Filipinas es el canario en la mina de carbón.En la región de Asia-Oceanía, vamos a sufrir primero lo que el resto del mundo sufrirá después. En 2013, perdimos más de 6.300 vidas a causa del tifón Haiyan. Antes de eso, el tifón Ketsana provocó inundaciones y mató a cientos de personas en el área metropolitana de Manila. Después de Haiyan, vinieron Meranti en 2016, Goni en 2020, Surigae y Rai en 2021. Hemos presenciado los tifones más fuertes de las últimas décadas y aunque las medidas de mitigación de riesgos se ponen de moda entre las intervenciones, con avances en la reducción del número de vidas perdidas, todavía faltan políticas estatales e internacionales que aborden las causas de fondo de la crisis climática.
La gente sigue perdiendo sus casas, cultivos y medios de subsistencia. Las mujeres son víctimas de ello y, como resultado, siguen siendo más vulnerables a la trata y la prostitución. La Coalición contra la Trata de Mujeres – Asia Pacífico (Coalition Against Trafficking in Women – Asia Pacific – CATW-AP), coordinada por la Marcha Mundial de las Mujeres de Filipinas, actúa en la primera línea de la prevención, respuesta y recuperación.
La subida del nivel del mar produce la acidificación de los arrecifes de coral y provoca una reducción del volumen de pesca de hasta el 50%. En Filipinas, el nivel del mar está subiendo a un ritmo dos veces superior al promedio mundial, lo que lleva a las personas de las zonas costeras a tener que abandonar sus hogares. Como sabemos, si la temperatura global aumenta por encima 2 grados, la producción agrícola descenderá drásticamente y aumentará la probabilidad de que se produzcan otras pandemias.
La causa principal del problema es el modelo industrial de creciente extracción y productividad para el lucro de unos pocos.
Tenemos que superar el capitalismo –que significa la apropiación patriarcal de la naturaleza, de la vida de las personas y de las mujeres, y su modelo de crecimiento infinito para obtener un lucro ilimitado– por un nuevo sistema que sea participativo, que haga frente a las desigualdades y busque la armonía entre los seres humanos y la naturaleza.
Necesitamos un sistema que vincule los derechos humanos y la justicia climática y garantice la protección de las comunidades más vulnerables, como las de pescadores, agricultores, trabajadores y personas pobres de las zonas urbanas, y que reconozca los derechos de los pueblos indígenas.
El planeta y sus recursos naturales no pueden sostener las necesidades de consumo y producción de las sociedades industrializadas globalizadas. Exigimos un nuevo sistema que responda a las necesidades de la mayoría, no sólo de unos pocos. Para avanzar en esta dirección, necesitamos una redistribución de la riqueza que hoy está en manos del 1% más rico. Esto a su vez exige una nueva definición de bienestar y prosperidad para toda la vida en el planeta, respetando los límites y los derechos de la Tierra y la naturaleza.
Actualmente, la situación en Filipinas está agravándose ante la agresión desarrollista de China, como en el inminente proyecto de la presa de Kaliwa en las montañas de Sierra Madre, que desalojará a 1.400 familias indígenas e inundará zonas protegidas. La cordillera fue nuestra principal defensa contra supertifones, como Noru en 2022. China construyó bases militares en las islas Spratly y financió la construcción de un puente en Mindanao que amenaza nuestros arrecifes de coral.
Mientras tanto, Estados Unidos tiene acceso a 22 puertos en Filipinas y destruyó arrecifes de coral de un santuario ecológico en Palawan. El Acuerdo de Cooperación Reforzada en materia de Defensa (Enhanced Defense Cooperation Agreement – EDCA), firmado en 2014 durante el gobierno de Barack Obama, autoriza la entrada de EE. UU. en bases militares filipinas para para entrenamiento conjunto, posicionamiento previo de equipos y construcción de instalaciones como pistas de aterrizaje, almacenamiento de combustible y viviendas militares, pero sin presencia permanente.
Ante todo ello, es crucial exigir responsabilidades a los Estados y a las empresas transnacionales. Respetar los compromisos vinculantes, no las promesas voluntarias, firmados en el acuerdo de París de 2015 para controlar el aumento de la temperatura del planeta y mantenerla por debajo de 1,5 °C en este siglo a través de la reducción anual de las emisiones de gases de efecto invernadero. Conservar más del 80% de las reservas de combustibles fósiles bajo tierra y en el fondo de los océanos. Abandonar el extractivismo de recursos prohibiendo toda nueva explotación y exploración de petróleo, arenas bituminosas, esquistos bituminosos, carbón, uranio y gas natural, incluidas las infraestructuras de oleoductos como Keystone XL. Acelerar el desarrollo y la transición justa a energías renovables alternativas como la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz, con más control y propiedad comunitaria y pública.
Así, en Filipinas, hacemos frente a la privatización de las cooperativas eléctricas. Bajo el liderazgo del Centro de Trabajadoras y Trabajadores Progresistas y Unidos (Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Mangagawa – Sentro), central sindical que reúne a 100 organizaciones de Filipinas, también incidimos para recuperar el sector energético que está en manos privadas, ya que en los últimos 20 años se ha demostrado el fracaso del poder privatizador de la legislación. La sección de mujeres de Sentro forma parte de la Marcha Mundial de Mujeres de Filipinas.
