El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica y, al mismo tiempo, uno de los países con mayor densidad de población de América Latina. Actualmente, el gobierno es dirigido por el presidente Nayib Bukele, del Partido Nuevas Ideas, quien logró enorme popularidad a partir de sus supuestas críticas contra la corrupción de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, de derecha) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, de izquierda). Su campaña multimillonaria de odio fue acompañada de una persecución política contra los exfuncionarios de gobiernos del FMLN. Ha iniciado una persecución contra las ONGs que han recibido fondos públicos para su funcionamiento y que han sido tildadas de corrupción y de fachadas sin evidencias verídicas.
En las elecciones legislativas de febrero de 2021, Nuevas Ideas ganó la mayoría calificada de diputados (56 de 84 diputaciones). Actualmente, el país pasa por momentos de tensión social y política. En el 1 de mayo, día de la toma de posesión del nuevo parlamento, se destituyó abrupta e ilegalmente a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal de la República, sustituyéndolos por nuevos funcionarios leales al actual gobierno.
Se configura una centralización del poder emanada por el ejecutivo, poniendo en peligro a la incipiente democracia construida en el país a partir de la firma de los acuerdos de paz en 1992.
Las múltiples crisis
Desde hace varias décadas, El Salvador transita por diversas crisis que se entrelazan y se potencian. La crisis social, ambiental y económica se ha sumado a la crisis de salud provocada por el COVID-19, generando un impacto profundo en las economías locales. Grandes sectores de la población han perdido sus medios de vida, y la precariedad y la pobreza extrema fueron incrementadas. Los hospitales, sin capacidad para atender a las personas con COVID-19, han tenido dificultades para cuidar a las personas que padecen otras enfermedades.
Las clases en línea significaron para las madres un sobrecargo de trabajo debido a que asumían un doble rol, incluyendo el rol de maestras. Según el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de enero a junio 2020 se experimentó una reducción de 69,118 empleos formales. Antes de la pandemia, una de cada tres mujeres tenía un empleo, pero ante el cierre de guarderías, escuelas y actividades económicas, la cifra es aún más baja. La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador estima que el 50% de los empleos formales fueron afectados por el cierre de actividades, impactando con más fuerza a grupos de menores ingresos, por lo que se estima un retroceso de dos décadas de esfuerzos de combate a la pobreza. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) estima que el endeudamiento del país superará el 92.6% en este año.
El crecimiento de la violencia
Ante toda esta realidad, las mujeres han tenido que soportar diferentes formas de violencia: la del COVID-19, las violaciones y la violencia machista, además de la violencia institucional ejercida por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Se registran alzas de homicidio y especialmente de feminicidios en todos los puntos del país. Mientras eso, el gobierno hace caso omiso y publica el “éxito” del plan de control territorial.
La cuarentena domiciliar provocó que niñas, jóvenes y mujeres convivieran con sus agresores las 24 horas del día. El Ministerio de Salud indica que en el primer trimestre de 2021 se han registrado 138 embarazos en niñas entre 10 a 14 años y 3,555 en adolescentes de 15 a 19 años. De enero a abril de 2021 la Mesa Técnica Interinstitucional para la Conciliación de Cifras de Víctimas de Homicidios y Feminicidios registró 47 feminicidios, y la Fiscalía General de la República reporta 96 mujeres desaparecidas solo en los dos primeros meses de 2021. Uno de los casos de desaparición más escuchado fue el caso de Flor García, encontrada en un botadero de ripio en Cojutepeque. La familia insistió por meses a las autoridades para que dieran con el paradero de Flor, y realizó una campaña mediática que fue escuchada a nivel nacional e internacional.
Otro hecho que causó indignación y temor en la población fue el descubrimiento de varios cementerios clandestinos. El más sonado es el ubicado en el municipio de Chalchuapa, por la gran cantidad de osamentas encontradas. La fiscalía y la policía declararon que los cuerpos encontrados corresponden en su mayoría a mujeres, sumando más alzas de feminicidios en el país. Un ex agente policial identificado con el nombre de Hugo Ernesto Osorio Chávez fue acusado de haber cometido los crímenes.
El Salvador tiene una alta tasa de homicidios: hasta marzo del 2021, la tasa proyectada fue de 19.7 por cada 100,000 habitantes. De acuerdo a la narrativa del gobierno, los homicidios en el país se han reducido en un 65%, producto de la implementación del plan de control territorial. Sin embargo, las extorsiones y otras formas de violencia se mantienen intactas y pareciera que las pandillas siguen teniendo el control de diversos territorios, en un posible pacto con el gobierno. Consideramos que se están implementando otras formas de delincuencia, especialmente la desaparición de personas, en su mayoría jóvenes, que con el tiempo aparecen asesinados.
