El 19 de octubre el Estado de Israel clasificó a seis organizaciones civiles palestinas como «terroristas», una de ellas la Unión de Comités de Mujeres Palestinas (Union of Palestinian Women’s Committees – UPWC). Esta clasificación forma parte de la política israelí de apartheid y ocupación. La UPWC es una organización feminista, progresista y civil, establecida en 1980, que lucha para asegurar la afirmación de las mujeres en las leyes vigentes en Palestina. Forma parte del movimiento nacional palestino en lucha contra la ocupación israelí, por independencia y autodeterminación.
También figuran en la lista la Unión de Comités de Trabajo Agrícola (Union of Agricultural Work Committees – UAWC), la asociación de derechos humanos y apoyo a prisioneros Addameer, el centro de investigación y desarrollo Bisan, la organización de derechos humanos al-Haq el comité palestino de la organización Defensa de Niños y Niñas Internacional (Defense for Children).
La amenaza de detener, encarcelar y congelar los bienes de la Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC) y otros defensores pacíficos de los derechos humanos palestinos es un intento flagrante de criminalizar, estrangular y silenciar la organización exitosa basada en los derechos en toda la Palestina ocupada… ¡La lucha por la soberanía alimentaria no es un delito!
La Vía Campesina
El 7 de noviembre las Fuerzas de Defensa de Israel reclasificaron estas mismas organizaciones como «no autorizadas», lo que abre aún más el camino para criminalizarlas. La política de ocupación y control de Israel sobre el territorio palestino ha costado muchas vidas y generado violencia, destruccióny pobreza. Las detenciones, persecuciones y amenazas de criminalización forman parte de la estrategia colonial del Estado de Israel para obstaculizar la organización popular del pueblo palestino, como es el caso de la detención administrativa de la militante feminista Khitam Saafin, que dura más de un año, desde el 2 de noviembre de 2020.
Israel ataca intencionadamente a las organizaciones palestinas que denuncian a Israel por lo que es: un Estado colonial y colonizador que promueve el apartheid. Estas organizaciones se han comprometido a proteger y defender la seguridad, la libertad y el derecho de nuestros pueblos a vivir en una sociedad justa en su propia tierra. Luchamos cada día contra la ocupación, el saqueo de tierras, la limpieza étnica, el colonialismo de asentamiento y el régimen violento de este apartheid.
Unión de Comités de Mujeres Palestinas (Union of Palestinian Women’s Committees)
La solidaridad internacionalista es una estrategia fundamental de los movimientos populares para denunciar este tipo de ataques, apoyar a las organizaciones amenazadas y proteger la vida y la libertad de sus militantes. Por ello, organizaciones como La Vía Campesina, la Marcha Mundial de las Mujeres, FIAN Internacional, Grassroots International, Amigos de la Tierra Internacional y CETIM redactaron una declaración de solidaridad internacionalista junto con la sociedad civil palestina y recogieron firmas de decenas de organizaciones de todo el mundo. Otras organizaciones también pueden firmar la declaración.
El texto pide que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas de Defensa de Israel revoquen sus recientes decisiones. Lee a continuación un fragmento del texto que denuncia los peligros de la clasificación de terrorismo y la no autorización:
“Las seis organizaciones que el gobierno israelí ha criminalizado forman parte de los cimientos de la sociedad civil palestina que lleva décadas protegiendo y promoviendo los derechos humanos de la/os palestinos en todo el espectro de cuestiones de interés mundial, como los derechos de los niños, los derechos de los presos, los derechos de las mujeres, los derechos socioeconómicos, los derechos de los trabajadores agrícolas, la justicia y la rendición de cuentas por crímenes internacionales. Esta designación es un paso terrible en la criminalización y los esfuerzos por silenciar a la sociedad civil palestina que se opone a la ocupación inhumana del gobierno israelí. Las decisiones de designación publicadas dan al gobierno israelí la posibilidad de cerrar oficinas, detener al personal y a los miembros de las organizaciones que están siendo criminalizadas y confiscar los bienes de la organización. Las sanciones pueden extenderse a quienes ayudan o están en contacto con las organizaciones criminalizadas. En conjunto, estas acciones del gobierno israelí suponen una amenaza para la seguridad de las personas que componen estas organizaciones, para las propias organizaciones y para la importantísima labor que éstas realizan en la promoción y protección de los derechos humanos.”
La declaración forma parte de un conjunto de acciones de la campaña de solidaridad con el pueblo palestino. Las organizaciones populares que firman la declaración establecen el 29 de noviembre como un día de movilización dentro del calendario de lucha permanente por una Palestina libre. La lucha por la autodeterminación palestina es una lucha de todos los pueblos del mundo.
