Desde el 2015 a la fecha, se ha ido profundizando la crisis política e institucional en Guatemala, marcada por un pacto de corruptos, la alianza criminal, la envestida de los poderes más oscuros, fundamentalistas y la presencia de las transnacionales en los territorios. Por su vez, tal proyecto de muerte, impunidad y cooptación del Estado ha sido enfrentado por la resistencia y movilización de los pueblos, las mujeres y los movimientos sociales. La lucha desde los pueblos y movimientos ha sido histórica por defender la vida, la madre tierra, la autodeterminación y la defensa del territorio cuerpo-tierra.
Es así que de nuevo salimos a las calles ese 29 de julio para un paro nacional convocado por los pueblos originarios y los movimientos de resistencia. El pueblo guatemalteco -especialmente los pueblos originarios, que son más del 50% del país- se ha levantado para exigir un cambio político radical. El modelo vigente es un pacto político institucionalizado que no representa a los sujetos plurales, ni a una propuesta política basada en el buen vivir y la libre determinación de los pueblos. Estamos frente a una tensión por esa disputa de poder, tanto en lo simbólico como también el que se concreta en las instituciones desde lo territorial y nacional.
Las movilizaciones piden directamente la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la fiscal general María Consuelo Porras. Pero, más que eso, son movilizaciones para denunciar las problemáticas estructurales que tocan el país y evidenciar nuestra propuesta, desde los pueblos y las mujeres, de fundar un Estado plurinacional. Tenemos muchas naciones viviendo en un solo país. Desde que las autoridades ancestrales, comunidades, pueblos y organizaciones convocaron el paro nacional, seguimos en lucha permanente, con una ruta y acciones de protestas y reivindicaciones en las calles y desde los territorios.
Antecedentes del paro nacional
Las movilizaciones se han levantado históricamente en contra de los resquicios que vienen desde el tiempo colonial y de la invasión a este territorio.
El Estado de Guatemala se ha fundado desde una visión que deja fuera a los pueblos originarios de las decisiones políticas y económicas institucionales y, más que eso, postula políticas para exterminarlos. En respuesta a eso, la propuesta de escribir una nueva Constitución viene con el objetivo de deshacer desigualdades.
En estos últimos 36 años desde la última Constitución, hubo un periodo de conflicto armado interno que, por su vez, viene de una violencia colonial y patriarcal. Han habido varios levantamientos y, ante ellos, el Estado se encargó de censurar las voces de la población. Después de un tiempo, supuestamente llegó la democracia en nuestro país y desde entonces se eligen presidentes cada cuatro años. Sin embargo, quienes presiden el país siguen siendo los sectores responsables por la explotación de lo que nos queda de los pueblos.
En 2015, hubo manifestaciones amplias para sacar al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti, pero su encarcelamiento no resultó en cambios profundos en nuestra organización política y social. No se está repitiendo lo del 2015 porque se están haciendo, ahora, planteamientos mucho más profundos. Estamos hablando de una ruta a corto, mediano y largo plazo para poder fundar un nuevo Estado con el cual soñamos todas: el Estado plurinacional, basado en el buen vivir.
Si bien hubo un hartazgo actualmente, por la situación de la pandemia, también se visibilizó que lo que acomete el país es una crisis permanente. No es nuevo que Guatemala pida préstamos para hacer su infraestructura, y por su vez que esta no llegue a la población. Esto está más visible en el sentido de que hay una situación de emergencia, pero tal política ha sido llevada a cabo por todos los últimos gobiernos.
Cambiar el Estado, cambiar la política
Estamos frente a una crisis política institucional que afecta las condiciones materiales y subjetivas de la población, de las mujeres, y específicamente los pueblos originarios. La crisis es resultado de una alianza criminal, un pacto político que ha logrado avanzar en la cooptación del Estado para institucionalizar una política de despojo que se materializa en el cotidiano de las mujeres. El saqueo ha provocado muchas brechas que han exacerbado los privilegios fiscales y el impacto en la madre tierra, y que usurpan las posibilidades de vida en los territorios.
Ya no hay independencia de poderes en el país, pues ha avanzado la cooptación de las instituciones. La situación se agravó cuando el Ministerio Público decidió, de manera arbitraria, despedir al fiscal Juan Francisco Sandoval, quien daba seguimiento a casos de corrupción del alto escalón. Por eso, se rechaza la impunidad y se pide transparencia y la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la fiscal general Consuelo Porras.
La arremetida del Estado en contra de las y los defensores se profundiza desde el último gobierno, que se inició junto al contexto de pandemia y con múltiples anuncios de políticas para retrotraer derechos. Están endeudando el país y a las y los guatemaltecos. El Ministerio de Salud no ha asumido su responsabilidad en su labor para la aplicación de las vacunas, y es sabido que hay vacunas a punto de vencer.
El contexto de la pandemia ratifica que el proyecto dominante, a niveles territorial y nacional, es un proyecto de muerte que nos ve como población desechable.
Se recrudecen entonces las alianzas más espurias con los narcos, el capital ilícito, los fundamentalismos religiosos, lo que genera terror, miedo, odio y altos niveles de racismo materializados en la vida cotidiana.
Ante un Estado omiso, las mujeres garantizan el cuidado
Hasta ese momento, hay más de 400 mil registros de casos de COVID-19 y más de 12.000 muertes. El sistema de salud no ha tenido la capacidad de desarrollar el programa de vacunación debido a la falta de voluntad política y a la corrupción. Los servicios no responden a las necesidades de la pandemia, y esta es otra de las razones por lo que la población está reaccionando. Las mujeres son las más afectadas en el tema de la salud, porque cuidan y tienen a su cargo los enfermos, así como el cuidado y sostenimiento de la vida.
