Resistir a la megaminería es una tarea diaria de las comunidades campesinas e indígenas de Perú y de muchos otros territorios de América Latina.
En este mes de enero de 2022, organizaciones populares peruanas realizamos un paro demandando la retirada del proyecto minero AntaKori en la zona de Sinchao, distrito de Chugur-Cajamarca, donde la empresa Anta Norte, con fondos canadienses de la empresa Regulus Resources, viene realizando actividades. El paro se inició el 17 de enero y finalizó temporalmente el 25 de enero, tras la visita de una comisión de gobierno a la zona. Con la presencia de autoridades estatales a nivel nacional, regional y provincial, y de más de tres mil personas, entre hombres, mujeres y niños, se realizó una asamblea popular.
Se exigió a esa comisión que saquen la empresa minera de nuestro territorio, expresando nuestro rechazo contundente al extractivismo.
Ante nuestra presión hacia las autoridades, exigiendo que se paralicen las actividades mineras, la comisión indicó que realizará estudios de impactos técnicos y sociales. Todavía no vemos eso como una victoria, porque sabemos que la empresa y los poderes involucrados intentarán justificar la acción minera. La comisión está conformada por alcaldes, por ronderos, dirigentes y dirigentas de los comités de defensa de los poblados.
Cuestionamos que ingresen las transnacionales a nuestros territorios sin consulta previa y sin el derecho a decidir de nuestras comunidades. Desde 2010, Regulus Resources insiste en ingresar al territorio sin consulta social. Entre gallos y medianoche, durante el contexto de la pandemia, la empresa minera ingresó en el territorio en el año 2021. Como producto de esta perforación, se están generando graves daños ambientales.
La minería destruye la naturaleza y los modos de vida
El agua de la región donde la empresa pretende instalar el proyecto corre a la cuenca de Chancay Alto, pasa por Lambayeque y llega hasta Chiclayo. Esta es la única cuenca aún no contaminada. Esta cabecera de cuenca abastece de agua a todo el litoral, que va hacia el norte, en Lambayeque. Estaría afectando gravemente tanto a la agricultura como a la salud de miles de personas en todo su recorrido.
La contaminación por los proyectos de extracción ya ha generado la muerte de por lo menos 17 mil truchas. Los pastos se están secando, al ganado se le cae el pelaje, de igual manera las ovejas no están teniendo leche y otros animales se están muriendo. Nos contaba una dirigente mujer: «vendíamos la leche, ahora ni siquiera la quieren porque dicen que tiene metales pesados. Entonces prácticamente la leche ya no es fuente de ingresos para nosotros.» Se ha encontrado la presencia de plomo en los niños y niñas. Hay cerca de 372 niños y niñas y personas con metales pesados en el cuerpo, según los informes del Ministerio de Salud en 2016. Estas aguas están contaminando a la gente y a la naturaleza. Por eso, la gente no acepta más minería.
La fiscalización de las contaminaciones es débil porque las instituciones del estado y todo el marco normativo se encuentran a favor de las empresas. Desde el gobierno de Fujimori hasta los últimos presidentes, la tendencia fue la de flexibilizar todas las normas ambientales y de fiscalización a las empresas.
La organización del paro
El proyecto de AntaKori ya está en la cuarta etapa de exploración, planificando cómo iniciar la explotación. Las y los comuneros de ese lugar y de los distritos cercanos hemos votado que no estamos de acuerdo y se nos hemos puesto en pie de lucha.
El 8 de enero, acordamos sobre cómo vendría a ser nuestro paro. El 17, las organizaciones tomamos la entrada del proyecto minero. El paro ha sido iniciado por más de cuarenta organizaciones, como las rondas campesinas, los comités de defensa, los pobladores, bien como la sociedad civil de los centros poblados y de las comunidades cercanas.
Esta lucha no está organizada solo desde ahora. No es que ayer nuestras comunidades decidieron levantar un paro. Es importante recordar que, desde 2000 y mucho más antes, hemos estado articulando nuestras luchas en defensa del agua, la tierra y el territorio. Un caso destacado fue el de la empresa minera Manhattan en Tambogrande. Debido a la presión popular, logramos sacar a la minera del territorio y se hizo la primera consulta ciudadana de América Latina, em 2002. Nuestra articulación continuó con el caso del proyecto Conga, cuando nuestro comando unitario reunió comunidades, rondas y diferentes territorios que estámos en resistencia frente al extractivismo, y que defendió las mujeres y hombres criminalizados por luchar y defender nuestra agua, cuerpos, tierra y territorios.
Ahora, al mismo tiempo que ocurría el paro, otras movilizaciones se dieron en la región, como en Lambayeque y Cajamarca. En Lambayeque, nuestra movilización ha denunciado la contaminación del agua con arsénico, plomo y otros metales pesados que vienen del proyecto minero La Zanja. Las movilizaciones en contra de la acción de las empresas mineras también se están haciendo a nivel nacional, como en el Corredor Minero del Sur.
