Jujuy es la provincia más norteña de la Argentina, en el límite con Chile y Bolivia. Es gobernada por la coalición de partidos de centro y derechas Juntos por el Cambio, en alianza con uno de los partidos centenarios de Argentina, la Unión Cívica Radical. En Jujuy hay hambre y los salarios se encuentran por debajo de la línea de indigencia. Por eso, esta vez, el paro docente tuvo tanta adhesión, involucrando a las escuelas primarias, la educación media y superior, con los sindicatos, la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) y el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS).
Durante el primer día de paro (05/06/2023), en asamblea, se resolvió continuar con la medida por tiempo indeterminado. La mayoría de las participantes de la movilización son maestras. Al tercer día, se sumó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El personal de salud de los hospitales llamó un paro de 72 horas en reclamo de la suba de salarios.
Desde que se inició el conflicto, no hubo un día en que las y los trabajadores abandonaran la calle y dejaran de sostener un estado asambleario permanente que se fue extendiendo al resto de la provincia.
El apoyo social fue creciendo día a día, por casi diez días. Al salir masivamente, las y los docentes han sido la vanguardia de un pueblo que está cansado de ver vulnerados sus derechos.
Histórico de represiones
Cuando asumió gobernador Gerardo Morales en diciembre de 2016, con diez días de gobierno encarceló a Milagro Sala, la referente de la Túpac Amaru, organización territorial más grande de Jujuy. Morales siguió criminalizándola, y no pierde oportunidad de manifestarse a favor de la explotación de los bienes naturales, la extranjerización de recursos y en contra de las protestas sociales. Sus posicionamientos son parte de su campaña, ya que tiene aspiraciones presidenciales para octubre de 2023. Durante estos últimos ocho años, fueron escasos los reclamos y movilizaciones, con conflictos gremiales aislados de docentes, mineros, municipales y otros.
Después de la pandemia, aumentaron los conflictos entre el Estado, trabajadores y comunidades. La represión como respuesta a las luchas territoriales también comenzó a crecer. El autoritarismo de Morales se hizo presente durante el 8 de marzo de este año sobre las compañeras que manifestaban en la plaza central de San Salvador de Jujuy bajo la consigna “La deuda es con nosotras”.
Contra una reforma antidemocrática
Junto con el reclamo por salarios, se sumó el rechazo a la reforma constitucional de Jujuy, que los convencionales reunidos estuvieron debatiendo a puertas cerradas. Los dos partidos políticos mayoritarios –Juntos por el Cambio/UCR y Partido Justicialista– tienen mayoría, pero ni siquiera mostraron el texto de la propuesta a oradores invitados.
En la mitad de junio, los constituyentes de izquierda y representantes del kirchnerismo renunciaron, pero quedó el resto del PJ avalando una reforma ilegítima. El jueves (15) por la noche, aprobaron de espaldas al pueblo, mientras en San Salvador y todas las ciudades de la provincia se realizaban masivas marchas de antorchas, um rasgo característico de las protestas argentinas.
El rechazo a la reforma movilizó a sectores de las clases populares y de las clases medias. Los docentes de la provincia, que llevaban adelante el paro por tiempo indeterminado, trabados en una dura negociación por sus salarios, fueron los primeros en continuar en conflicto. Son ellos los que están hace más tiempo en la calle. Pero, a medida que se fue conociendo el contenido de la reforma constitucional, se sumaron otros gremios y organizaciones.
En líneas generales, la reforma condensa el poder en el Ejecutivo, afecta derechos de las comunidades originarias y derechos colectivos, como el de protesta. En provincias como Jujuy y Salta, donde fue sancionada un ley que veda el derecho a manifestar, va en aumento la conflictividad con la expansión de actividades extractivas, lo que explicaría la falta de debate público y el apuro en la sanción de la reforma.
Quienes luchan en Jujuy hoy
El miércoles (14), comunidades indígenas decidieron salir caminando desde la localidad de Abra Pampa, la Puna, hacia San Salvador, a 210 km de distancia. Con temperaturas heladas, emprendieron la marcha, parando en Tilcara y en Yala a dormir. Llegaron el viernes por la mañana, donde los recibieron cientos de docentes a los costados de las rutas y en la Ciudad de San Salvador.
El viernes (16), una comisión intergremial realizó un paro general, que tuvo alto acatamiento. La población en masa decidió congregarse en la capital jujeña, conformando una marcha de más de 15 cuadras, con cantos, expresiones culturales, artísticas, con letras populares y con muchos instrumentos que aportaron los docentes de música.
El último martes (20), una manifestación multisectorial ocurrió mientras el gobernador presentaba la Constitución reformada, en un teatro ubicado en el centro de Jujuy. Y las acciones se siguieron, con un paro nacional docente de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), un paro nacional de trabajadores del Estado convocado por ATE, y una jornada nacional de lucha desde las centrales de trabajadores, con movilización a la Casa de la Provincia de Jujuy en Ciudad de Buenos Aires.
La Central de Trabajadores de Argentina – Autónoma (CTA Autónoma) alertó sobre la gravedad de “que se intenten utilizar instituciones democráticas para restringir la democracia. No lo queremos en Jujuy ni en ningún lado”.
Los cortes de ruta están siendo sostenidos centralmente por comunidades de los pueblos originarios. Las mujeres son las principales voceras de los reclamos. De un día para el otro, en medio del avance de la extracción de litio, se encontraron con un artículo de la propuesta de constitución reformada que impulsa el desalojo expeditivo de quien no tenga título de propiedad.
Entre las y los manifestantes también hay docentes rurales, que reclaman desde hace años por títulos de tierras, en contra de la minería del litio y por el agua. A la cabeza de estas masivas movilizaciones marchan las mujeres de los pueblos, con su hijas e hijos. Todo el pueblo jujeño sabe que en el litio hay una fuente de riqueza enorme, pero que poco y nada llega al pueblo. Los megaproyectos económicos pertenecen a grandes transnacionales que atentan contra la naturaleza y la biodiversidad de las montañas. Ahora, además de la derogación de la reforma constitucional, se exige la renuncia de Gerardo Morales.
La represión es brutal. La policía disparó con balas de goma a la cara de los manifestantes, en una práctica que, hasta ahora, la Argentina no había tenido que lamentar.
Además, llevaron adelante la detención ilegal de más de 50 manifestantes, estudiantes, dirigentes sindicales, legisladores, hiriendo a abogados, periodistas y otros docentes, golpeándolos y trasladándolos sin dar explicaciones a sus familias.
La lucha sigue
Continúa el paro por tiempo indeterminado reclamando mejoras en el salario, con el gran apoyo de la ciudadanía que acompaña la lucha docente. Ante la represión, el avance en la reforma de la constitucional, la violación a la consulta y la prohibición de la protesta, la Asamblea Nacional de Pueblos de la Puna resolvió cortar de manera indeterminada todas las rutas nacionales que van a Chile y Bolivia. La medida solo se levantará con la restitución de la Constitución Provincial y la indeclinable renuncia del gobernador.
Organizaciones de derechos humanos nacionales también solicitaron con carácter de urgencia la suspensión de la reforma. La CTA Autónoma, junto a la Intersindical Feminista y otras organizaciones del campo popular, suscribieron un documento, según el cual “no hay democracia si se persigue y estigmatiza la protesta social, modo en que históricamente los pueblos organizados han conquistado sus luchas y derechos”. ¡Protestar no es delito! #JujuyResiste
Alicia Raquel Coca forma parte de la Marcha Mundial de las Mujeres em Argentina y la Central de Trabajadores de Argentina – Autónoma (CTA Autónoma).
