Kuwait está viviendo una escalada silenciosa, pero devastadora, de las políticas de revocación de la nacionalidad, que agravan el conflicto contra los pueblos tradicionales y las personas migrantes en la región. Quienes viven en el país desde hace años o cuyos antepasados se nacionalizaron hace varias generaciones sufren el miedo constante a que les revoquen la nacionalidad. La pérdida de la nacionalidad implica la falta de acceso a diversos derechos, como la educación, la salud, la vivienda y el trabajo. Estas personas siguen sin tener una posibilidad real de recurrir contra esta decisión ante la justicia.
La Marcha Mundial de las Mujeres de la región del Medio Oriente y África del Norte (MMM-MENA) denunció esta situación en una declaración de solidaridad, advirtiendo que la nacionalidad se está convirtiendo en un arma de control político y de castigo colectivo. Denuncian que las mujeres cargan con el peso más grande de esta ingeniería del miedo, atrapadas en leyes que ya nacen desiguales entre hombres y mujeres. Para comprender el contexto actual y cómo las mujeres de la región se organizan para hacer frente a esta situación, hablamos con una militante de la Marcha Mundial de las Mujeres, quien prefiere no identificarse por razones de seguridad.
En la conversación que sigue, la entrevistada explica cómo la revocación de la nacionalidad se relaciona con un retroceso más amplio de las libertades democráticas en Kuwait. El uso de la ley como instrumento de control estatal y el uso de la fuerza militar para la dominación regional forman parte de una misma lógica de exclusión. También aborda la desigualdad legal entre hombres y mujeres, que se traduce en privaciones concretas para los niños y las familias. En este contexto de silencio forzado, persisten las formas de resistencia.
¿Qué ha cambiado en los últimos años en la política de nacionalidad de Kuwait, y cómo están viviendo las personas más afectadas, especialmente las mujeres, lo que la declaración denomina “ingeniería del miedo”?
Llegamos a este punto porque el gobierno ha convertido la nacionalidad —un derecho que, en principio, debería garantizar protección y estabilidad— en un instrumento de represión política y social. Lo que presenciamos hoy no se limita a una revisión jurídica de procesos pasados, sino que constituye un uso cada vez mayor y deliberado del poder estatal sobre la nacionalidad, lo que somete a cientos de miles de personas a una situación de amenaza permanente.
Esta política no puede analizarse por separado del movimiento más amplio de retroceso político y autoritarismo que Kuwait ha experimentado en los últimos años. El país está viviendo una restricción progresiva de la libertad de expresión y de acción política, así como un deterioro sistemático de los espacios democráticos y las formas de participación popular. Se han suspendido o debilitado diversos procesos electorales y organizativos —elecciones estudiantiles, sindicales y cooperativas— y, lo que es más grave, se han suspendido disposiciones constitucionales y se ha paralizado la actividad parlamentaria. Es en este contexto de concentración de poder y erosión de los instrumentos de control y rendición de cuentas donde la nacionalidad se convierte en una herramienta de coacción política.
El cambio más profundo de los últimos años radica en el hecho de que la revocación de la nacionalidad ha dejado de ser una excepción para convertirse en una política de amplio alcance social. Cuando el Estado puede retirar discrecionalmente la nacionalidad a personas y familias tras décadas de reconocimiento, el mensaje que se transmite es contundente: la pertenencia nacional es provisional, condicional y revocable.
Es precisamente ese mecanismo lo que la noción de “ingeniería del miedo” busca captar. La cuestión no se limita a quienes ya han sido privados de su nacionalidad, sino al efecto paralizante que tales prácticas ejercen sobre la sociedad en su conjunto. Cuando el derecho a la ciudadanía se revela inestable y la condición jurídica se ve permanentemente amenazada, el miedo se convierte en un dispositivo de control. Las personas comienzan a expresarse con cautela, a evitar las reivindicaciones y a abstenerse de cuestionar las políticas vigentes, pues saben que uno de los derechos más elementales puede serles arrebatado en cualquier momento.
Las mujeres y las familias son afectadas más profundamente por esta política. La amenaza no recae solo sobre el individuo, sino que se extiende a toda la unidad familiar. Las mujeres asumen una parte desproporcionada de los costos psicológicos y sociales generados por esta situación, sobre todo en un contexto en el que la legislación de nacionalidad ya está marcada desde el principio por la desigualdad de género, lo que condena a muchas mujeres y a sus hijos a una situación de extrema vulnerabilidad.
