Durante su segundo mandato como presidente, Trump y su séquito vienen avanzando rápidamente hacia el autoritarismo. Tras perder la presidencia en 2020, mientras insistía en que la elección había sido “robada”, la maquinaria de la extrema derecha en Estados Unidos comenzó a elaborar un plan para implementar su agenda —conocido como Proyecto 2025— para el momento en que regresara al poder. Las políticas reunidas en este documento incluyen el fortalecimiento del poder del Ejecutivo, ataques a los derechos de voto, persecución a periodistas, represión a la comunidad LGBT+, facilitación de deportaciones masivas y el desmantelamiento de organismos públicos y del Estado social. Desde su elección, el gobierno ha venido implementando estas estrategias punto por punto.
En el plan internacional, durante su primer mandato, Trump adoptó un enfoque de “América Primero”, basado en tácticas económicas coercitivas, como la renegociación de acuerdos comerciales —como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés)— para favorecer aún más a Estados Unidos, la imposición de aranceles, especialmente contra China, y el aumento de sanciones contra Irán y Venezuela. Sin embargo, este enfoque no contemplaba guerras terrestres a gran escala, ya que Trump hizo campaña con una plataforma antiintervencionista, contraria a las “guerras eternas”. Esta posición está siendo revertida en tiempo real en este segundo mandato.
Solo en el último año, Estados Unidos ha intensificado acciones militares en diversas regiones del mundo —desde bombardeos en Nigeria hasta ataques a embarcaciones en el Caribe, pasando por el secuestro de un presidente en funciones en Venezuela y, ahora, el inicio de una guerra abierta contra Irán.
Los movimientos han intentado acompañar este ritmo, pero el gobierno Trump avanza rápidamente. Aunque millones de personas han salido a las calles en solidaridad con Palestina y contra el genocidio en Gaza, todavía estamos buscando formas de canalizar esa energía hacia un movimiento antiguerra más amplio y organizado. Como resultado, las voces contra la acción militar van desde veteranos antiguerra y sectores progresistas y de izquierda hasta fracciones de la extrema derecha de la propia base de Trump, que se sienten traicionadas por su giro repentino a favor de la guerra. Como una alianza que se opone a la militarización y busca conectar movimientos sociales en Estados Unidos y globalmente, consideramos esencial, en este momento, la articulación de las fuerzas populares de izquierda para enfrentar la agresión imperialista de Estados Unidos.
La expansión de ICE
Mientras el riesgo de una guerra generacional con Irán aumenta, también hubo un crecimiento significativo de la militarización de las fuerzas de seguridad dentro de Estados Unidos, especialmente de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La medida legislativa más importante aprobada por el Congreso en el último año fue un proyecto presupuestario bautizado por Trump como Gran y Hermoso Proyecto de Ley Único [One Big Beautiful Bill Act]. Este proyecto incluyó un aumento del 300% en el presupuesto de ICE, que ahora alcanza los 75 mil millones de dólares.
Como resultado, ICE está ampliando rápidamente su número de agentes con muy poca supervisión. Están ofreciendo bonos de contratación de 50 mil dólares, reduciendo la edad mínima de ingreso a 18 años y ya han sido sorprendidos ignorando verificaciones de antecedentes. Una periodista que pasó por el proceso de postulación fue rápidamente aprobada y relató que los entrevistadores afirmaban querer poner gente en las calles lo más rápido posible —en seis meses— y armada.
Trump está promoviendo esta expansión para construir un ejército propio subordinado al Ejecutivo, ya que ICE responde únicamente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), cuya dirección es nombrada por él, y a los tribunales federales —donde los pocos jueces que intentaron frenar deportaciones ilegales fueron recientemente destituidos.
ICE ha separado familias, deteniendo tanto a ciudadanos como a no ciudadanos y difundiendo miedo de una manera que remite a las milicias itinerantes presentes en diversos proyectos fascistas, incluidas las patrullas esclavistas históricas del sur de Estados Unidos. Tácticas como incursiones nocturnas, perfilamiento racial y la exigencia de “documentos” tienen raíces profundas en estas prácticas y en la ideología supremacista blanca que aún orienta a muchos de quienes ingresan hoy a la agencia.
