Desde la revuelta social iniciada el 18 de octubre del 2019, Chile vive un proceso de cambio político y social empujado por los movimientos sociales y la ciudadanía en general. Es una respuesta a una crisis de representatividad en la institucionalidad y un malestar social desde los sectores populares.
Los días 15 y 16 de mayo del 2021, Chile vivió un proceso electoral histórico, donde eligió representantes de los gobiernos locales y regionales –alcaldes/as, concejales/as, gobernadores/as– y sus representantes para la Convención Constitucional. La gran sorpresa de las jornadas fue el triunfo que obtuvieron los sectores de izquierda, progresistas e independientes. La Convención a cargo de escribir la nueva Constitución estará compuesta próximamente en un 80% por sectores críticos al modelo actual.
Antecedentes de la revuelta
La revuelta social ocurrida en Chile el año 2019 fue un momento de explosión de la acumulación de rabia y frustración ante las décadas de administración neoliberal, marcada por grandes desigualdades y políticas de criminalización de movimientos sociales. La precarización de la vida y la pobreza también son factores que llevaron a la revuelta social. El nuevo gobierno de Piñera ha agudizado la situación de desigualdad. El intento de aumentar el valor del transporte colectivo fue el punto de inflexión, que gatilló un malestar social acumulado de décadas.
Desde inicios del año 2000, había movimientos sociales enmarcados, como el movimiento estudiantil, el feminista, el No+ AFP[1], que planteaban respuestas a problemas sociales estructurales. Al mismo tiempo, aunque de manera más «silenciosa», se articulaban diversas organizaciones territoriales y locales que permitieron fortalecer el tejido social y hacernos llegar al escenario actual de movilización social.
El mayo del 2017, Chile vivió “la ola feminista”, que exponía el gran trabajo del movimiento feminista en el país . Gracias a la movilización de las estudiantes liceanas y universitarias, quienes se tomaron sus casas de estudios, la agenda pública se tensionó con temas que hasta entonces no se abordaban, como la violencia de las instituciones educacionales, la violencia de género en los territorios y los nulos avances en la materia. Paralelamente, en el sur de Chile se seguía militarizando Wallmapu[2] y tensionando la resistencia Mapuche y la recuperación de territorios ancestrales.
La articulación silenciosa en los territorios y de los movimientos sociales lentamente se fue visibilizando gracias a redes sociales y experiencias de comunicación local y comunitaria, ya que estos temas no entraban en las agendas noticiosas. Las movilizaciones de octubre del 2019 fueron acompañadas por un proceso de organización en asambleas, colectivos, cabildos y plazas. Eso permitió que los territorios discutieran sobre los problemas de fondo sufridos en Chile. Así, se logró determinar que la Constitución pensada, redactada y aprobada en dictadura era el principal mecanismo de sostenimiento de desigualdades. La Carta Magna de Pinochet había definido que el Estado chileno es subsidiario y no garante de derechos.
Después de todo ese proceso, la pandemia evidenció que, sin organización social y popular, es muy difícil sobrevivir dentro de este sistema. Por eso, las organizaciones territoriales forman una visión de qué futuro queremos para las mujeres y el país. Gracias al levante popular, actualmente hay una diversidad de formas de organización –redes, colectivos, cabildos, ollas comunes, etc– que tienen en común una lectura crítica hacia el Estado. El proceso ha sido una vuelta a reconstruir un tejido social que por años estuvo desarmado.
Un balance popular de las votaciones
El mecanismo de la Convención ocurrida en este mes de mayo tenía cuatro elementos centrales: la paridad de género, los escaños reservados para pueblos originarios, la hoja en blanco y la votación por mayoría cualificada (los acuerdos necesitan tener los ⅔ de votos). Los resultados obtenidos en la elección demuestran que la derecha ni siquiera es una fuerza política dentro la convención, una vez que obtuvieron 37 escaños (24% de votos), menos que el ⅓ necesario para confrontar las propuestas de sus oponentes. La derecha tendrá una capacidad de incidencia mínima, y es probable que las fuerzas progresistas ni siquiera tengan el desafío de negociar votos con ellos.
Entre los sectores progresistas, hay matices y trayectorias políticas distintas, pero están de acuerdo en negar el modelo de la derecha. Por otro lado, «no ser de derecha» no significa que su propuesta de Constitución vaya de la mano con temas como el aborto libre, el cambio en las leyes de inmigración o en la criminalización de movimientos. Los sectores de izquierda tendrán que ponerse de acuerdo en algunos puntos, respetando e integrando a los acumulados del feminismo, las diversidades, los pueblos originarios y migrantes.