Por todas estas razones, no se puede reducir el fenómeno actual a una cuestión administrativa o meramente legal. Se trata, en esencia, de la instrumentalización de la nacionalidad como mecanismo de represión: un engranaje que produce miedo, genera inestabilidad y mantiene a amplios sectores de la sociedad como rehenes de la ansiedad permanente y de la amenaza constante de perder la seguridad humana y social.
La declaración señala que las decisiones de revocación de la nacionalidad quedan excluidas de una supervisión judicial efectiva, ya que se clasifican como actos de soberanía no sujetos a revisión judicial plena. Esto significa que familias enteras pueden perder el acceso al empleo, la educación, la salud, la vivienda y las cuentas bancarias, sin ninguna posibilidad real de recurso legal. ¿Cuáles son los casos más emblemáticos que ilustran esta situación en la actualidad?
Lo que mejor expresa la gravedad de esta realidad es que miles de personas afectadas por la revocación de la nacionalidad se ven efectivamente privadas del derecho a defenderse ante el poder judicial. El Estado no se limita a decidir la revocación; califica dichas decisiones como actos de soberanía, lo que significa que los afectados no pueden obtener una revisión judicial completa de la decisión.
Se trata de un asunto particularmente grave, ya que muchas de las situaciones ahora en cuestión no implican una falsificación reciente ni la obtención irregular de la nacionalidad. Estamos ante personas que adquirieron la nacionalidad hace décadas, de conformidad con las leyes y procedimientos vigentes en ese momento. Vivieron como ciudadanas, estudiaron, trabajaron, se casaron, formaron familias y, de repente, se vieron despojadas de su nacionalidad, sin que se les diera la oportunidad de una defensa efectiva ante un poder judicial independiente.
El punto central del asunto es que el Estado quiere que su relación con los ciudadanos no se rija por derechos y garantías legales, sino que pretende conservar la prerrogativa de la decisión final sin un control efectivo. Así es como la nacionalidad se convierte en un instrumento de arbitrariedad que se cierne sobre las personas, mientras que a las personas afectadas se les priva del principal medio de protección: el acceso a la justicia.
Por esa razón, la cuestión no se limita a quienes han sido privados de su nacionalidad, sino que remite a un principio más amplio: ¿la actuación del Estado, al deliberar sobre los derechos fundamentales, está sujeta a la ley y al control judicial, o permanece inmune a cualquier forma de rendición de cuentas? Para nosotras, este es el verdadero desafío en que se centra el caso de la revocación de la nacionalidad.
Las leyes de nacionalidad en Kuwait tienen un carácter estructuralmente patriarcal: las mujeres no tienen el mismo derecho que los hombres a transmitir su nacionalidad a sus hijos, lo que hace que la situación legal de los niños dependa de la figura masculina. ¿Cómo afecta esta desigualdad legal específica a la vida cotidiana de las mujeres kuwaitianas y de sus hijos? ¿Y cómo se relaciona esta legislación patriarcal sobre la nacionalidad con otras formas de control y dependencia a las que se enfrentan las mujeres en la región?
Esta discriminación afecta directamente a las mujeres y a sus hijos, ya que el Estado condiciona la mayoría de los derechos fundamentales a la ciudadanía. La educación, la salud, el empleo y la seguridad social no son los únicos derechos vinculados a la nacionalidad; también se incluyen el derecho a la propiedad inmobiliaria, a la constitución de empresas y entidades comerciales, y el acceso a múltiples beneficios y oportunidades económicas reservadas a la ciudadanía.
Al verse privada del derecho a transmitir la nacionalidad a sus hijos, a la mujer kuwaití se le impide, en la práctica, garantizarles esos derechos. El hombre kuwaití puede transmitir a sus hijos la totalidad de los derechos de ciudadanía; la mujer kuwaití, a pesar de ser ciudadana en igualdad formal, no cuenta con la misma prerrogativa.
Los efectos perversos de esta discriminación se hicieron especialmente evidentes en los últimos años, con el retroceso de los derechos que antes se garantizaban a los hijos de mujeres kuwaitianas. A modo de ejemplo, la reciente revocación del acceso gratuito a la educación universitaria para este grupo constituye una medida regresiva que pone de manifiesto la precariedad de su situación jurídica. En lugar de ampliar los derechos y avanzar hacia la igualdad, se ha promovido su restricción, subordinando el futuro de miles de estudiantes a su capacidad financiera, en detrimento de la protección que el Estado debería garantizar.
Por lo tanto, el impacto de esta norma no se limita a la situación legal de los hijos, sino que se extiende a toda su experiencia educativa, económica y social. Además, constituye una forma de discriminación contra las mujeres, ya que supone que el hombre es el único sujeto capacitado para transmitir la pertenencia plena y todos los derechos.
