Hace un año y un mes, elaboramos un informe “Líbano: Infierno en julio”, para analizar qué estábamos pasando en ese momento. Al parecer, todavía no sabíamos qué era el infierno. Mientras países de todo el mundo enfrentaban numerosas crisis económicas y ambientales, como resultado de la pandemia del covid-19, del capitalismo y del calentamiento global, el Líbano también se vio afectado por otros dos desastres: el colapso económico y la explosión en el puerto de Beirut.
Cuando nos referimos al “colapso económico”, el término es diferente a la crisis económica que vive el resto del mundo, en el sentido de que es un escenario resultante de las destructivas políticas económicas neoliberales que devastaron la economía libanesa después de la guerra civil de 1975-90, encaminando el país hacia una economía rentista improductiva dependiente de los sectores de servicios financieros, turismo e inmobiliario. Todas estas acciones se llevaron a cabo con el respaldo, participación y usufructo de todos los partidos políticos en el poder. Este contexto llevó, según el Banco Mundial, a uno de los tres peores colapsos económicos jamás registrados en el mundo y el peor en la historia del Líbano. Las políticas neoliberales y el sistema económico rentista hicieron que el valor de la libra libanesa cayera más de diez veces en un año: de 1.500 libras libanesas, el dólar llegó a cerca de 20.000. Otro efecto de las políticas neoliberales fue la ruina de las instituciones estatales, por la reducción de los subsidios proporcionados por el Estado, la usurpación de su riqueza y el aumento de la concentración del poder en manos de la clase dominante, dejando abandonados a la clase trabajadora y a los marginados en el enfrentamiento del Ghoul del libre mercado y el capitalismo implacable. En un país donde el salario mínimo ronda los quince dólares, la ex vice primera ministra Zeina Akar, los ministros y el actual gobernador del Banco Central del Líbano (Banque du Liban) se reunieron el mes pasado para discutir la eliminación de los subsidios a los combustibles, aumentando así el precio del combustible a veinte dólares el galón.
Es posible ver el resultado de este colapso en los medios de comunicación locales e internacionales que muestran las humillantes filas en las gasolineras debido a la interrupción del suministro de gasolina y diésel. Además, la escasez de electricidad y medicinas hace que la vida sea casi insoportable y el trabajo imposible en el Líbano para quienes todavía tienen trabajo. Al mismo tiempo, el precio de los alimentos ha subido más de un 400% en solo un año. En un año, la clase trabajadora se encontró por debajo de la línea de pobreza. Un informe de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental (CESPAO) advirtió que más del 55% de la población del Líbano se ha vuelto “pobre”.
Mientras tanto, las refugiadas y los refugiados se vieron obligados a depender cada vez más de instituciones y organizaciones internacionales. Las condiciones de vida de la población siria y palestina se han deteriorado drásticamente en el último año, ya que el colapso económico dificultó la búsqueda de empleo y contribuyó a la creación de condiciones laborales con aún más explotación. Además, un gran número de personas refugiadas vive bajo presión en campamentos superpoblados o en barrios que carecen de infraestructura, seguridad y alcantarillado. En otro informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East – UNRWA, por su acrónimo en inglés), queda claro que los refugiados tienen tres opciones en el Líbano: morir por el coronavirus, por el hambre o por el mar, en el intento de buscar “ilegalmente” una vida mejor.
Mientras las mujeres son las más afectadas por la pandemia y por el colapso económico actual, las refugiadas y las trabajadoras migrantes sufren aún más. Las refugiadas palestinas y sirias en el Líbano se han visto privadas de sus derechos económicos básicos durante años, además de muchas otras formas de explotación y racismo. Mientras tanto, la ayuda de las organizaciones internacionales se ha reducido a bonos de alimentación sin ningún valor. El país ha sido testigo de la inmensa injusticia que afecta a las trabajadoras migrantes, principalmente a las que trabajan en el ámbito doméstico. Además de sufrir las condiciones inhumanas del sistema de kafala[1], esas mujeres ahora se ven obligadas a valerse por sí mismas al sufrir desalojos ilegales con el pretexto de la crisis económica.