Minnesota
A comienzos de 2026, el gobierno Trump envió cerca de 2 mil agentes de ICE a Minneapolis como parte de un ataque racista contra la comunidad somalí en el estado de Minnesota, que venía siendo blanco tras la divulgación de un escándalo de fraude que involucraba a un número muy reducido de sus miembros. Trump se apropió de esta narrativa y, a pesar de que la mayoría de los inmigrantes somalíes son ciudadanos estadounidenses, decidió enviar a ICE para responder a la crisis que él mismo creó. La presencia masiva de agentes de ICE resultó en el secuestro de personas de origen latino, en las calles y en puntos de control de tránsito, basándose en sus apellidos o apariencia, enviándolas a centros de detención fuera del estado y acelerando sus procesos de deportación. Minneapolis no es una ciudad grande, por lo que la presencia de ICE se volvió altamente visible, generando miedo e indignación. La respuesta popular fue inmediata: personas comunes organizaron redes de protección en los barrios. Silbatos eran usados para alertar sobre la presencia de agentes, grupos monitoreaban placas de vehículos de ICE, y comunidades se apoyaban mutuamente a través de redes de solidaridad, como la entrega de alimentos a poblaciones vulnerables.
Mientras las comunidades encontraban fuerza en la solidaridad, ocurrieron episodios devastadores. Un agente de ICE mató a tiros a una observadora jurídica calificada, Renee Good, mientras ella seguía instrucciones de retirarse del lugar. Menos de tres semanas después, Alex Pretti, enfermero de UTI, fue ejecutado por un agente al intentar ayudar a un miembro de la comunidad que había sido derribado por ICE. Estas muertes desencadenaron un movimiento en Minnesota y muchos tomaron conciencia de la intensidad de la escalada fascista.
La segunda ola de movilizaciones por las Vidas Negras comenzó en Minneapolis tras el asesinato de George Floyd en 2020, lo que significa que hay experiencia reciente en movilización masiva e infraestructura organizativa construida entre sectores religiosos, sindicales y populares. La población respondió rápidamente con acciones masivas y disruptivas, cerrando el aeropuerto y organizando una huelga general semanas después, incluso con temperaturas bajo cero.
La repercusión nacional de estas muertes, que Trump y su equipo intentaron, sin éxito, etiquetar en el tribunal de la opinión pública como “terrorismo doméstico”, llevó a una cobertura mediática significativa y a la destitución de la entonces jefa del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Aun así, el mandato de deportaciones masivas permanece, y ICE ha adoptado tácticas más discretas, como el uso de puntos de control de tránsito para verificar el estatus migratorio.
Otras operaciones
De Los Ángeles a Nueva York, ICE ha ampliado su actuación. En todos los lugares hubo resistencia de las comunidades: residentes bloquearon calles, llevaron a los agentes a seguir pistas falsas, avergonzaron públicamente a agentes que intentaban realizar detenciones hasta que se retiraban y organizaron formas de disuasión. En ciudades como Chicago y Washington D.C., la Guardia Nacional fue movilizada junto a ICE. En respuesta, las comunidades crearon redes de defensa, organizaron apoyo mutuo para quienes no podían trabajar, promovieron capacitaciones sobre derechos y realizaron acciones directas.
En el caso de los oficiales de la Guardia Nacional, los militares en servicio activo también fueron objeto de una resistencia cada vez más fuerte. Una de las organizaciones integrantes de la GGJ, Cambio Radical (del inglés About Face — expresión que significa tanto “media vuelta”, como comando militar, como un cambio radical de posición): Veteranos Contra la Guerra, desarrolló la campaña “Derecho a Rechazar” para incentivar a integrantes de la Guardia Nacional a negarse a cumplir órdenes, ya que se trata de una fuerza de reserva frecuentemente movilizada en situaciones de emergencia y desastres nacionales, más que en otros tipos de servicio militar.
La campaña afirma a los militares: ustedes pueden negarse a cumplir órdenes ilegales. Y, al sumarse a Cambio Radical, tendrán una comunidad que les brindará apoyo. Existen precedentes históricos de negativa a cumplir órdenes, especialmente en relación con el uso de la fuerza contra civiles.
Lucha nacional
En este período, también hemos visto algunas de las mayores movilizaciones de la historia del país. El Día sin Reyes [No Kings Day] ha ocurrido varias veces a lo largo del último año. Una de estas movilizaciones fue una de las más grandes de la historia de Estados Unidos, aunque recibió poca cobertura mediática.
