En Pakistán, las y los pequeños agricultores cultivan la tierra desde hace generaciones. Hoy, las políticas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) están desmantelando las estructuras de apoyo que sostenían a estas familias: el gobierno dejó de anunciar precios mínimos para el trigo, autorizó que las empresas multinacionales controlen la compra de las cosechas y destinó inmensas extensiones de tierra a la agricultura corporativa. Campesinas y campesinos que han cultivado la misma tierra durante un siglo ahora son expulsados.
Las mujeres soportan un peso particular en esta crisis. En las zonas rurales, además de hacer frente al control y la explotación de sus tierras y su trabajo, se enfrentan a estructuras patriarcales que determinan si pueden ocupar espacios públicos y políticos, tener acceso a la educación formal y elegir una profesión. Organizarse contra este sistema se vuelve aún más difícil ante la vigilancia y las detenciones arbitrarias.
Saima Zia viene de una familia de pequeños agricultores de Pakistán. Forma parte del Comité de Coordinación Campesina de Pakistán (Pakistan Kisan Rabita Committee), una alianza de 36 organizaciones de agricultores y agricultoras de todo el país. Fundada en 2003, la organización se unió a La Vía Campesina en 2018 y trabaja para crear respuestas colectivas a los problemas que enfrentan las personas del campo en el país.
En esta entrevista, Saima habla sobre las condiciones necesarias para que las campesinas se organicen en Pakistán, cómo las políticas agrarias neoliberales están transformando la vida rural y de qué manera los movimientos resisten frente a la represión estatal y el avance de la agricultura corporativa.
Las políticas neoliberales impulsadas por el FMI han agravado la crisis agraria en Pakistán, con el aumento de los costes de producción, la reducción de los ingresos agrícolas y la expansión de la agricultura corporativa. ¿Cómo afecta esta crisis específicamente a las mujeres rurales y campesinas?
El trigo es el principal alimento básico de Pakistán. Durante décadas, el gobierno anunciaba cada año un precio mínimo para el trigo, lo que permitía a los agricultores y agricultoras vender su producción a un precio razonable. El gobierno también compraba la cosecha directamente, almacenaba el producto y lo distribuía a los molinos, garantizando así el acceso de la población a la harina de trigo. Pero, en los últimos dos años, el gobierno dejó de anunciar ese precio mínimo. Esto es consecuencia directa de las políticas del FMI, que favorecen el libre mercado, lo que, en la práctica, significa que las grandes empresas pueden explotar a los pequeños agricultores y a la gente que tiene pequeños negocios.
Al mismo tiempo, el gobierno está destinando grandes extensiones de tierra a la agricultura corporativa y desalentando activamente la agricultura familiar. Cuando los pequeños productores no logran obtener ingresos suficientes de sus tierras a lo largo de todo un año, empiezan a sentir la presión de venderlas. No tener suficiente dinero significa no poder alimentar a los hijos ni poner comida en la mesa. Hace dos años, hicimos protestas en 30 o 35 ciudades de Pakistán para exigir que se restablecieran los precios mínimos.
Este año, el gobierno volvió a anunciar un precio mínimo, pero fue insuficiente. Y, en lugar de comprar directamente a los agricultores familiares, concedió esa autorización a 11 empresas multinacionales. Algunas tienen su sede en los Emiratos Árabes Unidos. Muchas de ellas son deliberadamente difíciles de localizar. Es posible encontrar un sitio web, pero no una dirección real. Estas empresas comprarán el trigo a los agricultores y luego lo venderán a los molinos a precios muy altos, lo que elevará el costo de la harina para toda la población.
También está la cuestión de la tierra. La población campesina cultiva algunas tierras desde hace más de 100 años, algunos incluso desde antes de la partición entre India y Pakistán. Ahora, el gobierno dice que esas tierras no les pertenecen y que deben entregarse a empresas para la agricultura corporativa. Según la Constitución de Pakistán, si una persona cultiva una tierra desde hace unos 100 años, esa tierra le pertenece legalmente. No se puede simplemente pedirle que se vaya, pero eso es exactamente lo que está pasando. Miles de personas luchan contra este proceso en las zonas rurales de todo el país, y nosotras apoyamos este movimiento.
Los procesos judiciales siguen en curso en los tribunales. La represión estatal es brutal.
Esta agenda de la agricultura corporativa también está vinculada al Corredor Económico China-Pakistán (CPEC, por sus siglas en inglés), la parte pakistaní de la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda de China. Se han construido carreteras en el marco del CPEC, pero nunca se han hecho públicos los detalles completos de los contratos, porque el proyecto está bajo el control del Ejército. Ni siquiera los políticos saben qué hay en esos contratos. La agricultura corporativa es parte de lo que se está implementando a través del CPEC. También estamos luchando y protestando contra esto.
Lo que describes es una concentración de poder entre el gobierno y las grandes empresas. ¿Cómo se están organizando los movimientos sociales rurales en Pakistán para hacer frente a esta estructura?
Cada vez es más difícil organizarse. Cada vez que planeamos una reunión o un encuentro, nos vigilan. Hablar de estos temas, sobre todo de cualquier cosa que desafíe al Ejército, pone a la gente en peligro. Muchas personas han sido secuestradas en sus casas y siguen desaparecidas. Otras han sido detenidas, torturadas, amenazadas y liberadas al cabo de uno o dos días.