Algunas propuestas sintetizadas por la organizacipon Focus on the Global South en 2014 son cruciales para abordar el cambio climático desde el paradigma de la transición justa. Por ejemplo: promover la producción y el consumo local de bienes duraderos para satisfacer las necesidades fundamentales de la población y evitar el transporte de bienes que pueden producirse localmente; impulsar la transición de una agricultura industrializada orientada a la exportación para el supermercado global a una producción comunitaria que satisfaga las necesidades alimentarias locales desde la soberanía alimentaria; adoptar y aplicar estrategias de residuo cero para el reciclaje y la eliminación de residuos y readaptar los edificios para conservar energía con fines de calefacción y refrigeración.
También resulta crucial mejorar y ampliar el transporte público para lograr una circulación eficiente de personas y mercancías en tren dentro de los centros urbanos y entre las ciudades de las zonas urbanas. En este sentido, en Filipinas, Sentro también lucha por una transición energética justa en el sector del transporte público, conectando la lucha de los conductores de jeepneys por mejores condiciones laborales con la necesidad de ayuda gubernamental para la transición a motores de vehículos que funcionen de forma más limpia.
Los jeepneys tradicionales son el medio de transporte más barato de Filipinas. Pero como utilizan motores diésel, son una de las principales causas de la mala calidad del aire en los centros urbanos. En 2017, el gobierno aprobó leyes para eliminar gradualmente los jeepneys diésel y establecer el uso de vehículos eléctricos. Sin embargo, el programa de modernización no incluía mecanismos de apoyo para que los conductores sustituyeran sus vehículos. La falta de apoyo generó huelgas y protestas en todo el país protagonizadas por los trabajadores del sector.
Sin transición justa no hay modernización
“Sin transición justa no hay modernización” se convirtió en la principal consigna de campaña de la Confederación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Transporte (National Confederation of Transport Workers’ Unions – NCTU), afiliada a Sentro. Tras una huelga nacional de transporte que paralizó las principales ciudades en 2017, las autoridades concedieron un periodo de transición de tres años para que los conductores de jeepneys adoptaran vehículos eléctricos o con motores menos contaminantes.
Los conductores se dieron cuenta del poder de la unión, y muchos de los que antes formaban parte de la economía informal se organizaron en cooperativas de transporte. A través de ellas, los miembros empezaron a adquirir jeepneys modernizados, algunos eléctricos, utilizando subvenciones parciales del gobierno. Sin embargo, aún no hay un paquete completo de ayudas económicas dirigido a los conductores vulnerables e informales.
Es necesario desarrollar nuevos sectores de la economía para generar empleos que restauren el equilibrio y la estabilidad de la naturaleza y el clima del planeta, como los empleos climáticos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los empleos relacionados con la restauración del planeta.
También es urgente desmantelar la industria bélica y las infraestructuras militares para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los conflictos armados, y reasignar los presupuestos de guerra a una verdadera promoción de la paz.
Al conectar sus luchas por nuevas viviendas públicas en lugares seguros y menos afectados por la crisis climática, los sindicatos de base comunitaria de Sentro han convertido esta batalla en una lucha por nuevas viviendas ecológicas con paneles solares. Las comunidades de familias que viven en asentamientos informales y que se están trasladando a nuevas viviendas públicas exigen que sus nuevos hogares tengan paneles solares, lo que permitiría reducir el coste de la electricidad y aumentar la independencia energética. Sin embargo, debido a los elevados costes que conlleva la instalación de esta estructura, los gobiernos locales se resisten a apoyar las demandas de los sindicatos, lo que limita sustancialmente el éxito de la campaña. Garantizar la financiación y el apoyo del gobierno local para equipar* las viviendas públicas con energía solar es un gran reto.
La CATW-AP también ha desarrollado las capacidades de la comunidad en las zonas costeras y en las más vulnerables a las catástrofes, en la prevención dirigida a las personas supervivientes y en la respuesta a la trata de mujeres y la prostitución, con la creación de grupos de vigilancia comunitaria de mujeres afectadas por los desastres, destinados a promover derechos y respuestas con perspectiva de género. Entre los cursos de formación, se ofrece a las mujeres talleres de defensa personal.
Como resultado, se ha producido un descenso cuantificable de los casos de violencia contra las mujeres en los campamentos de evacuación. Al apropiarse de sus cuerpos y espacios como no mercancía, al igual que la naturaleza, las mujeres también se han convertido en autoridades comunitarias locales, exigiendo derechos al Estado y la responsabilización de quienes cometen actos de violencia. Al movilizar recursos de protección, las mujeres también han abandonado situaciones de violencia y han empezado a reconstruir sus vidas para lograr la autosuficiencia.
Junto a mujeres supervivientes de la violencia, creamos huertos comunitarios, bancos de alimentos y cocinas comunitarias para aportar alternativas a la producción corporativa.
Al mismo tiempo, también debemos ser conscientes de que no todas las acciones son adecuadas y que ciertas iniciativas pueden empeorar la situación. Quizá el reto más urgente sea el hecho de que las grandes empresas transnacionales siguen capturando la agenda climática para crear nuevos negocios y aprovecharse de las crisis.
Podemos apoyarnos en movimientos populares, como la Marcha Mundial de las Mujeres, para que sirvan de base a acciones e hitos radicales en la lucha contra la crisis climática.
Texto presentado por Jean Enriquez en el Foro sobre cambio climático y militarización celebrado por la Marcha Mundial de las Mujeres en Bali el 11 de mayo de 2023. Jean Enriquez es coordinadora de CATW-AP y de la Marcha Mundial de las Mujeres en Filipinas.
