La Unión de Comités de Mujeres Palestinas (UCMP) es una organización feminista, popular, civil y progresista fundada en 1980. Desde entonces, siempre ha luchado por construir una sociedad palestina civil, democrática y progresista, libre de toda forma de discriminación, en busca de la justicia. Tiene como objetivo mejorar la situación de las mujeres palestinas y empoderarlas para garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres y la justicia social para todos los sectores de la sociedad.
La unión es considerada una parte fundamental del movimiento nacional palestino que lucha por liberarse de la ocupación israelí. La organización lucha codo a codo los demás movimientos progresistas árabes e internacionales, contra la agresión de la globalización y contra todas las formas de discriminación e injusticia a las que está expuesto cualquier grupo social en el mundo, especialmente las mujeres.
En la UCMP creemos en el derecho de las mujeres en general, y de las mujeres árabes y palestinas en particular, de luchar por la libertad, la igualdad y la justicia social, afrontando los desafíos en todas sus formas y causas. Estos desafíos están representados por las restricciones sociales impuestas a las mujeres, que las privan de defender sus derechos; las prácticas de la ocupación contra los hijos e hijas de nuestro pueblo; y la representación estereotipada que marginaliza a las mujeres y su rol en la sociedad.
Nuestra visión se basa en la importancia del papel del movimiento feminista y en la necesidad de articularlo sensibilizando a las mujeres sobre los derechos que les son robados y la viabilidad de su lucha por la libertad y la justicia social.
Pero a pesar de la claridad de su visión sobre los derechos humanos, al considerar los derechos de las mujeres como un componente esencial para el pueblo palestino, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas tuvo y tiene que hacer frente a dificultades y desafíos que buscan exterminar su trabajo y su legado histórico de apoyo a la resiliencia de la mujer palestina. Estas dificultades están representadas en las diversas detenciones que sufrió la presidenta de la UCMP, la restricción de viajes, en el allanamiento contra voluntarias y el personal de la organización, la invasión de su sede y la manipulación de pruebas e incautación de sus bienes.
La UCMP se enfrenta a una campaña de difamación impulsada por la entidad colonial sionista, que ha calificado a la organización como terrorista. Las violaciones de esta brutal ocupación no se limitan a sus actos de violencia, los asesinatos, el desplazamiento forzado y el encarcelamiento de nuestro pueblo, sino que se extienden a nuestras antiguas organizaciones de derechos civiles. Estas siempre han sido consideradas como un organismo histórico y militante que expresa y defiende los derechos del pueblo palestino y los derechos de sus mujeres, niñas y niños.
El 19 de octubre de 2020, el así llamado ministro israelí de Guerra y Ocupación, Benny Gantz, anunció la clasificación de seis consolidadas instituciones palestinas de derechos humanos y de la sociedad civil como “instituciones terroristas”, en virtud de la Ley Antiterrorista israelí de 2016. El 3 de noviembre de 2021 también se emitió un decreto militar declarando a estas instituciones como “ilegales”, para extender los efectos de la resolución a los territorios palestinos ocupados.
Esta clasificación se enmarca en las continuas políticas de la ocupación para socavar y restringir todo lo que sea palestino, y desmantelar cualquier organismo de protección, defensa y apoyo al pueblo palestino, a sus mujeres, personas mayores y niños. Si bien esto no es más que una clara evidencia de la importancia de nuestro papel en la lucha contra las políticas de la ocupación contra nuestras mujeres palestinas, que incluyen detenciones, asesinatos, ataques y persecución, esta clasificación es un paso más y una pieza clave de una serie de campañas sistemáticas de difamación contra activistas, hombres y mujeres, que forman parte de las instituciones de derechos humanos. No es más que una extensión de la política de apartheid y la imposición del control sobre el pueblo palestino, incluidos todos sus componentes.
La decisión de criminalizar a esas instituciones legitimaría cualquier acto de venganza contra ellas y las responsabilizaría injustamente. Como esta clasificación pretende eliminar la obra civil palestina, supone prohibir las actividades de estas instituciones, recortar el financiamiento y organizar la detención de su personal y voluntarios, acusándolos de pertenecer a organizaciones terroristas. Por último, legitima las incursiones, la confiscación de los bienes de estas instituciones y su cierre.
Esta clasificación es motivo de preocupación para las mujeres que trabajan en la Unión de Comités de Mujeres Palestinas –son 45 trabajadoras en la unión, que a su vez ofrece oportunidades de trabajo a unas 60 educadoras de jardín de infancia, además de atender a mujeres por medio de programas de apoyo psicológico, legal, social y económico de la entidad. Estas mujeres se han vuelto más vulnerables a la violencia al verse privadas del apoyo que reciben. Además, los jardines de infancia Ghassan Kanafani, afiliados a la Unión de Comités de Mujeres Palestinas –situados en su mayoría en zonas y comunidades palestinas marginalizadas– garantizan la educación de unos mil niños cada año. Esta clasificación [de terrorismo emitida por la ocupación israelí] les priva de sus derechos a la educación, garantizado a todas los demás niños del mundo.
Esta clasificación no tiene ninguna justificación legal y, por tanto, consiste en una serie de invenciones y acusaciones infundadas. Quizás el elemento más importante que demuestra esto sea la declaración de nueve países europeos sobre la continuidad de la cooperación con las seis instituciones palestinas clasificadas como “terroristas”, debido a la ausencia de pruebas en las acusaciones por parte de la ocupación. Los países europeos aseguraron que seguirán cooperando ante la ausencia de pruebas que puedan sustentar las acusaciones, señalando la necesidad de abordar seriamente esta clasificación injusta y arbitraria contra las instituciones de derechos humanos.
Nosotras de la Unión de Comités de Mujeres Palestinas creemos en nuestro legítimo derecho humanitario y nacional, legitimado por todos los estatutos humanitarios e internacionales, a realizar nuestro sueño y visión de liberarnos de la ocupación y vivir con dignidad en nuestra tierra. Creemos en nuestro derecho a practicar todas las formas de respuesta legítima. Por lo tanto, el proceso de defender los derechos de las mujeres palestinas y brindarles apoyo psicológico y legal para que puedan fortalecerse económica y socialmente y animarse a desempeñar su rol, seguirá siendo un objetivo elevado que nos esforzamos por alcanzar.
Además, nuestro derecho a la libertad y a expresar nuestra posición feminista sobre los problemas es una parte fundamental de nuestra fe y convicción dentro de nuestro marco feminista, a pesar de todos los intentos de distorsión y todas las formas de injusticia contra nuestras mujeres que sufren ante la pobreza, la explotación, la opresión y el colonialismo. También afirmamos que la lucha por nuestra libertad y la de nuestras mujeres es una parte intrínseca de nuestra visión, por la que luchamos y nos esforzamos por realizar en el pasado y en el presente. Por lo tanto, no nos acobardaremos ni dejaremos de defender nuestros firmes derechos históricos. Esta clasificación [de terrorismo] sólo aumentará nuestra perseverancia, determinación y voluntad de seguir recuperando nuestros derechos usurpados y de hacer frente a la entidad de ocupación y a sus decisiones arbitrarias.
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Tahreer Jaber es integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres en Palestina y directora ejecutiva de la União de Comitês de Mulheres Palestinas.
