Antecedentes políticos
La elección de representantes ha sido una posibilidad en Sudán desde la independencia del país en 1954. El Frente Nacional Islámico (FNI), liderado por el régimen de la Hermandad Islámica, fue creado en principios de la década de 1960, pero nunca ha conseguido elegir representantes para el parlamento. Ya en 1989, el FNI llevó a cabo un golpe militar y tomó el poder, derrocando el gobierno democráticamente elegido. Posteriormente, en 1999, el FNI creó el Partido del Congreso Nacional (PCN) para legalizar al grupo y tratar de convencer a la población sudanesa y a la comunidad internacional de que sería un gobierno democrático. El frente organizó elecciones que violaron todos los estándares internacionales y elevó a la presidencia al general Omar Al-Bashir, líder del golpe militar.
El gobierno del PCN estaba basado en lo que llamó Proyecto Civilizatorio, fundamentado en la sharia, la ley islámica, y utilizó la religión para convencer a la población de que lo siguiera. Fue una dictadura autoritaria, un régimen de partido único caracterizado por prácticas duras y represivas. Se implementaron muchas leyes y normas que restringían la libertad de expresión y reunión, así como el derecho de las personas a ir y venir. También se prohibió a otros partidos políticos ejercer libremente sus actividades. Hubo detenciones, torturas y asesinatos de personas de la oposición y defensoras de derechos humanos.
Mientras el PCN practicaba la represión, agresión y violencia contra todo tipo de oposición, sus miembros practicaban todo tipo de corrupción, conducta indebida y mala gestión de los recursos nacionales. Como resultado, integrantes del partido se hicieron ricos y tomaron el control de los recursos, mientras que la población sudanesa sufría de pobreza y falta de atención a sus necesidades básicas. Durante ese gobierno, la situación económica se deterioró en todos los sectores, debido a las sanciones financieras impuestas al país por Estados Unidos, instituciones internacionales y otros países. Sudán fue clasificado como Estado Patrocinador del Terrorismo, lo que intensificó su aislamiento en el escenario internacional.
El sistema de educación gratuita fue cortado por el régimen, por lo que muchos estudiantes tuvieron que abandonar los estudios tempranamente porque sus familias no podían pagar el costo de la educación. El sistema de salud ha sido completamente destruido. Para tener acceso a cualquier tipo de medicación, las personas tenían que pagar valores muy altos. La infraestructura del país fue afectada. Se descuidaron carreteras, líneas aéreas y obras. Las personas no podían asumir los costos de los niveles de vida, un efecto que sienten principalmente las mujeres. Las mujeres no podían estudiar ni trabajar. Todo lo que hizo el régimen fue intentar quitarles sus derechos y su dignidad. Las mujeres han sufrido 30 años de gobierno islámico y han luchado contra ese régimen desde entonces.
En 2003, estalló el conflicto en Darfur, un estado de la región oeste del país. Más de 300.000 personas murieron a manos de las milicias gubernamentales y alrededor de un millón de personas huyeron a los países vecinos, provocando un desplazamiento masivo. El conflicto de motivaciones étnicas creó inmensas fracturas y destruyó el tejido social de la población del país, que había vivido y convivido en paz durante siglos. Las milicias gobiernistas practicaron violencia sistemática contra mujeres y niñas de pueblos no árabes a través de violaciones, asesinatos y abusos sexuales.
La Revolución Sudanesa
En diciembre de 2018, estalló una revolución popular en todos los estados del país, exigiendo justicia y derechos, por mejores condiciones de vida, bajo el lema “Libertad, Paz y Justicia”. Las mujeres y la juventud jugaron un papel fundamental en el éxito de la revolución y en el derrocamiento del régimen que dominó el país durante 30 años. Las fuerzas armadas declararon su apoyo a la revolución, sacaron del poder a Omar al-Bashir e instalaron al general Abdel Fattah Al-Burhan como nuevo líder del ejército.
Las Fuerzas de la Libertad y la Transformación (FLT) son una coalición formada durante la revolución, que agrupa a partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, movimientos armados de oposición al gobierno del PCN y sindicatos. La mayoría de los grupos en la lucha contra el régimen nació durante el gobierno del PCN y actúa desde entonces, con estrategias muy creativas. Organizaron las luchas incluso sin sistemas de comunicación y lograron llevarlas adelante en todo Sudán. Los líderes de las organizaciones ya fueron atacados por los militares antes del golpe, pero no tiene miedo.
Las FLT y las fuerzas armadas comenzaron la negociación para gobernar el país después del éxito de la revolución. Hubo acuerdo con respecto a la transición que se extendería por tres años. Al final de este período, una elección debería ser realizada para reemplazar al gobierno de transición. Fue desarrollada la Declaración Constitucional para regir ese período. Se creó un Consejo Soberano con diez integrantes civiles y cinco militares, asumiendo el rol de jefe de Estado.