El pueblo salvadoreño se levanta por una economía para la vida
Con mayoría calificada, el presidente ha presentado varias iniciativas de ley a la Asamblea Legislativa, como la propuesta de “la ley del bitcoin”, que fue aprobada y entró en vigencia el 7 de septiembre de este año.
El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar la criptomoneda a nivel mundial. Se creó una aplicación llamada Chivo Wallet, la cual genera desconfianza e inseguridad, pues vulnera información privada de los usuarios. El uso de esta aplicación requiere servicio de internet y la gran mayoría, especialmente de las zonas rurales, no tiene acceso. En pocas palabras, esa moneda virtual no es para la mayoría de los salvadoreños. El bitcoin puede fomentar ataques especulativos que lleven a un caos en el sistema monetario salvadoreño, afectando posiblemente el valor de los ahorros, las pensiones o los salarios. El tema ha levantado el descontento de la población.
Bukele logró capitalizar el descontento a la clase política tradicional, pero sus acciones antidemocráticas son ahora el catalizador de una ciudadanía que estuvo dispuesta a salir a las calles para protestar.
Al vicepresidente Félix Ulloa se delegó la tarea de desarrollar la nueva propuesta de reforma a la Constitución de la República. Con eso, buscan la separación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, bien como reformar las elecciones de segundo grado y revisar el funcionamiento del sistema electoral y los plazos de los mandatos. Para aprobar una reforma constitucional, se necesita que una legislatura lo apruebe y otra legislatura lo ratifique. Los cambios a la Constitución se ratifican por medio de una consulta ciudadana.
Por eso, la marcha del 15 de septiembre fue la más grande de los últimos 30 años, impulsada por diversas organizaciones y personas de todos niveles sociales.
Hace un año, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRRP) no existía. Nació en respuesta a las acciones represivas del actual gobierno de Nayib Bukele. En meses ha logrado unificar, bajo una sola causa, las banderas de 36 organizaciones, entre las que se destacan sindicatos, asociaciones de jueces, estudiantiles, feministas y sector agropecuario.
En la marcha del 15 de septiembre se sumaron los «jueces de la Constitución», decenas de jueces de la República indignados por el decreto 144 que despidió, de un plumazo, a todos los jueces mayores de 60 años de edad o con más de 30 de experiencia, lo que significa un tercio de los jueces del país.
Esta fue la primera marcha exitosa de esa organización, a la cual se sumaron más de 20 mil personas. El mismo día por la tarde, fue transmitido en cadena nacional el acto comandado por Nayib Bukele en conmemoración del Bicentenario de la Independencia, un mensaje pregrabado, un performance estilizado y con rigor militar. En su intervención atropellada, Nayib dedicó algunas palabras a la marcha: la llamó política y la redujo a vandalismo.
El 17 de octubre, se llevó a cabo la segunda protesta en contra de Bukele. El gobierno trató de frenar la marcha del pueblo utilizando a la Policia Nacional Civil (PNC), que detenía arbitrariamente a los buses que se desplazaban desde el interior del país para unirse a la protesta. Al menos 21 retenes interceptaron los buses en los que se transportaban los manifestantes desde zonas como Chalatenango, Suchitoto, Sonsonate, Izalco, Ilopango e incluso dentro de San Salvador. Los retenes cercaron la capital y, según testimonios de personas afectadas, tenían como objetivo demorar la llegada de los manifestantes: «a todos nos registraron. A todos nos bajaron. Nos pusieron manos arriba. Nosotros, prácticamente, vemos que regresamos a los años 80, cuando los cuerpos represivos Guardia Nacional y Policía de Hacienda hacían este tipo de represalias contra la población… Dice el presidente que no hay dictadura, pero hay represión.»
A pesar de estos fallidos intentos de detener la marcha, esta se convirtió en la segunda gran marcha contra el gobierno de Bukele.
A ella se sumaron las exigencias de los lisiados de guerra, cuya situación se ha vuelto más inestable, ya que el retraso por más de un año en el nombramiento de la nueva presidencia del Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados (FOPROLYD) ha generado retrasos en los servicios y beneficios. La mayor parte de personas lisiadas de guerra son personas mayores que viven de la agricultura o de la economía informal, y que por varios meses no obtuvieron atención médica adecuada ni ingresos más que la pequeña pensión que en los gobiernos pasados les otorgó el Estado.
En ese tiempo con tantas desapariciones y con la pandemia, las familias y comunidades vienen pasando por un luto, un dolor colectivo. La situación de represión predomina, y por eso hay mucho temor de manifestarse. Desunidas o solas, somos muy débiles. Necesitamos juntarnos todas y todos y fortalecer alianzas, entre movimientos ambientales, feministas, de agricultoras y agricultores.
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Ana Isabel López vive en San Salvador, es militante del Movimiento Salvadoreño de Mujeres, que forma parte de la Marcha Mundial de las Mujeres en El Salvador.
