En 2011, en el IV Encuentro Nacional de la Conaq (Coordinación Nacional para la Articulación de las Comunidades Rurales Negras Quilombolas), en Río de Janeiro, se decidió realizar el I Encuentro Nacional de Mujeres Quilombolas, que tuvo lugar en Brasilia, en 2014. Desde este primer evento, el colectivo ha estado trabajando activamente en las deliberaciones políticas y en las tomas de decisiones relevantes para las mujeres quilombolas dentro del movimiento. En 2015, el movimiento de mujeres quilombolas se fortaleció en sus alianzas con la participación en la coordinación ejecutiva de la Marcha de Mujeres Negras, que se llevó a cabo el 18 de noviembre de 2015. De 2016 a 2018 se realizaron seis talleres nacionales de mujeres quilombolas contra el racismo, la violencia y por el buen vivir; más de mil mujeres participaron directamente en los talleres. Desde entonces, el colectivo de mujeres de Conaq ha colaborado y reforzado encuentros y actividades de mujeres negras en diferentes localidades del país.
Las mujeres quilombolas han asumido la tarea de establecer un intenso diálogo contra la violencia en los quilombos de Brasil, a partir de sus especificidades y de la coyuntura actual, que hace que esta violencia sea más frecuente y evidente. Nuestra búsqueda es señalar los desafíos de esta lucha, centrándonos sobre todo en las mujeres quilombolas.
No es nuevo que los derechos de las mujeres que luchan con su cuerpo en defensa de sus territorios, sean invisibilizados. Actualmente, vemos la formación de un preocupante escenario de retroceso de los derechos de los pueblos quilombolas, dentro de una ideología conservadora y fascista que ha encontrado ecos a nivel mundial. Esta crisis, que es sobre todo económica, implica aún mayor explotación y violación de la vida de las mujeres quilombolas. En los últimos años hemos observado un aumento de diversas formas de violencia contra ellas: feminicidio, sobrecarga de trabajo, privación de derechos sexuales y reproductivos, y aumento de la informalidad laboral. Este contexto tiende a agravarse con la crisis social reforzada por la pandemia del coronavirus y el paquete de reformas que impulsa el Estado. Pesará injusta y desproporcionadamente sobre las mujeres negras, especialmente las del campo, no solo las consecuencias de la crisis, sino también las soluciones que implementará el Estado para superar los problemas y recuperar la economía.
Lamentablemente, las violencias que sufren las mujeres quilombolas no ha disminuido, al contrario, continúan multiplicándose y diversificándose. La lucha por el territorio desempeña un rol central en la reivindicación de los derechos de los pueblos quilombolas, ya que del territorio depende el ejercicio de varios derechos fundamentales, como el acceso a la educación escolar quilombola, el libre uso y preservación de la sociobiodiversidad, el derecho a la producción agrícola tradicional y el derecho a la cultura.
El liderazgo de las mujeres quilombolas, por su parte, es central en la lucha política por el territorio, puesto que sostiene, protege y desarrolla el principal elemento de sustentación del quilombo: la colectividad.
Es en el contexto de la lucha por el territorio que se produce la violencia contra las defensoras quilombolas, en forma de amenazas explícitas, calumnias y difamaciones, además de intimidaciones a familiares. Estas prácticas de violencia impactan no solo a estas mujeres, individualmente, sino también al colectivo quilombola, ya que pretenden desestabilizar el liderazgo, la comunidad y, en consecuencia, la lucha por los derechos.
En Brasil, existe una estrategia institucional enmascarada de prolongar indefinidamente los procesos de titulación de territorios, asociada a la restricción de recursos presupuestarios. Así, además de impedir el ejercicio de varios derechos directamente relacionados con los territorios, la demora injustificada en el proceso de titulación perpetúa el contexto de violencia al que se ven sometidos los quilombos y sus defensoras.
Es, por tanto, urgente y necesario que se escuche a los quilombos, que sus demandas sean recibidas y que se tomen medidas para respetar los procesos de titulación y los derechos territoriales de los pueblos quilombolas, de lo contrario alimentaremos un ciclo extenso de violencias y vulnerabilidades sociales.
Los crímenes cometidos contra los quilombolas siguen marcados por la impunidad. Sobre todo, los casos de feminicidio son alarmantes. Casos en los que mujeres quilombolas víctimas de violencia tuvieron sus vidas aniquiladas, como Francisca Chagas, quilombola de Joaquim Maria, en el estado de Maranhão, asesinada en 2016, y Maria Trindade, del Quilombo Moju, en Pará, asesinada en 2017, requieren respuesta eficaz y acción rápida del Estado para detener el ciclo de violencia. Las mujeres quilombolas en posiciones de liderazgo han vivido bajo persecución política, amenazas de muerte y juicios criminales ilegítimos destinados a intimidar su lucha. Este es un contexto feroz de violencia con graves consecuencias para la salud física y emocional de las defensoras de derechos humanos quilombolas.