Al-Burhan, presidente del Consejo Soberano, debía entregar la presidencia a representantes civiles el 17 de noviembre de 2021, como se establece en el acuerdo de reparto del poder y en el Documento Constitucional de 2019. Los civiles eligieron a uno de sus miembros como presidente del consejo, pero el 25 de octubre de 2021, antes de la fecha prevista para el traspaso de la presidencia del organismo al miembro recién elegido, Al-Burhan lideró un golpe militar y declaró el estado de emergencia. Él disolvió el gobierno, arrestó a todos los ministros, puso al primer ministro bajo arresto domiciliario e interrumpió los servicios de comunicación e Internet.
Poco después, se anunció el golpe y, a pesar de las restricciones en los canales de comunicación, la gente salió a las calles para protestar pacíficamente, denunciar las acciones ilegales del ejército y exigir la restitución del gobierno y la transición al control civil. Las manifestaciones se realizaron en todo el país, rechazando los trámites emprendidos por el líder del Ejército y exigiendo el regreso de la transición democrática y el compromiso con el Documento Constitucional.
La situación actual
Las continuas protestas y la presión de la comunidad internacional dieron como resultado la liberación del primer ministro y la firma de una declaración política entre él y los militares, con un acuerdo para liberar a todas las personas detenidas. El primer ministro se comprometió a formar el gobierno civil hasta el final del período de transición. Sin embargo, los incidentes dieron lugar a graves violaciones de derechos humanos contra civiles, que no cesaron entre el golpe de Estado del 25 de octubre de 2021 y el 23 de noviembre de 2021. La conexión a Internet solo se restableció después de semanas de interrupción.
A pesar de la liberación de algunas personas detenidas, tenemos una profunda preocupación con las continuas detenciones de manifestantes pacíficos. La articulación entre las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS), las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), la Inteligencia Militar y la policía sigue persiguiendo a individuos con arrestos y detenciones por participación o sospecha de participación en las protestas. Manifestantes pacíficos fueron detenidos con base en el decreto del estado de emergencia. Tres manifestantes están detenidas sin ninguna acusación formal en la Prisión Femenina de Ondurmã. En Jartum, periodistas tuvieron los ojos vendados y fueron trasladados a un lugar desconocido, donde recibieron amenazas por participar en actos antigolpistas.
Se utilizaron tácticas similares a las registradas en la represión de la revolución 2018-2019. El uso muy bien documentado de la tortura y otros malos tratos por parte de los organismos de seguridad contra las personas detenidas, especialmente en lugares no identificados, suscita preocupaciones con respecto a la seguridad. Las autoridades sudanesas siguieron adoptando un uso excesivo de la fuerza, incluso disparando armas de fuego contra la parte superior del cuerpo de los manifestantes para dispersar a las protestas pacíficas en Sudán, lo que resultó en casos de muertos y heridos entre ciudadanos sudaneses. Una mujer fue brutalmente golpeada por un militar en una manifestación en la Universidad de Jartum el 26 de octubre de 2021.
Hay casos documentados de tortura y malos tratos por parte de los organismos de seguridad, en los que las personas detenidas fueron golpeadas con mangueras, barras de hierro, palos y puñetazos, empujadas y obligadas a afeitarse la cabeza. Cortar el cabello de las personas detenidas con la misma cuchilla sin esterilización genera serios problemas sanitarios, ya que aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades a través de la corriente sanguínea. En Kotsi, en el estado del Nilo Blanco, las personas están detenidas en instalaciones precarias, sin alimentos y con autorización para acceder al agua solo después de 13 horas de detención.
Las autoridades están restringiendo la libertad de expresión. El Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional sigue citando a periodistas para interrogatorios. Varios periodistas fueron arrestados por cubrir protestas contra el golpe. Como en la era de Al-Bashir, las autoridades cerraron estaciones de radio y prohibieron a otras dos transmitir noticias en Jartum, sin ninguna razón.
En dos días de manifestación, el 17 y 30 de octubre, las fuerzas policiales asesinaron a 42 manifestantes, la mayoría jóvenes y niños. Hay registros de muertes que incluyen a una niña de 13 años en Jabara, en el sur de Jartum, y otras de entre 14 y 17 años. Dos mujeres fueron detenidas en el estado de Darfur Central, expulsadas de sus hogares, despedidas del trabajo y prohibidas de recibir visitas familiares. Debido a las condiciones inhumanas en los centros de detención, una mujer tuvo un aborto espontáneo.
Incluso frente a la violencia, los militares enfrentan a la presión de las calles y de la comunidad internacional. Ellos deben entregar el poder a los civiles, porque ese era el trato. La población y las organizaciones están adoptando estrategias de desobediencia civil para combatir las imposiciones del gobierno. Seguiremos fuertes y lucharemos hasta recuperar nuestra democracia. No dejaremos que los militares nos gobiernen.
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Por razones de seguridad, se protege la identidad de la militante autora de este artículo.