El momento es clave pues, cuando se haga el llamado a constitución de la Convención, en aproximadamente un mes, se establecerá el mecanismo de funcionamiento de ella. Este 76% elegido desde las fuerzas de izquierda y progresistas pueden tomar las riendas y el control de la convención y establecer sus propios criterios de mandato.
Dentro de la Convención hay personas de pueblos originarios, electas dentro del escaño reservado, como la Machi[3] Francisca Linconao. Es una persona criminalizada por el Estado de Chile quien ahora va a redactar la nueva Constitución. Lo hará junto a otras mujeres mapuche, que dan una lucha histórica por la recuperación de tierras, la plurinacionalidad[4], la autodeterminación.
La mayor sorpresa en estas elecciones fue “La Lista del Pueblo”, que obtuvo el gran resultado de 27 escaños con muy poco dinero para campaña en comparación a los millones de pesos invertidos por la derecha. “La Lista del Pueblo” reúne a diversas personas independientes provenientes de territorios de todo el país. Las agrupaciones independientes fueron cuestionadas y criticadas por la política hegemónica, pero hoy la Convención está compuesta casi un 70% por independientes, que hacen trabajo en sus comunidades y conocen la realidad de Chile. Son mujeres mapuches, pueblos originarios, medioambientalistas, enfermos crónicos, feministas, trabajadoras y trabajadores.
Según los datos del Servicio Electoral de Chile, en estas elecciones solo votó el 41% de las personas habilitadas para votar. Entre los factores que explican la baja participación, están la poca difusión del proceso, los cambios a última hora en los locales de votación y la no creencia en cambios por mecanismos institucionales. El trabajo social y político fuera de los márgenes legalistas es tan válido y necesario como el realizado para cambiar la constitución.
Hacia dónde se quiere llegar
Con estas elecciones, el proceso histórico de cambios en Chile avanza. Desde las bases, desde las sedes comunales, asambleas y territorios populares, las organizaciones estarán activas para observar y vigilar el proceso político institucional, que vendrá a reforzar el trabajo popular. Hay una tarea compleja de monitorear y fortalecer las propuestas de las y los convencionales y garantizar el acceso amplio a la información.
No es necesario ser abogado constitucionalista para saber los cambios que Chile necesita; eso lo saben las personas. Se espera que esta nueva Constitución mejore sustancialmente la calidad de vida del pueblo en el futuro, cuando Chile vuelva a garantizar derechos tan básicos como el agua, la educación pública, la salud, la vivienda, los territorios libres de zonas de sacrificios y de violencia. Desde el feminismo hay reivindicaciones por cambios profundos para garantizar una vida libre de violencia, un sistema de cuidado comunitario, acceso a salud sexual reproductiva. En el proceso, la nueva Constitución deberá lograr la plurinacionalidad y recuperar las riquezas naturales y bienes públicos básicos quitados por este Chile neoliberal y extractivista.
El momento que Chile vivie se debe a la lucha constante que han dado personas en las calles y comunidades por cambios reales y estructurales que terminen con la precarización de la vida. No se puede olvidar que hay gente muerta, violentada, mutilada y encarcelada. Hay presos políticos de la revuelta que ni siquiera han tenido un juicio justo. Su liberación es parte del rol de la transformación democrática.
La creación de una nueva Constitución puede ser la oportunidad de formular un sistema político y económico más participativo y democrático. En Chile está todo por hacer, y enfrentarse a eso es una tarea de los pueblos que viven y sostienen el territorio.
Danixa Navarro y Rocío Alorda forman parte de la Marcha Mundial de las Mujeres en Chile. Danixa es profesora, Magister en Teorías de Género y Cultura. Rocío Alorda es periodista, Magister en Comunicación Política.
[1] No+ AFP es un movimiento social chileno que tiene como objetivo central terminar con el actual sistema de pensiones. AFP es como se llama al sistema de Administración de Fondos de Pensiones.
[2] Wallmapu significa, en Mapudungun, «territorio circundante». Es la denominación Mapuche para este amplio territorio originario donde se ubica Chile.
[3] Machi es como las comunidades Mapuche llaman a las autoridades religiosas, curanderas/os, consejeras/os, que son también liderazgos en la defensa de su pueblo, cultura y territorios.
[4] «Plurinacional» es la caracterización de un espacio (en este caso, el Estado) donde conviven diversos pueblos, naciones y etnias con respeto, reconocimiento e interculturalidad. La inserción de la plurinacionalidad en la nueva Constitución es una reivindicación para hacer visibles los diversos pueblos que habitan el territorio ante una identidad nacional única y restringida.