El avance de emprendimientos, obras, proyectos de desarrollo (como puertos y ferrocarriles), la especulación inmobiliaria (construcción de condominios y resorts) en territorios quilombolas y la presencia de personal militar en ciertos quilombos han restringido históricamente el libre ejercicio de derechos.
Hay muchos ejemplos de proyectos que generan conflictos por la propiedad, el acceso a la tierra, el uso y la preservación de los territorios, comprometiendo la autonomía de los quilombos y su supervivencia:
> la instalación de la base espacial Alcântara, la duplicación de la carretera BR 135 y la construcción de una línea eléctrica, afectando varios quilombos en el estado de Maranhão;
> los proyectos para la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas en diferentes territorios de quilombos como Kalunga, en Goiás, e Invernada Paiol de Telha, en Paraná;
> proyectos ferroviarios y portuarios, amenazando los quilombos Contente y Barro Velho, en Paulistana, en Piauí (construcción del ferrocarril Transnordestina) y en Santarém, Pará (construcción de puertos en el lago Maicá);
> proyectos de construcción de centrales nucleares en quilombos como Negros de Gilú, Poço dos Cavalos e Ingazeira, en Itacuruba, Pernambuco;
> la expansión de la agroindustria, impactando quilombos como Invernada dos Negros, en Campos, Santa Catarina; proyectos de construcción de proyectos inmobiliarios, como los que han afectado al Quilombo de Mesquita.
También es necesario señalar el impacto de los delitos ambientales cometidos por empresas, como el que sufrieron los quilombolas en la región de Brumadinho, en Minas Gerais, con la ruptura de la represa Vale en enero de 2019.
Esta ofensiva contra los derechos y la vida de las mujeres quilombolas, ya sea por iniciativas del Estado o por el interés de la expansión económica por parte de actores privados, está orquestada por dos conjuntos de violaciones fundamentales de los derechos de los pueblos quilombolas. El primero se deriva de la negación del derecho al título definitivo de propiedad del territorio. El segundo se refiere al incumplimiento del derecho a la consulta de los pueblos quilombolas, en total desacuerdo con el compromiso asumido por el Estado brasileño en el Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1989. En este punto, la violación de derechos es cómplice del retraso en la titulación de los territorios quilombolas, de los recortes presupuestarios y de la mala ejecución presupuestaria para asegurar los procesos de titulación, así como de los reordenamientos administrativos que dificultan las políticas de regularización de los quilombos. Cabe señalar aquí los cambios realizados por la Medida Provisional N.° 870/2019 y por la Instrucción Normativa N.° 1/2018 de la Fundación Cultural Palmares, que trata sobre los procesos administrativos de licenciamiento ambiental de obras en comunidades quilombolas.
Son condiciones previas para que las instituciones del Estado reconozcan las mujeres quilombolas como sujetos de derecho:
> medidas gubernamentales para garantizar la protección de las mujeres quilombolas;
> medidas efectivas contra los delitos violentos cometidos contra quilombolas;
> una política eficaz para defender a las mujeres quilombolas contra la violencia doméstica y otras formas de violencia de género;
> medidas efectivas para frenar el discurso racista, especialmente de las autoridades públicas, y el discurso de odio contra los quilombolas;
> garantía de continuidad y celeridad en la titulación de los territorios quilombolas y el derecho a la Consulta Previa, Libre, Informada y de Buena Fe de los pueblos quilombolas, con transparencia y acceso a la información.
En defensa de nuestros territorios, de la lucha y de la reivindicación por más visibilidad y derechos, y en defensa de la vida de quilombolas que han sido aniquiladas por todo Brasil, las mujeres quilombolas han actuado en diferentes contextos para afirmar: ¡vidas quilombolas importan!
Este texto fue publicado originalmente en el libro “Mulheres quilombolas: territórios de existências negras femininas”, organizado por Selma dos Santos Dealdina, publicado por la editorial Jandaíra en 2020.
Forman parte del colectivo de mujeres Conaq: Ana Carolina Fernandes, Ana Maria Cruz, Andreia Nazareno, Célia Cristina da Silva, Edna da Paixão Santos, Érica Monteiro, Geisiane Paula Pacheco, Greice Martins, Ingrede Dantas, Isabela da Cruz, Kátia dos Santos Penha, Laura Ferreira, Maria Aparecida Sousa, Maria Rosalina dos Santos, Maria do Socorro Fernandes, Nilce Pontes, Rejane Maria de Oliveira, Sandra Maria da Silva Andrade, Sandra Pereira Braga, Selma dos Santos Dealdina, Vercilene Francisco Dias y Valéria Carneiro.