Por otro lado, la infraestructura del Estado, responsable de asegurar una vida digna, con educación, vivienda y atención médica para la población más marginada, está se colapsando. En su investigación “Vivienda como cuestión feminista”, Public Works Studio mostró el grado de deterioro de la seguridad habitacional para las mujeres en el Líbano y la invisibilización del derecho a la vivienda, especialmente para las mujeres mayores, las trabajadoras inmigrantes y las refugiadas que viven en áreas más afectadas por la explosión en el puerto de Beirut. Un informe de Housing Monitor reveló que, en los meses de mayo y junio, de 110 amenazas de desalojo, 33 se registraron contra mujeres que vivían solas.
En el ámbito de la salud, además de los temores sobre una nueva ola de casos de covid-19 y la eventual incapacidad de los hospitales para satisfacer la creciente demanda, la salud sexual y reproductiva de las mujeres también se ve afectada. Esta zona sufrió un desmantelamiento por la falta de inversiones y la renuencia del Estado a cubrir cirugías y apoyar con medicamentos, toallas sanitarias y anticonceptivos. De hecho, los anticonceptivos desaparecieron del mercado y las toallas sanitarias llegaron a costar 20 veces más durante el último año. Como exponen las investigaciones, el colapso económico, la explosión en el puerto de Beirut y la pandemia del covid-19 se combinan con tantas otras crisis, como los incendios forestales de 2019 y conflictos ocasionales marcados por el racismo, el sectarismo y la discriminación por región y clase.
Este escenario provocó un importante deterioro psicológico en la población, y más aún en las mujeres refugiadas. El colapso de la infraestructura y la escasez de diésel también afectaron la infraestructura necesaria para la atención de la salud mental: el servicio telefónico de apoyo a la prevención del suicidio, esencial para evitar la pérdida de más vidas, se encuentra actualmente amenazado por la crisis energética.
En sintonía con la crisis económica, la clase dominante – representada por ministros y diputados, líderes de partido, banqueros y el gobernador del Banco Central del Líbano – se niega a cambiar las políticas económicas y liberar el dinero de la población, confiscado por los bancos. En ese momento en que la libra libanesa está extremadamente devaluada frente al dólar, las autoridades interpretan la realidad con mentiras y análisis surrealistas, con argumentos basados en información distorsionada: culpan a las refugiadas y refugiados por la crisis, acusan a la población de “almacenar dólares” en casa e inventan la existencia de una conspiración global contra el Líbano.
Si bien parece ser una victoria para la clase trabajadora, mujeres y comunidades marginadas, el fracaso de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no es una buena noticia: la clase dominante no ofrece mejores soluciones.
Al adherirse al modelo capitalista neoliberal, la clase dominante intenta sacrificar más grupos para preservar sus logros y privilegios, rumiando cada día nuevas mentiras, movilizando su base de manera sectaria, racista y clasista.
No existe una solución inmediata para el Líbano, y quienes sufrirán más son las personas que ya sufrieron todas las formas de explotación. Esto significa que el colapso actual es una crisis que siente toda la sociedad en el Líbano, pero son la clase trabajadora, las mujeres, la población marginada y las refugiadas y los refugiados quienes sienten los efectos de múltiples maneras y más fuerte. Es un colapso que está destruyendo las formas y redes de protección, cooperación, solidaridad y permanencia que estas comunidades han construido a lo largo de los años con mucha lucha.
Hoy, todas estas comunidades enfrentan desafíos antes desconocidos, y el Estado desapareció cuando se hizo más necesario, empujando a la población más afectada en una única dirección: la explotación de unos por otros. El Estado es responsable de todo lo que enfrentamos hoy, principalmente de destruir la unidad y la solidaridad entre la clase trabajadora, las mujeres, la población marginada y las personas refugiadas.
[1] Kafala es un contrato de trabajo abusivo en virtud del cual los trabajadores migrantes deben ser patrocinados por un ciudadano libanés para permanecer en el país, sometiéndolos al control total de sus empleadores. El empleador tiene derecho a confiscar la visa de trabajador y es responsable de mantener a la persona en situación legal en el país, eximiéndola de garantizar derechos laborales como salario mínimo, jornada máxima de trabajo, vacaciones y horas extras.
Jana Nakhal es urbanista, militante de la Marcha Mundial de las Mujeres en el Líbano y integrante del Partido Comunista Libanés.
