace de ese contexto político. Surge de los programas de ajuste estructural impuestos por el FMI y el Banco Mundial, y de la institucionalización de la hegemonía del mercado. Lo que hemos visto desde entonces ha sido la concentración de la riqueza, el debilitamiento de las instituciones públicas, el aumento de la inseguridad alimentaria, la destrucción ambiental y el fortalecimiento del poder de las corporaciones multinacionales. Por eso esta declaración es tan urgente: porque la gente ya no está dispuesta a aceptar que el neoliberalismo haya sido, en algún momento, una solución. Están volviendo a los movimientos que existían antes de él, recuperando los conocimientos y el legado de quienes llevan décadas librando esta lucha. Esa transmisión entre generaciones es fundamental.
También representa, de manera muy específica, un resurgimiento revolucionario del feminismo. Es el capitalismo el que institucionaliza la opresión y la violencia de género, explotando tanto el trabajo productivo como el reproductivo, mientras niega a las mujeres el acceso a la tierra, al crédito y al poder de decisión. Es el capitalismo el que empuja a las mujeres hacia la economía informal y hacia los sectores más precarios y peligrosos de la agricultura. La justicia de género tiene que ser anticapitalista, precisamente porque el análisis material demuestra que las mujeres y las personas disidentes de género son las más vulnerables ante el sistema económico global.
Las mujeres campesinas y las personas disidentes de género suelen ser quienes mejor conocen las cadenas alimentarias locales y los sistemas de comercialización. Son ellas quienes venden en los mercados, cultivan la tierra, preservan las semillas y sostienen a las comunidades. Llevan consigo no solo su capacidad individual de acción política, sino también la capacidad política colectiva de la comunidad y de los proyectos descoloniales. Lo más bonito de Camerún fue ver cómo esto se hacía realidad. Las mujeres no estaban al margen del encuentro. Estaban en primera línea, liderando movimientos agrícolas en diferentes partes del mundo. Este es el resultado de construir un movimiento que pone en el centro precisamente a las personas más afectadas por el sistema contra el que lucha. Es fruto de un trabajo político consciente realizado por La Vía Campesina: estamos construyendo un movimiento verdaderamente sostenible y duradero.
¿Cómo sería un sistema comercial que realmente se basara en la soberanía alimentaria, los derechos humanos, la tierra, las semillas, el agua y el cuidado de las comunidades para las mujeres campesinas y la juventud?
Sería un sistema que representara los intereses de los campesinos y las campesinas, los pueblos indígenas, las mujeres, las personas disidentes de género, la juventud y los trabajadores y trabajadoras sin tierra. A nadie se le debería negar el acceso a la tierra. Tenemos que defender el principio de que todas las personas tienen derecho a quedarse en sus territorios y producir alimentos con dignidad.
Su base serían las relaciones comerciales orientadas a fortalecer la soberanía de los pueblos y las naciones, y cuando hablo de naciones, me refiero a las naciones indígenas y a su derecho a la autodeterminación, no a los límites de los Estados coloniales. Muchos Estados se construyeron sobre genocidios, el robo de tierras y la expropiación de los pueblos indígenas. No se puede hablar de soberanía alimentaria sin reconocer esta realidad. Los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas deben ocupar un lugar central en las relaciones comerciales, no como un complemento, sino como su principio rector. Los mecanismos comerciales no pueden convertirse en instrumentos de competencia depredadora y de explotación; deben servir a objetivos éticos y descolonizadores.
Este sistema también protegería por igual a los mercados internos. No sería un sistema global liberalizado y concentrado, sino uno en el que cada mercado tuviera espacio para prosperar y en el que el comercio solo ocurriera cuando beneficiara a los pueblos, basado en intercambios justos. Los mercados de los pequeños Estados insulares vulnerables, de las comunidades del Ártico y de todo el Sur Global se fortalecerían, en lugar de verse inundados por importaciones baratas que destruyen la producción local.
Con base en la solidaridad internacional, el comercio sería un instrumento de beneficio mutuo, con igualdad en la toma de decisiones, prosperidad compartida y respeto a los límites del planeta como principios fundamentales. Sabemos que la tierra y el suelo no se pueden explotar indefinidamente. Quienes mejor entienden esto son los pueblos indígenas. Hoy en día, son los guardianes de la mayor parte de la biodiversidad que aún queda y los que están mejor preparados para liderar su recuperación.
Sería un sistema en el que la gente pudiera quedarse en sus territorios sin que les expropien, sin tener que irse por las inundaciones, las sequías o las olas de calor causadas por las industrias extractivas que no asumen ninguna responsabilidad por el daño que hacen. También se basaría en sistemas alimentarios regionales y en prácticas agroecológicas, en lugar de cadenas de suministro globales controladas por las grandes corporaciones. Un sistema que protegiera a los pequeños y pequeñas productoras, a los agricultores y agricultoras, a los guardianes y guardianas que cuidan la tierra, a los pescadores y pescadoras, a los pueblos pastorales y a los trabajadores y trabajadoras rurales, y no al agronegocio. Una gobernanza comercial que pusiera en el centro a las comunidades históricamente colonizadas y marginadas, donde las mujeres, las personas disidentes de género y los jóvenes no quedaran al margen de los procesos de decisión. Los pueblos tienen derecho a decidir cómo se utilizará la tierra, y no los altos ejecutivos del agronegocio en oficinas corporativas que nunca enfrentarán las consecuencias de lo que ponen en marcha. De eso se trata.
