En las últimas décadas asistimos a una fuerte aceleración del proceso de globalización capitalista que ha redundado en una reconfiguración de la producción a nivel global y en la creciente sofisticación de las estructuras de poder y explotación que tienen lugar alrededor y dentro de los procesos productivos. A este proceso le sumamos hoy las reconfiguraciones que ocurren a partir de la pandemia de coronavirus que ha acelerado dramáticamente algunas tendencias emergentes de los años recientes.
Podemos caracterizar esta globalización capitalista en su fase neoliberal por la eliminación de las fronteras nacionales a los efectos de la circulación y consumo de bienes, servicios y flujos de capital. Y por la marcada y constante presión por el desmantelamiento y la desaparición del Estado como garante del bien público, y la privatización y mercantilización de las relaciones sociales y los bienes comunes.
Las empresas transnacionales son el principal agente de expresión del sistema capitalista: ordenan el mundo en función de sus intereses y a favor de sus beneficios, se arrogan la potestad de reproducir la acumulación capitalista fase tras fase y extraer de cada una la síntesis que las siga colocando a la cabeza de esta acumulación y estratégicamente lejos de cualquier costo y rendición de cuentas. Ocupan un lugar de creciente concentración de poder y privilegios y de continua expansión y control sobre los territorios, determinando nuevas formas de ocupación de los mismos. Controlan la producción a escala global y determinan las trayectorias de explotación y despojo de la naturaleza y de la clase trabajadora. Entender el papel que juegan las empresas transnacionales es central para ubicar el lugar e influencia que ejercen las agendas de libre comercio.
Las transnacionales presionan para que los cambios que ocurren en la organización de la producción global se cristalicen en reglas para profundizar la liberalización comercial y de las inversiones y la expansión del capital sobre lo público. Las formas en que las transnacionales construyen poder y dominación está conectado con su creciente poder en la definición y/o cuestionamiento de las reglas que los Estados establecen, presionando por la eliminación de normativas que contribuyen a la defensa de los bienes naturales y de derechos fundamentales que se sustentan en dichos bienes, como el derecho al agua, la tierra, las semillas, etc. Por un lado hay un proceso de desregulación en el que se eliminan las normativas diseñadas en función del bien común, y por otro lado se imponen nuevas reglas para abrir paso a la privatización de la naturaleza y los servicios públicos, o a inversiones que destruyen los sistemas ecológicos que hacen posible la vida, entre otros.
Las agendas de liberalización comercial y de las inversiones que se traducen en los acuerdos comerciales neoliberales tienen una historia relativamente reciente pero de amplia incidencia. Su evolución a lo largo de los años refleja las formas que el capital transnacional se ha dado para superar las crisis sistémicas que él mismo provoca e incluso lucrar con ellas y mutar para aumentar sus tasas de ganancias y expandir sus posibilidades de acumulación avanzando sobre nuevas esferas de la vida en sociedad y la Naturaleza.
Hoy encontramos en prácticamente todos los acuerdos comerciales que están en proceso de negociación, renegociación o que han sido recientemente firmados, el mismo tipo de cláusulas y compromisos.
Las agendas del libre comercio han evolucionado en el tiempo acompañando los cambios en la organización de la producción a nivel global. Esto no es neutro y tiene impactos en la vida en sociedad, en las políticas públicas, en la estrategia de desarrollo y en los derechos humanos.
Estas agendas trasladan el paradigma empresarial a la regulación de empresas públicas y evaden la función social de los servicios públicos. Al imponer perspectivas empresariales orientadas al lucro para los servicios y empresas estatales se vulneran los derechos, especialmente la accesibilidad y asequibilidad de los mismos. Al desconocer la función social se pierde el importante rol que juegan los servicios públicos en garantizar el goce de los derechos humanos.
Las formas en que el tránsito al paradigma empresarial de los servicios y empresas públicas puede afectar a las mujeres son múltiples. Y para entender estos impactos deben considerar que la desigualdad de género constituye un aspecto estructural del sistema capitalista donde las mujeres ocupan roles de subordinación en la división sexual del trabajo: están en los puestos de trabajo peor pagos, con peores condiciones de salud y seguridad y en ellas recae en mayor medida las tareas de cuidados. Tareas que además guardan una relación estrecha con ciertos servicios públicos como la salud, la educación o la alimentación. Para asegurar la sustentabilidad de la vida es necesario contar con un papel activo y efectivo del Estado con servicios y políticas públicas integrales, universales, accesibles, inclusivas y públicas. Esto está puesto en riesgo con las agendas del libre comercio. Los sistemas de protección social son piezas importantes para la reproducción de la vida porque apuntan a disminuir o eliminar desigualdades, generan oportunidades para poblaciones vulnerables y atienden necesidades y derechos fundamentales.
En países donde no está garantizado el acceso a servicios públicos de agua y saneamiento, las mujeres son asignadas con la responsabilidad por la provisión de agua acarreando desde largas distancias agua para la higiene y la alimentación. El agua y el saneamiento también introduce la dimensión ambiental pues los territorios afectados por la contaminación y la instalación de emprendimientos productivos a gran escala contaminan el aire, suelos, deterioran la calidad y cantidad de agua disponible y la biodiversidad.
Las agendas comerciales están comenzando a introducir marcos normativos para las “nuevas” actividades comerciales. La economía digital que incluye las reglas del comercio electrónico es uno de los aspectos más sobresalientes de la evolución actual de estas agendas. Estos contenidos cristalizan nuevas reglas en línea con los cambios que se vienen produciendo en la organización de la producción a nivel global. Los contenidos de esta agenda apuntan a remover regulaciones existentes o, fundamentalmente, prevenir que se instalen regulaciones y contralores.
