Litio en Argentina: ¿cómo pensamos la transición justa y feminista mientras nos gobierna Milei?

04/10/2024 |

Tierra Nativa — Amigas de la Tierra Argentina

El artículo de Tierra Nativa — Amigas de la Tierra Argentina trata del contexto político del país y sus impactos en la naturaleza

Marí Fer

El escenario político, económico, social y ambiental de Argentina es un sinfín de retrocesos en materia de derechos. La ultraderecha avanza en simultáneo y de manera acelerada por muchos frentes, lo cual debilita nuestra democracia y el tejido social. En los primeros meses del gobierno de Milei, hemos observado cómo los impactos de las políticas neoliberales recaen de manera directa sobre la vida del pueblo, en particular en los sectores populares donde el Estado se mantiene ausente y en constante retracción. El presidente busca imponer las normas de mercado a todas las relaciones sociales, utilizando como herramienta principal la destrucción de las estructuras estatales. La reforma institucional es tal que se ha creado el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, organismo cuyo objetivo es “reducir el gasto público”.

En simultáneo, a días de asumir el gobierno, desde el Ministerio de Seguridad se creó el llamado Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público, un mecanismo para convertir en delito la protesta y la organización social. El Protocolo penaliza los cortes de calles o rutas, por lo que cualquier persona que participe en una manifestación incurrirá en la comisión de un delito. Cabe destacar que el protocolo no es claro respecto al uso de las fuerzas de Seguridad Nacional y no prohíbe expresamente el uso de armas de fuego por parte de estas.

Este contexto ha dado lugar a la institucionalización de una batería de medidas que el gobierno viene desarrollando desde su asunción: miles de despidos en el Estado Nacional; reducción  de  ministerios nacionales (entre ellos el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad); una abrupta devaluación de la moneda nacional; quita de subsidios en transporte y servicios básicos con grandes aumentos en las tarifas; desfinanciamiento de las universidades públicas y del sistema científico nacional; cierre de los medios de comunicación pública; cierre de organismos nacionales orientados a la preservación de derechos humanos, derechos de la comunidad LGTBIQ+, y de los pueblos indígenas; prohibición del uso de  conceptos como “cambio climático”, “agroecología”, “género” y “biodiversidad” en los espacios de dependencia estatal; suspensión del envío de alimentos a comedores comunitarios; eliminación de la gratuidad de medicamentos a enfermos de cáncer y enfermedades crónicas; recortes presupuestarios al  sistema de salud público; entre otras.

Esta sumatoria de medidas afecta directamente las economías familiares, aumentando los índices de pobreza e indigencia. Una de las últimas acciones del gobierno fue el veto a una ley que proponía aumentar el valor mínimo pago en las pensiones para los más de 8 millones de jubiladas y jubilados, quienes hoy se encuentran bajo la línea de pobreza.

Este retroceso fue posible gracias a la ley denominada “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que, a pesar de las masivas movilizaciones populares en contra de su carácter regresivo, fue aprobada por el Congreso de la Nación. Mientras se debatía en el parlamento hubo una brutal represión a cargo de las Fuerzas de Seguridad Nacional. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), esta represión dejó un saldo de 665 personas con lesiones de distintos tipos en movilizaciones solo en la ciudad de Buenos Aires. 47 trabajadores y trabajadoras de prensa fueron heridos y 80 detenciones se dieron al azar en protestas en Córdoba, Rosario y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El último de ellos fue liberado después de estar tres meses detenido en una cárcel de máxima seguridad, acusado de “terrorismo” e “intento de Golpe de Estado”.

Dentro de esta enorme ley de reforma estatal, se encuentra el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). A través de este nuevo marco, se fomenta por un período de 30 años inversiones en minería, petróleo, gas y agropecuarias mediante políticas fiscales y aduaneras que sólo benefician a los capitales extranjeros. El RIGI busca consagrar un patrón de especialización productiva de Argentina como mero exportador de commodities, con empresas transnacionales a la cabeza y sin ninguna articulación con el entramado productivo nacional. Según este régimen, los proyectos deben concretar el 40% de la inversión en los próximos dos años. A partir del tercer año, las empresas transnacionales podrán hacer uso totalmente libre de los dólares generados por las exportaciones, lo que reduce la disponibilidad de divisas a futuro. Sumado a esto, gozarán de beneficios tributarios durante treinta años. 

Cartografía de la colonización contemporánea: el litio en Argentina bajo el control transnacional

El litio es un bien natural común que desempeña un papel estratégico para la transición energética y clave en la disputa geopolítica. Para abordar este tema de manera integral, además del RIGI, es imprescindible analizar la postura internacional de Milei, totalmente alineada a los intereses de Estados Unidos. Desde que asumió como presidente, Milei realizó 12 viajes al exterior pasando 47 días fuera del país, y Estados Unidos fue el destino más frecuente. Es por demás conocido su vínculo con Elon Musk, quien también está detrás del litio de Argentina para su empresa Tesla. En uno de sus tantos viajes a Estados Unidos, Milei se reunió con el empresario, estableciendo acuerdos para eliminar “trabas burocráticas y fomentar el libre mercado”. Otro de sus destinos fue España, donde presentó su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica y participó de un acto del partido ultraderechista Vox.