Nuestros movimientos y fuerzas populares están articulando las demandas por Fuera ICE y No a la Guerra junto a Sin Reyes, porque el problema no son solo las acciones autoritarias de Trump, sino también las instituciones que él está construyendo para imponer la dominación de Estados Unidos en el plano internacional y reprimir a nuestro pueblo y a nuestros movimientos sociales en el plano interno.
Organizaciones del movimiento también han estado formando militantes y liderazgos en tácticas de no cooperación e interrupción, en diferentes escalas, para generar consecuencias económicas o políticas para quienes toman decisiones. Un ejemplo fue el boicot a Spotify, después de que la plataforma comenzara a difundir anuncios de reclutamiento de ICE, lo que llevó al fin del contrato entre ambas partes. En Minnesota, el cierre del aeropuerto y la realización de una huelga general generaron una presión pública altamente visible para que el gobierno contuviera las operaciones de ICE en el estado.
El 1º de Mayo debe ser una movilización importante en este proceso, con la participación del movimiento laboral, y como parte de la preparación para las elecciones de 2028. Será una prueba de la capacidad de la clase trabajadora y de los movimientos sociales para construir acciones que puedan conducir a una huelga general —algo que no ocurre a nivel nacional desde hace cerca de un siglo.
La GGJ también ha promovido formación política sobre militarismo, destacando la conexión entre la guerra interna y externa. Organizaciones integrantes mantienen campañas como Desenmascarando a Maersk, del Movimiento de la Juventud Palestina, y acciones contra la empresa de vigilancia Palantir. Creemos que es fundamental iniciar ahora el proceso de alineación entre los movimientos sobre cómo queremos responder, para que estemos preparados.
La lucha por la democracia
A medida que se acercan las elecciones legislativas de 2026, el gobierno Trump intenta aprobar un amplio proyecto de supresión del voto llamado Ley SAVE. La propuesta exige que todo registro electoral se realice de forma presencial —incluso para quienes ya están registrados— y que la persona presente certificado de nacimiento o pasaporte, un documento muchas veces inaccesible por su costo. En la práctica, esto puede excluir a diversos grupos del proceso electoral: votantes de regiones rurales que viven a muchas horas de un local de registro; personas que cambiaron de nombre, incluyendo millones de mujeres que cambiaron sus nombres tras el matrimonio; personas que no tienen tiempo o recursos para obtener un pasaporte y registrarse presencialmente; entre muchos otros.
Con los republicanos controlando el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, Trump busca aprobar esta legislación apresuradamente porque si su partido pierde siquiera una de las cámaras en 2026, eso permitiría utilizar más herramientas para frenar la agenda de la derecha, incluyendo autorizaciones para investigaciones, impugnaciones y otros mecanismos de obstrucción.
En el marco de las posibilidades de acción de la Ley SAVE, también existe la expectativa de intimidación de votantes mediante la presencia de ICE en los lugares de votación. En 2020, organizamos equipos para la protección de los centros de votación. Esta vez, quizá necesitemos aún más.
Lecciones
Los movimientos sociales en Estados Unidos se están reorganizando para frenar el sangrado y la destrucción promovidos por el gobierno Trump, tanto en el plano interno como en el internacional. Frente a un escenario en el que sus adversarios se han consolidado, han construido una agenda común y ya la están implementando, los movimientos buscan nuevamente alinearse y fortalecer formas de acción conjunta. Existe un reconocimiento de que será necesario desarrollar tácticas capaces de generar costos económicos y políticos concretos para sus blancos, al mismo tiempo que se construyen y fortalecen redes comunitarias que puedan sostener la resistencia a largo plazo.
Con la intensificación de la agresión militar de Estados Unidos en el exterior, se vuelve aún más urgente que los movimientos sociales del país se articulen más allá de las fronteras y fortalezcan vínculos internacionales. Al mismo tiempo, es fundamental reconstruir el movimiento antiguerra, tanto a nivel nacional como global, como parte central de esta estrategia de enfrentamiento.
Margaret Kwateng es directora de campañas de la Organización de la Alianza Popular para la Justicia Global [Grassroots Global Justice Alliance – GGJ]. Vive en Brooklyn, Nueva York, y trabaja en la organización popular frente a la militarización interna, la represión migratoria y las disputas electorales en Estados Unidos.
