Bolivia vive jornadas históricas de lucha política en las calles: largas marchas indígenas, bloqueos de caminos y huelgas de hambre en protesta contra el gobierno de Rodrigo Paz. Las organizaciones populares exigen su renuncia por traicionar el voto del pueblo que lo llevó a la Presidencia del Estado Plurinacional. El gobierno de Rodrigo Paz se ha puesto al servicio de sectores privilegiados vinculados a la gran empresa privada y a intereses que impulsan políticas neoliberales en el sur de América Latina.
Paz ha dejado claro su alineamiento con el llamado “escudo de las Américas” bajo el sello de la administración de Estados Unidos, que ahora articula no solo el discurso sino la acción de gobiernos contra los movimientos sociales y la soberanía de los pueblos.
Las medidas que asume el gobierno boliviano contradicen las promesas que hizo Paz antes de asumir el cargo. Desde su primer decreto, benefició a los ricos del país, eliminando el impuesto a las grandes fortunas. El presidente impone los decretos sin respetar el procedimiento democrático, sin consulta, sin socialización, siempre en contra de las poblaciones más empobrecidas. Su política económica abre las puertas a las empresas transnacionales y a la voracidad de grupos de poder locales.
Entre los puntos más críticos de esos planes, están la protección y promoción de inversiones para atraer capitales extranjeros con estabilidad jurídica y tributaria por 15 años, mecanismos de aprobación acelerada y apertura en sectores estratégicos, como la minería, hidrocarburos, agroindustria y transporte. Esto generó, como respuesta, una gran movilización popular durante 16 días, de 17 de diciembre de 2025 a 11 de enero de 2026. Con eso, se reafirmó que “Bolivia no se vende”.
Una muestra de la lucha del pueblo movilizado fue la marcha indígena de la Amazonía boliviana. Ella logró que el gobierno de Paz anule, de manera parcial, una ley que buscaba modificar la reestructura agraria para favorecer a grandes agroindustriales y comerciantes de tierras en el oriente del país. En esa línea, se pretendía convertir la «pequeña propiedad» a «mediana propiedad», con el pretexto de facilitar el acceso al crédito bancario. En los hechos, eso se traduciría en el despojo de tierras a los indígenas debido a la imposibilidad de cumplir con las obligaciones bancarias, que por lo general son leoninas.
La marcha de los pueblos indígenas de la Amazonía alentó la movilización nacional de obreros, campesinos y sectores populares urbanos en torno a la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), juntas vecinales y movimientos “autoconvocados” que hoy sostienen una huelga general indefinida, con bloqueo nacional de caminos que ya lleva cerca de 40 días.
La llamada «gasolina basura», que destrozó el parque automotor del sector público y privado, fue la chispa que avivó el conflicto. El gobierno levantó la subvención a los combustibles con el argumento de la emergencia económica. El resultado fue un aumento generalizado de precios: transporte público, canasta básica, alimentos.
Lucha popular y resistencia a la represión
La indignación colectiva se acrecentó cada día más en multitudinarias movilizaciones en todo el país. Distintas comunidades aymaras y quechuas se unen a las demandas de las organizaciones sindicales y comunitarias de Bolivia y mantienen una lucha sostenida.
Ante la contundencia de la rebelión popular, el gobierno boliviano ha optado por despreciar y burlarse de los movilizados. La represión no tardó en llegar y ya ha provocado la muerte de un comunario en el altiplano de La Paz. Desde el 1 de mayo al 2 de junio, la Defensoría del Pueblo registró diez personas fallecidas (siete por el desabastecimiento de alimentos y falta de acceso a la salud en los puntos de bloqueo; tres en el contexto de enfrentamientos durante los operativos de desbloqueo), 37 heridos y 365 personas arrestadas. De estas, 247 fueron liberadas, 103 fueron imputadas penalmente, 17 recibieron sentencia mediante procedimiento abreviado, y el resto permanece con detención preventiva o domiciliaria o se defiende en libertad.
A la fecha, los organismos de seguridad del Estado detienen a dirigentes sindicales de manera arbitraria y violenta. Se ha conocido que grupos de elite “encapuchados” proceden a esa acción en diferentes puntos del conflicto social que vive Bolivia. Entre las acciones de fuerza que se promueven desde el gobierno, está la participación de grupos irregulares que son protegidos por la policía para desbloquear carreteras y reprimir a comunidades campesinas. Esto ocurrió en la población de San Julián en Santa Cruz de la Sierra, el 6 de junio pasado.
Cabe denunciar que, entre los detenidos, hay mujeres que, en clara expresión de racismo, son detenidas por el solo hecho de portar los símbolos propios en sus vestimentas ancestrales como la k’orawa.
El 8 de junio reciente, el presidente Rodrigo Paz promulgó la ley para imponer el estado de excepción, con el fin de acabar con el conflicto social y la supuesta acción del “narcoterrorismo” en Bolivia. Lo hace a través de la acción directa de policías y militares. Al amparo de esta norma, podrán utilizar armas de guerra para sofocar la resistencia de quienes hoy protagonizan una de las movilizaciones sociales más multitudinarias y prolongadas que hayan visto las y los bolivianos en décadas.