Feminismo para defender la vida
Las mujeres nos movilizamos por la vida, pero también porque toda nuestra producción y nuestros medios de vida se ven afectados por la minería. La participación de las mujeres en estas resistencias es importantísima, pero no podemos negar que existe el machismo y el patriarcado. Todavía son los hombres quiénes lideran los procesos de lucha, pero hay un fuerte grupo desde las mujeres –particularmente desde la Marcha Mundial de las Mujeres– donde hacemos incidencia para generar procesos de despatriarcalización, incluso dentro de los mismos paros.
Impulsamos la participación activa de las mujeres, para que no seamos solamente nosotras las que hacemos las ollas comunes en los paros y las movilizaciones, sino que también lideremos la lucha y la resistencia desde nuestra diferentes comunidades.
Durante una actividad del paro, una compañera con su bebé pedía la palabra y le dijeron «no hay como hablar, no cabe en el tiempo.» Nosotras preguntamos «compañero, ¿cómo le va negar la palabra? ¡Sube, compañera!» Para las mujeres madres, la minería es inaceptable porque afecta a la salud e incluso a la alimentación de los niños y niñas. Tenemos que seguir insistiendo por la participación de las mujeres en los procesos de cambio.
Decimos a los compañeros que, si luchamos contra el extractivismo, contra la violencia de las transnacionales en nuestros territorios, y nos hermanamos en ello, también debemos defender conjuntamente la vida y los cuerpos de las mujeres.
Como feministas populares comunitarias, entendemos que las violencias que se ejercen sobre nuestros territorios son las mismas que se ejercen sobre los cuerpos de las mujeres. Las transnacionales mineras nos dividen y nos hacen enfrentarnos entre compañeras y compañeros utilizando el patriarcado y el machismo. En los diferentes espacios con nuestros compañeros, practicamos la educación popular, que también se da a través de nuestras escuelas populares. En ellas, debatimos los temas del feminismo, pero también la misma lucha, el mismo paro se vuelven un escenario de debate y disputa.
Hay que cambiar el modelo
Esa movilización popular se hace también en un contexto de militarización y de criminalización de la protesta. Mismo en el nuevo gobierno de Pedro Castillo, la Policía Nacional sigue siendo escudera de todas las empresas transnacionales.
Pedro Castillo está más alineado con las luchas campesinas, indígenas y territoriales, pero las reglas del juego no han cambiado. Lo único que hay son más mesas de diálogo, pero los acuerdos no pueden ser sostenidos porque no hay revisión de contratos con las empresas. De por medio está la vida, y sin agua no hay vida.
Las empresas mineras están contaminando nuestros territorios, nuestras aguas y nos están matando lentamente.
Perú sigue con un modelo económico extractivista. Eso no ha cambiado porque, para que cambie ese modelo, es necesario hacer una nueva Constitución política. Nosotras seguimos viviendo, resistiendo y luchando bajo la Constitución que hemos heredado del ex-dictador Fujimori, quien entregó todo el territorio nacional a las empresas transnacionales y dió la mayoría de las concesiones a las corporaciones mineras.
«Ustedes no se preocupan por nosotros, por lo contrario, ustedes se preocupan por generar recursos e ingresos», decían las compañeras sobre las autoridades en la asamblea. «Dicen que si no hay mina, no hay trabajo. ¿Y de qué nos vale ganar un saco de oro si sabemos que esta plata no va a alcanzar para nuestra vida, ni siquiera para nuestros hijos?»
Hemos vivido este mismo escenario durante 30 años: el despojo sistemático de las tierras de las comunidades campesinas, ancestrales e indígenas en todo el país. La mina más grande del Perú, Minera Las Bambas, en el sur, tampoco tiene consulta previa. Todos los meses la población se moviliza y sus acuerdos no son respetados. Las mineras se burlan de los acuerdos, los incumplen y el gobierno sobrelleva.
No queremos extractivismo en nuestros territorios, queremos que cambien las reglas del juego. Estamos impulsando procesos de asamblea constituyente desde las comunidades. Necesitamos un proceso de asamblea constituyente popular, paritario, plurinacional y soberano, porque queremos garantizar la participación y las voces de nuestros pueblos indígenas, afrodescendientes y de las mujeres. Queremos una nueva Constitución que defienda los derechos del pueblo, de las mujeres y de nuestra diversidad, que respete los derechos de la naturaleza y que nos garantice la libertad para decidir si queremos o no queremos minería.
Aurora Portal, Lourdes Contreras y Rosa Rivero forman parte de la Marcha Mundial de las Mujeres en la región Macronorte de Perú.