El trabajo de plataformas de aplicaciones típico de la economía digital tiene fuertes implicancias en materia de precarización laboral y despojo de derechos. Las mujeres están más afectadas por esta realidad porque trabajan en peores condiciones laborales y tienen menores oportunidades de acceder a un trabajo digno.
El paradigma emprendedor aplica una falsa idea de independencia de las llamadas “rigideces” de los trabajos dependientes y más tradicionales. Sin embargo, la idea de definir un horario propio, de trabajar en la comodidad del hogar o de ganar “lo que una quiere” es sumamente engañoso y peligroso porque desresponsabiliza a las empresas del cumplimiento de los derechos laborales. Este paradigma es vendido especialmente a las mujeres como alternativa para la inserción al mercado laboral argumentando que pueden trabajar desde la casa y atender al mismo tiempo el trabajo doméstico y de cuidados. Asumir el “trabajo en casa” como “problema de las mujeres” solo refuerza la tradicional división sexual del trabajo. Al mismo tiempo subraya la desvalorización que se le adjudican a las tareas reproductivas al plantear que es suficiente “estar en casa” para cumplir con ellas. Entender la tecnología como la solución para ese “problema de las mujeres” no pone el acento en la desigualdad de género, por tanto, la profundiza al naturalizarla.
Iniciativas que buscan “empoderar” a las mujeres para ganar protagonismo en el uso de la tecnología o en el desarrollo de un negocio propio, se excusan de dirigirse frontalmente a las inequidades a las que se enfrentan las mujeres diariamente. Asumen una equidad falsa y por tanto, exportan soluciones falsas.
Uno de los aspectos de preocupación que se debe considerar en relación a la propiedad intelectual es el derecho a la salud por el uso diferencial que hacen las mujeres de los servicios de salud. En perspectiva con lo analizado para los Servicios y Empresas Públicas, el control del mercado sobre los medicamentos, su fabricación, desarrollo e innovación impone riesgos en términos de acceso y goce del derecho a la salud y podría incluso contravenir el goce de ciertos derechos sancionados y regulados por ley, que buscan garantizar la autonomía de las mujeres en las decisiones sobre sus propios cuerpos. En el marco de una emergencia sanitaria como la que vivimos actualmente, es clave considerar el papel de la propiedad intelectual y las tensiones que se generan por la apropiación y control del conocimiento que ejercen empresas transnacionales y el norte global.
Las agendas de libre comercio también vienen incorporando la agenda de género. Sin embargo, más que incorporar la agenda, lo que hacen es maquillar de rosa acuerdos comerciales con implicancias mayúsculas para la vida de las mujeres. Esta forma de maquillaje busca presentar los beneficios del libre comercio para las mujeres, una suerte de narrativa de falsas soluciones para las mujeres.
Los capítulos de Género y Comercio hacen parte de los compromisos de política “blanda” que incorporan los acuerdos comerciales. Junto con los capítulos sobre “Desarrollo Sostenible y Comercio” o los capítulos sobre materias de empleo (“Capítulo Laboral”), intentan vender una cara más humana para estos instrumentos a través de la inclusión de agendas que son parte de debates efervescentes en nuestras sociedades. Al mismo tiempo, son expresión de una narrativa que privilegia las soluciones mercantiles frente a las soluciones cooperativas y comunitarias.
El impulso que la agenda feminista ha ganado en nuestros países es incuestionable. La terrible realidad sobre la violencia sistemática que viven las mujeres –consecuencia indirecta y directa de la desigualdad que sostiene al sistema- está por completo invisibilizada en los capítulos sobre Género y Comercio. Incluso, en los casos en que existen menciones a estas desigualdades y violencia no se explicita la causa de las mismas ni tampoco se consideran mecanismos vinculantes que atiendan las formas en que los instrumentos contribuirán (o no) a cambiar la realidad de las mujeres. Son por tanto, agendas accesorias, atractivas desde lo discursivo y completamente inocuas en su impacto.
Las agendas comerciales desconocen sus impactos en terrenos alejados de los indicadores clásicos de la micro y macroeconomía. Las mediciones y estimaciones sobre los beneficios de estas agendas comerciales jamás consideraron impactos sociales en el sentido comprehensivo e integral del término: no se cuantifica la forma en que estas agendas cambiarán la vida de las personas más allá de las estadísticas en cuanto a empleo o aumento del producto interno bruto. Con esto, se invisibilizan impactos negativos que están fuertemente asociados a las poblaciones más vulnerables como la población de menores recursos, poblaciones rurales, mujeres, poblaciones indígenas, niños y niñas, entre otras.
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Este artículo fue realizado con extractos de tres publicaciones recientes (disponibles en español) que abordan estos temas: “Las recetas de las nuevas agendas comerciales y sus impactos. No hay lugar para la justicia ambiental en la agenda del capital transnacional”, “Las agendas del libre comercio y el impacto en las mujeres: apuntes para pensar la construcción de un feminismo popular” y “El poder sistémico que ejercen las Empresas Transnacionales y las agendas del libre comercio: apuntes para construir movilización y resistencia”
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Natalia Carrau, integrante de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay. Licenciada en Ciencia Política, especialista en agendas comerciales, empresas transnacionales e inversiones.
