La afirmación de que estamos en una América Latina y el Caribe en disputa parece estar más vigente que nunca. Con un 2021 que por el momento llena de esperanzas el futuro emancipatorio de nuestro continente, estamos transitando una serie de cambios y transformaciones. Este proceso muestra la vigencia de la batalla contra el modelo neoliberal como una condición de defensa de la humanidad y del planeta, en especial teniendo en cuenta la crisis profundizada por la pandemia que ya sufrían nuestros países desde hace más de 30 años con la pandemia de la desigualdad.
Nuestra historia
Durante fines del siglo XX e inicios del XXI, vivimos en América Latina y el Caribe el avance neoliberal por un lado, pero también el movimiento telúrico de nuestros futuros posibles. Desde la emergencia de un movimiento continental de soberanía e independencia liderado por el Comandante Hugo Chávez bajo el permanente ejemplo de la Revolución Cubana en cabeza de Fidel Castro, llegamos a la creación del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) como una articulación bolivariana de Estados y, posteriormente, de movimientos. Este proyecto de soberanía nuestroamericana estuvo acompañado por la emergencia de gobiernos alternativos que buscaban desarrollar proyectos diferentes al neoliberalismo y a la profundización de la desigualdad en el marco del sistema capitalista.
La reactivación de las movilizaciones antineoliberales es el corazón de esta esperanza. Las diferentes medidas económicas y sanitarias han golpeado sin duda a los sectores más empobrecidos y postergados del continente. Los Estados fueron vaciados, sin capacidad de gestión de una emergencia sanitaria de las características actuales. El enriquecimiento de un grupo cada vez más selecto, que agranda sus arcas a costa de la pobreza y exclusión de las mayorías, pone el foco en la insuficiencia del modelo neoliberal. El neoliberalismo ha buscado neciamente ofrecer falsas posibilidades de futuro por medio del consumo y del esfuerzo individual, prescindiendo del Estado y la organización social y colectiva.
Pasamos por el resurgimiento de liderazgos de una derecha que, con los años, se vio más radicalizada en términos retóricos y políticos, corriendo los límites de la política hasta el absurdo de hacer discursos que creíamos derrotados e imposibles de repetir. La xenofobia, el racismo, la misoginia y la homofobia son moneda corriente de esa nueva cultura política neoconservadora. Ponen en marcha medidas imperialistas de viejos y nuevos tiempos, como el lawfare[1], guerras híbridas y golpes de Estado, generando hasta el presente fuertes tensiones a nivel continental. Es una disputa referente al futuro continental que queremos para los pueblos y las grandes mayorías, enfrentado a los intereses del imperialismo y sus satélites en nuestra región.
El levantamiento antineoliberal en los días de hoy
Desde el 2019 en adelante, los pueblos de América Latina y el Caribe se levantaron de forma masiva para disputar este escenario y subir las apuestas sobre el futuro por construir. Así, aquellos países que no hicieron parte de este primer movimiento para cimentar una nueva época de unidad regional han tomado la batuta esta vez. Colombia, Perú y Chile, que ahora se levantan, habían sido los principales aliados históricos de los EE.UU. en la región, con modelos neoliberales para exportación envidiados y defendidos por las derechas del continente, que planteaban la necesidad de “parecerse a”. Sus supuestos éxitos económicos no eran más que una burbuja sostenida sobre los hombros de las clases populares cada vez más precarizadas.
En el caso de Colombia, desde 2019 se ha desatado una serie de movilizaciones masivas en contra del gobierno uribista[2] de Iván Duque. Continuador del modelo neoliberal combinado a la manutención del conflicto de las características del colombiano, Duque profundizó las condiciones de desigualdad y violencia que ya atravesaba el país hacía décadas.
En especial, su gobierno ha actuado con un aumento escandaloso de la violencia política contra miles de lideres y lideresas sociales del país. La vinculación de las fuerzas paramilitares y su connivencia con las fuerzas armadas del Estado han desarrollado una política de exterminio en contra de cualquiera que ejerza un grado de representación política en los territorios y abogue por el respeto de los derechos de las comunidades.
El Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) contiene numerosas herramientas para la democratización del país y el acceso de las comunidades campesinas a los derechos de los cuales han sido despojadas históricamente, y que el Estado se niega en implementar. Desde la firma del Acuerdo, el incremento de la violencia política ha sido apabullante: desde 2016 a la fecha, hay más de 1.800 personas asesinadas por razones políticas en el país, hecho que empeora con la impunidad asegurada de los actores armados victimarios y con la inacción de los agentes estatales que, en vez de investigar y condenar, realizan campañas de desprestigio contra los liderazgos sociales justificando sus asesinatos.