Desde una perspectiva feminista, la cuestión no se reduce a la concesión de la nacionalidad, sino a la igualdad sustantiva en sí misma. No se puede hablar de ciudadanía equitativa mientras la mujer kuwaití no pueda garantizar a sus hijos los mismos derechos que el hombre kuwaití garantiza a los suyos.
Kuwait está situado en una región marcada por décadas de guerras, ocupaciones, sanciones e intervenciones militares —desde Irak hasta Yemen, desde Palestina hasta Líbano— y la militarización de la economía regional sigue avanzando. ¿Cómo viven las mujeres de la región esta superposición entre la violencia de las políticas internas y los impactos de la militarización y las guerras en la región?
No consideramos que las políticas de revocación de la nacionalidad, las guerras y la militarización son fenómenos aislados; por el contrario, las entendemos como expresiones de una misma estructura política y económica basada en la exclusión y la desigualdad. Las guerras, las ocupaciones y los procesos de militarización no surgen de la nada; responden a intereses políticos y económicos específicos, mientras que, en el ámbito interno, se recurre a leyes y procedimientos administrativos y de seguridad para gestionar a la población y controlar los derechos y los recursos.
En Kuwait, esto resulta evidente en el uso de la nacionalidad como criterio para definir quién goza de plenos derechos y a quién se le pueden privar. La nacionalidad no es un mero documento legal, sino la puerta de acceso a la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y los derechos económicos y políticos. Cuando se convierte en un instrumento de exclusión o una amenaza, se transforma en un mecanismo de control sobre la vida y el futuro de las personas.
En todos esos casos, la población en general asume el costo, y las mujeres, aún más. Soportan los efectos del desplazamiento forzado, la pobreza, la desintegración familiar y el deterioro de los servicios públicos, además de la carga que supone el cuidado de otras personas, el trabajo no remunerado y el hecho de tener que enfrentar crisis generadas tanto por los conflictos bélicos como por las políticas represivas.
Asimismo, son políticas muy arraigadas en el sistema patriarcal, que otorga a los hombres una mayor autoridad en el ámbito familiar y social y hace que las mujeres sean más vulnerables a la precariedad económica y social. No es casualidad, por lo tanto, que la discriminación contra las mujeres se refleje tanto en las leyes de nacionalidad como en los efectos que las guerras y la militarización tienen sobre sus vidas.
Entendemos que el uso de la ley para despojar a ciertos grupos de sus derechos en el interior del Estado y el uso de la fuerza militar para imponer la hegemonía sobre los pueblos de la región expresan una misma lógica: concentrar el poder, la riqueza y los recursos en manos de unos pocos, y mantener a otros grupos en una situación de subalternidad y vulnerabilidad.
Por esa razón, la lucha por la igualdad en materia de nacionalidad, por los derechos de las mujeres, la justicia social y el fin de las guerras, las ocupaciones y la militarización es una lucha única contra los sistemas fundados en la hegemonía, la exclusión y la desigualdad.
¿Cómo se están organizando las mujeres en Kuwait y en la región? ¿En qué espacios se está dando esta resistencia?
Es difícil abordar la resistencia en este tema sin tomar en cuenta el contexto político más amplio de Kuwait. El problema no es solo que la gente tenga miedo; hay razones concretas que justifican ese temor. En los últimos años, Kuwait ha sido escenario de persecuciones, detenciones y condenas relacionadas con la libre expresión y la actividad política, incluyendo procesos judiciales iniciados bajo alegaciones de seguridad nacional. Muchos saben que la disidencia pública puede tener consecuencias reales.
Esta situación ha llevado a muchas de las personas afectadas por las políticas de revocación —e incluso a quienes las apoyan— a evitar la exposición mediática o la manifestación pública de sus posturas, ya sea en canales oficiales o en redes sociales. Cuando la crítica puede dar lugar a persecución o encarcelamiento, el silencio se convierte, para muchas, en una estrategia de protección.
Sin embargo, eso no significa que no haya resistencia. Siguen existiendo iniciativas de derechos humanos, feministas y solidarias en defensa de las personas afectadas, así como esfuerzos para documentar las violaciones y denunciar la discriminación. Pero estas iniciativas operan en un espacio limitado y enfrentan riesgos reales, lo que convierte el simple hecho de perseverar en la denuncia en una forma de resistencia.
Por lo tanto, la cuestión de la revocación de la nacionalidad no puede separarse del tema de las libertades públicas. La defensa del derecho a la ciudadanía y a la protección contra decisiones arbitrarias está intrínsecamente vinculada a la defensa del derecho a la libertad de expresión, de organización y de protesta, sin miedo a la persecución.