Aparte de eso, está la situación precaria económica de la población, con indicadores que reflejan este Estado que no cuida a las mujeres. Guatemala se encuentra entre las tasas mayores de desnutrición crónica de América entre menores de cinco años. También ha contado más de 57 mil embarazos en niñas de 10 a 19 años solo en el primer semestre de 2021, según informaciones del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR). De estas, 2.737 son niñas de hasta 14 años. Las grandes cifras de embarazo de niñas y adolescentes implican un nivel de violencia cercano a las casas, las familias y comunidades.
A nivel local, se ha incrementado la violencia contra las mujeres, especialmente la violencia racista contra las mujeres de pueblos originarios. Ha sido más difícil el acceso a la justicia, ya que los operadores judiciales están en turnos. Otra problemática que nos afecta a nivel comunitario es que los centros educativos no funcionan, lo que duplica el trabajo de las mujeres en la casa, ejerciendo ahora los papeles de madres y maestras.
No hay ningún programa a nivel nacional desde el Estado para erradicar la violencia contra las mujeres, la discriminación y el racismo en las comunidades de pueblos originarios. Los derechos sexuales y reproductivos se han vuelto más vulnerables a nivel territorial a culpa de empresas trasnacionales instaladas en el territorio. Nosotras tenemos minería a cielo abierto y un territorio militarizado. Lo único que hacen los militares es acosar a las mujeres, especialmente a las jóvenes. La criminalización hacia defensoras y defensores de derechos humanos los pone cada vez más vulnerables.
Es justamente cuando se da una situación de violación de derechos que los ataques tocan muy fuerte a los pueblos originarios, quienes son calumniados por la desinformación y la visión conservadora y racista. La difusión de información es racista, así como se trata a las comunidades, tal como lo vemos en el acceso a la vacunación dificultado a personas de pueblos originarios.
Agendas, sujetos políticos, organización popular e indígena
La participación de mujeres de pueblos originarios y feministas en los movimientos amplios ha sido fundamental para fortalecer la articulación y reconocer a todas las diversidades de organización y convocatoria, valorando nuestra espiritualidad. Se han hecho varias consultas en las ceremonias Mayas para definir el momento propicio y exacto para las acciones.
Las organizaciones políticas tienen la tarea de traer a la memoria las rebeliones de los pueblos en toda su historia.
Las mujeres de pueblos originarios están en la lucha frontal contra el racismo porque nuestra vida está atravesada por los sistemas de opresión. Hay un rechazo sobre nuestras formas de vivir, vestir, comer, hablar, y por eso defendemos nuestros conocimientos colectivos, organizando espacios de reflexión amplios en la sociedad para posicionar nuestras luchas, apuestas y propuestas para una vida en plenitud. Es nuestra naturaleza organizativa la defensa de derechos colectivos y de los bienes comunes.
Hoy en día, en el movimiento estudiantil, las compañeras llevan las convocatorias, tiran discursos, hablan de la realidad y acuerpan las luchas de los pueblos, lo que es algo nuevo en los últimos veinte años del movimiento dentro de las universidades. Después de la desarticulación post-guerra, las juventudes tuvieron que recuperar espacios con nuevas formas de organización y denuncia. Por eso, hoy las intervenciones artísticas son parte de las movilizaciones. Los y las compañeras pintan el piso de las calles, hacen mosaicos, entre otros accionares colectivos nuevos. En el 2015, se iba cada quien con su cartelito, mientras que ahora la marea se está organizando con prácticas y discursos colectivos y más concretos.
Nos sumamos a las acciones y propuestas de los pueblos en la Asamblea Plurinacional y, desde los colectivos feministas, hemos estado empujando la propuesta del Estado Plurinacional Antipatriarcal. Romper los paradigmas patriarcales para hacer un movimiento nacional antipatriarcal es complejo, pero aun así lo ponemos sobre la mesa en los espacios de discusión. Las nuevas lideresas estudiantiles hablan incluso de la violencia que podemos llegar a vivir dentro de los movimientos sociales mixtos, y formulan cómo no tolerar a los compañeros que dicen estar a la par de nosotras, pero replican la violencia.
¿Pero cómo sostener la vida en medio de tanta regresión de derechos humanos? En la Alianza Política Sector de Mujeres (APSM), que forma parte de la Marcha Mundial de las Mujeres, venimos de una trayectoria de apuestas feministas y plurales, uniendo la lucha territorial a la solidaridad internacional. Nuestro proceso de alianzas está basado en principios y consensos para la construcción de sujetas y sujetos políticos plurales hacia un proyecto de transformación. Los movimientos articulados potencian la fuerza popular cuando hay complicidad y pacto político común, a pesar de los niveles de tensión presentes en las diferencias entre cada organización. Hay puntos en común que unen nuestras cosmovisiones y movimientos: queremos desvelar las acciones racistas y la violencia política, y recuperar las propuestas políticas de las mujeres de pueblos originarios para emanciparnos.
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Aurora Monzón, Esperanza Tubac, Isabel Saenz, Karen Molina, María Velázquez, Milvian Aspuac y Tita Godínez son integrantes, militantes, activistas y defensoras de Alianza Política Sector de Mujeres (APSM), movimiento autoorganizado de resistencia que forma parte de la Marcha Mundial de las Mujeres en Guatemala. Su accionar está centrado en la defensa de la vida, dignidad humana y la relación armónica con la naturaleza.