A esta crisis humanitaria se suman las cifras de la violencia policial que ha dejado centenares de heridos y personas asesinadas. En medio de las numerosas manifestaciones que han sucedido desde 2019, las fuerzas públicas han reprimido a las y los manifestantes con armas y entrenamiento de guerra. En el último paro nacional, iniciado el 28 de abril de 2021, el Estado colombiano ha dejado el saldo de más de 4800 casos de violencia policial, que incluyen cerca de 70 personas asesinadas por la policía en el marco de las movilizaciones o las persecuciones posteriores a las mismas.
Diversas expresiones organizadas y autoconvocadas del pueblo colombiano desarrollaron movilizaciones exigiendo modificaciones a políticas económicas y proyectos tributarios adelantados por el gobierno de Duque. Tales reivindicaciones se sumaban al hartazgo social por el nivel de violencia política en el país donde el asesinato de lideres y lideresas sociales y políticas se convirtió en parte del paisaje. Así se desarrolló un paro nacional por más de dos meses, que incluía todos estos puntos de rechazo al gobierno de Duque y sus antecesores, y exigía profundos cambios en la estructura política del país para priorizar la vida.
Se cometieron numerosas violaciones de derechos humanos, las cuales el Estado colombiano se ha encargado en negar de manera sistemática, a pesar de los centenares de denuncias de ONGs del país y de Misiones Internacionales de Observación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó, incluso, a elaborar un informe en lo que denuncia esos hechos.
La respuesta violenta del gobierno de Iván Duque traduce, de manera calcada, lo que ha sido la política del uribismo durante más de 20 años consecutivos en el país: negación, aniquilamiento y exterminio de cualquier sector, organización social o liderazgo que se oponga al modelo neoliberal profundizado a través de la guerra.
Llama principalmente la atención el silencio ensordecedor que tuvieron los organismos internacionales, en especial la Organización de Estados Americanos (OEA). Esos organismos no se posicionaron ni en materia de lo que sucedió en Colombia durante los meses del paro en particular, ni sobre la grave crisis humanitaria de persecución política y violación de derechos humanos.
Pareciera ser que, para los instrumentos del imperialismo en la región, hay una selectividad en sus “preocupaciones humanitarias”. Solo merecen sus declaraciones – infundadas – las ocurridas en países que atentan contra la hegemonía de los Estados Unidos en la región, como sucede con Cuba o Venezuela.
Sin embargo, a pesar de esta crítica situación, el pueblo colombiano continúa movilizado y en construcción de numerosas alternativas para disputar el futuro del país, tanto en las calles como en las urnas. En ese marco se desarrolla el armado del Pacto Histórico, una coalición plural que busca construir, desde la unidad de numerosas expresiones políticas, una posibilidad para Colombia fuera del lastre del proyecto político uribista y los intereses de los EEUU en nuestro país. Hacerlo implica alianzas tanto a nivel social y político como electoral, de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2022.
América Latina y el Caribe están atraviesando un momento de esperanza y renovación de su futuro emancipatorio a nivel regional. No solo por las enormes movilizaciones que se han registrado estos años, sino por algunas modificaciones en el mapa político continental. Eso lo demuestran: la asunción del gobierno popular de Pedro Castillo y Perú Libre en Perú, el retorno a la democracia en Bolivia después del golpe de Estado de 2019 orquestado por la OEA y los EE.UU., la conquista de la Asamblea Constituyente en Chile, la resistencia de Venezuela y Cuba a pesar de los permanentes asedios del imperialismo, y la movilización creciente contra los gobiernos neoliberales y neofascistas en la región, como es el caso de Brasil.
En el camino de consolidación de este proyecto continental, es fundamental que se aúnen esfuerzos para reconducir la estrategia de unidad y soberanía regional en contra de los intereses del imperialismo estadounidense. En su disputa por la hegemonía con la emergencia de China y la crisis de su rol global, los Estados Unidos buscan asegurar que América Latina y el Caribe sigan como su “patio trasero”, como nos han llamado a lo largo de la historia. Ante esto, debemos priorizar la unidad de nuestros pueblos a través de las herramientas regionales que hemos construido, como el ALBA y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). Parafraseando al héroe de la independencia cubano, a ese plan imperial obedece nuestro enemigo, pero al de la integración y unidad de los pueblos obedece Nuestra América. Plan contra plan.
[1] Lawfare es un término en inglés que designa la estrategia de conflicto basada en mniobras jurídicas.
[2] “Uribista” y “uribismo” son términos relativos al alineamiento político con Álvaro Uribe, que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010.
Laura Capote es militante de Marcha Patriótica de Colombia y forma parte de la Secretaría de Formación de ALBA Movimientos.