Conozco a un joven líder estudiantil que era muy activo. Dio un discurso en una de nuestras protestas. Se lo llevaron de su casa y también le quitaron su computadora. Intentamos encontrarlo. Después de una semana, regresó. Se quedaron con la computadora, intentaron acceder a ella y le exigieron la contraseña. Después de eso, dejó el activismo por completo. Lo vi una vez y parecía totalmente retraído. Unos meses después, vino a pedirme una carta de experiencia laboral y dijo que estaba tratando de salir del país. Y se fue. Nunca le contó a nadie lo que pasó durante su detención. Intentamos hablar con él, pensando que tal vez necesitaba apoyo, pero tenía mucho miedo. Decía: “No puedo vivir aquí. Cualquier país me vale, pero aquí no”. Eso es lo que les pasa a quienes se manifiestan contra la represión del Estado. El espacio se está acortando. Pero no vamos a rendirnos.
El 17 de abril, Día Internacional de las Luchas Campesinas, organizamos actividades en 17 ciudades de Pakistán. En Lahore, en particular, las grandes protestas en las principales ciudades llamaron la atención tanto de los medios tradicionales como en las redes sociales. Esto genera más nerviosismo entre el gobierno, pero también lo deja más expuesto. Lo que buscamos es construir unidad entre todos los movimientos de la sociedad civil, los pequeños agricultores, las organizaciones de mujeres y los sindicatos, porque trabajar de forma aislada ya no es suficiente. Hay que actuar colectivamente.
¿Cómo describirías la situación de las mujeres en el país?
El sistema patriarcal sigue oprimiendo a las mujeres. Es muy difícil para ellas sobrevivir en esta situación. La edad mínima legal para casarse es ahora de 18 años; esa ley existe. Antes, las niñas de 10 u 11 años eran entregadas a hombres de 25 o 40 años. Las mujeres libraron enormes luchas durante la dictadura de los años 80. Había una ley llamada Hudood Ordinance (Ordenanzas de Hudood). Si la lees, no sabrás si reír o llorar; es tan peligrosa como absurda. Nuestras compañeras se organizaron y lucharon en ese período, y se modificaron algunas leyes, pero la visión predominante de la sociedad sigue siendo profundamente patriarcal. Hay una ley que permite a las víctimas de violencia doméstica acudir a la policía, pero, después de eso, una mujer casi nunca puede volver a casa. Es decir, la ley existe, pero no las condiciones para recurrir a ella.
Las personas de la comunidad LGBTQ viven en condiciones de gran riesgo en Pakistán. Cada vez que organizamos la Marcha de las Mujeres y decimos que todas las personas son bienvenidas, nos acusan de hacer la marcha solo para proteger a las personas LGBTQ. Ser LGBTQ se considera un delito aquí. El fundamentalismo religioso se ha fortalecido mucho desde los años 80 y nunca perdió fuerza.
¿Cómo se están organizando las mujeres de las clases populares, especialmente las campesinas, para desmantelar este sistema capitalista y patriarcal en Pakistán?
Para las campesinas y las mujeres de las zonas rurales, participar en la marcha del 8 de marzo es un gran desafío. Las marchas se hacen sobre todo en las grandes ciudades, como Lahore, Islamabad y Karachi. Llegar a la ciudad ya es difícil. Además, nuestros movimientos no son bienvenidos por las estructuras patriarcales que organizan la vida rural. En otros tipos de protestas, contra la agricultura corporativa, sobre el cambio climático y en defensa de los precios mínimos de las cosechas, las mujeres también participan, incluso aquellas que se organizan en las zonas rurales. Pero, aun así, la mayoría de las veces, las protestas y los actos públicos son predominantemente masculinos. Para garantizar la presencia de las mujeres, muchas veces tenemos que ir a buscarlas, movilizarlas y hablar con ellas directamente. Es común que los hombres de la familia no les permitan participar.
A pesar de eso, la Marcha de las Mujeres se celebra todos los años el 8 de marzo. Participan todas las organizaciones de mujeres, las organizaciones de la sociedad civil y movimientos más amplios, incluidos los sindicatos. Nos movilizamos en Lahore. La marcha siempre fue criticada por los fundamentalistas religiosos, el gobierno y el establishment, pero nunca dejamos de hacerla.
En 2019, detuvieron a un grupo de mujeres solo por hablar de temas que las afectan. Lo mismo pasa con las organizaciones de la sociedad civil en general. Seguimos adelante gracias a la solidaridad. Nuestras lideresas y compañeras se unen y tratan de movilizar a más gente.
No tenemos dinero. No tenemos armas. Lo que tenemos es el poder del pueblo. Eso es lo que nos protege de la represión estatal.
Cuando organizamos y movilizamos a la gente en las zonas rurales, lo hacemos con las organizaciones que forman parte de nuestra red.
También hay mujeres que cultivan sus tierras de forma independiente y logran movilizar a otras a su alrededor. La lucha sigue. Es la solidaridad lo que la sostiene, incluida la solidaridad internacional. Cuando esas voces ganan visibilidad internacional, en los medios y en las redes sociales, el Estado se ve obligado a dar marcha atrás, al menos parcialmente, en algunas de sus acciones represivas.