Argentina es el segundo país a nivel global con más reservas de litio y forma, junto con Chile y Bolivia, el llamado “triángulo del litio”. Mientras en países como Chile, Bolivia y México este mineral es considerado un recurso estratégico, en Argentina las leyes continúan siendo funcionales a las grandes corporaciones. La pérdida de soberanía nacional sobre nuestros bienes estratégicos abre el camino al saqueo ilimitado por parte de las trasnacionales. Así, perpetúa un modelo económico dependiente y extractivista, que genera pobreza en las mismas regiones en las cuales se extraen las riquezas.

El litio comenzó a explotarse en la década de 1980. Sin embargo, su explotación se intensificó en la primera y segunda década del 2000. Las exportaciones de litio crecieron rápidamente desde ese año. Argentina tuvo un incremento en la producción de litio del 72,2% entre 2015 y 2020, según datos de la Secretaría de Minería en el 2021.

Desde Tierra Nativa, hemos desarrollado un mapeo de los proyectos litíferos que operan en el país. En él, se puede observar gráficamente el carácter extranjerizante en el control de esta producción. Esta cartografía georreferenciada expone la concentración de los proyectos de litio en Argentina bajo el control de empresas transnacionales del Norte global, que se constituyen como una herramienta clave para entender las nuevas formas de colonialismo económico y ambiental que operan en nuestra región. A la vez, el mapeo nos permite pensar estrategias hacia una transición justa.

Elaboración: Giuliana Alderete

Hacia una transición justa feminista y popular

En la actualidad, los recursos no renovables, como el petróleo y el gas, están llegando a su fin, no sólo por el acceso finito, sino también por la enorme cantidad de evidencia científica acerca de la gran contaminación que generan, contribuyendo a la aceleración del cambio climático. Esto está en agenda en el Norte, en el Sur, en los organismos multilaterales, en los Estados y sobre todo en las grandes corporaciones.

El sistema energético que tenemos es un sistema colonial, dominado por grandes transnacionales, con concentración de la propiedad, privatización de empresas públicas, incremento del consumo, y aumento de la participación del poder corporativo en la política energética de los Estados. América Latina y el Caribe, así como también África y gran parte de Asia, se caracterizan por ser territorios explotados, zonas de sacrificio. Los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y afrodescendientes son la primera línea ante los grandes proyectos extractivos de nuestro Sur.

La pobreza energética es una realidad en nuestros países y profundiza las desigualdades. La mercantilización de la energía y las elevadas tarifas hacen que las familias empobrecidas no tengan garantizado el acceso a este servicio. El uso de la leña y el carbón para cocinar crece aún más en tiempos de crisis e impacta especialmente en la vida cotidiana y la salud de las mujeres, en quienes recaen las tareas de cuidado y de reproducción de la vida.

El sector energético es uno de los principales responsables de los conflictos ambientales y de las violaciones de derechos de los pueblos y territorios. La política energética está profundamente vinculada a la geopolítica, a las políticas de desarrollo y a los intereses del capital transnacional en los sectores de la agroindustria, los combustibles fósiles y la minería. El control de las reservas y la disputa de las empresas transnacionales por su explotación son parte de las motivaciones de los golpes e intervenciones en los procesos políticos de los países latinoamericanos. Esto quedó en evidencia durante el golpe de Estado en Bolivia en 2019, con la llegada de la empresa de Elon Musk a Brasil durante el gobierno de Bolsonaro, y su reciente arribo a Argentina bajo el gobierno de Milei.

La disputa por esta “transición” afecta a nuestras democracias. Por lo tanto, afecta a la vida justa y soberana de nuestros pueblos. Es necesario y urgente pensar de qué manera vamos a organizarnos para que esta transición ocurra desde una perspectiva feminista y popular. Es decir, que sea un proceso que, al mismo tiempo, construya estratégias contra los diferentes sistemas de opresión de género y de clase y contra el racismo, el colonialismo, el facismo y el imperialismo.

En este sentido, desde Tierra Nativa abogamos por la soberanía económica y política de los Estados, la nacionalización de los bienes estratégicos, la construcción popular de políticas públicas y planificación estatal y el fortalecimiento de los lazos regionales como estrategia fundamental. Nuestra intención es que este debate sirva como insumo para seguir pensando nuevo horizontes. 

Edición por Bianca Pessoa
Revisión por Helena Zelic

Artículos relacionados