La desigualdad de género se expresa de manera muy evidente en las discriminaciones y opresiones económicas que viven las mujeres alrededor del mundo. La feminización de la pobreza es notoria en todas las sociedades, pero más cruel en los países y regiones empobrecidas de nuestro planeta. Venezuela, a pesar de su proyecto de autodeterminación, todavía no ha alcanzado huir a esa realidad.
En un estudio realizado durante el año 2020 por un grupo de investigadoras académicas, el 75% de las mujeres respondió que sus actividades productivas han sido afectadas durante la pandemia, principalmente por temas económicos (26%), entre los cuales se destaca la insuficiencia de los ingresos debido a la inflación y aumento de precios diarios. También se mencionan las restricciones ligadas a movilidad y presencialidad propias al confinamiento (19%).
La investigación “Mujeres viviendo la pandemia en Venezuela” se dio con comprometimiento y en relación directa con la práctica de los movimientos de mujeres. El grupo de investigadoras estuvo compuesto por feministas militantes que a la vez son docentes universitarias. Intervinieron Universidad Central, Universidad Bolivariana, Universidad de Carabobo y el Instituto de Investigaciones Científicas –centros de estudio afiliados al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)–, bien como los colectivos Araña Feminista y Mujer y Salud de Aragua. La recolecta de datos se realizó de manera virtual durante el año 2020, terminando a fines de enero de 2021. La difusión de los cuestionarios en línea se logró gracias a las redes de mujeres que cruzan toda Venezuela, y con eso se obtuvieron 530 cuestionarios completos, con respuestas desde todas la regiones del país.
Trabajo, ingresos y el poder del dólar
8 de cada 10 mujeres que participaron de la encuesta afirmaron que sus actividades productivas no son suficientes para cubrir sus necesidades familiares. Por eso, muchas acumulan trabajos para conseguir fuentes de ingreso múltiples. El 66% de cuentapropistas (quienes realizan actividades productivas de manera independiente o en iniciativas comunitarias populares) indicó insuficiencia de los ingresos. Entre ellas, el 21% lo atribuyó a la inflación y dolarización de la economía, y el 15% a las dificultades de movilidad o de tiempo ligadas al confinamiento. La desvalorización de los salarios e ingresos frente a una inflación constante constituye la principal dificultad sentida por las mujeres, que se agudizan por las restricciones ligadas a la pandemia.
Desde 2015 viene ocurriendo la desvalorización o pulverización de los salarios e ingresos de la masa laboral hasta niveles que actualmente no permiten la sostenibilidad de la vida. Esto se agrava desde el último año por las condiciones de pandemia. El salario mínimo establecido por decreto gubernamental, que sirve de baremo para las remuneraciones de todas y todos los trabajadores, está fijado actualmente en 10 millones de bolívares mensuales, el equivalente a 3,20 dólares. Este salario es el que percibe la mayoría de la población y se usa como base de todas las escalas de remuneración.
La desvalorización constante de la moneda venezolana y la “dolarización” de facto de los insumos y alimentos generan una política salarial restrictiva, que se ancla en una supuesta necesidad de aumentar la producción para luego aumentar la remuneración al trabajo. La dolarización de facto consiste en que, poco a poco, los productos básicos y otros han fijado su precio en dólares o en bolívares con referencia a la cotización del dólar. Mismo en los mercados populares, los vegetales, carnes, huevos y otros alimentos son vendidos en dólares.
Aunque haya debates en curso, la línea política económica que parece predominar plantea la necesidad de apoyarse en inversiones de capitales extranjeros, especialmente de Rusia, China, Irán, a los cuales se les permitiría ubicarse en zonas económicas especiales. A partir de que lleguen, se confía en una reactivación y posibles ajustes de salario, lo que evidentemente implica un horizonte temporal no presente.
Las trabajadoras de los entes públicos y trabajadoras de la salud reciben remuneraciones que se basan en el salario mínimo nacional establecido. Por eso, entre las que están en el trabajo formal, son ellas las que dijeron que sus ingresos no alcanzan. Por otro lado, las trabajadoras por cuenta propia tienen dificultades de colocación de sus productos, por la baja disponibilidad de ingresos de las y los posibles consumidores.
Sólo un 25% puede trabajar de manera virtual, afrontando además la precariedad de los servicios de electricidad como de conexión digital. Los servicios de conexión digital son responsabilidad de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV), empresa pública que tiene baja cobertura a nivel nacional y presenta aún muchas fallas de servicio. Han surgido en los dos últimos años una multitud de empresas privadas que prestan servicios de internet, pero todas cobran tarifas dolarizadas, comenzando sus cuotas mensuales en 20 dólares, lo que es incompatible con el modo de vida del pueblo venezolano.
El acceso a la alimentación
La alimentación es un sector históricamente débil en Venezuela, porque la economía del país ha estado siempre muy centrada en el petróleo. De lo que resultó en que gran parte de la población campesina abandonó sus actividades tradicionales. A pesar de frecuentes políticas para impulsar la producción agrícola durante los últimos 20 años, no se han logrado resultados suficientes.
Además de la dificultad en incentivar y fijar a la gente en el trabajo campesino, las políticas alimentarias basadas en la importación impiden que se cambie la lógica de producción y consumo. La mayor parte de los productos que pasan por los Consejos Populares de Alimentación y Producción (CLAP), que distribuyen una bolsa de alimentos muy subsidiados por el Estado, no son de producción nacional. Se han eliminado aranceles a la importación de alimentos. Por otra parte, la llegada de los productos agrícolas a las ciudades es difícil, por la falta de gasolina y de la cantidad de controles de la organización y estructura de la distribución. Todo eso encarece la compra básica de las familias. En mayo del 2021, la canasta alimentaria mensual para una familia de 4 personas se estimó en 296 dólares.
El 48% de las mujeres respondió que su alimentación ha empeorado durante la pandemia, el 54% afirmó conocer alguna familia pasando hambre en ese momento y un 25% señaló que el acceso a la alimentación es una de las principales dificultades que han tenido que afrontar. Estas cifras ya altas en sí mismas, deben cruzarse con las dificultades de acceso a los servicios básicos necesarios para conseguir y procesar los alimentos. Se destaca el problema del acceso al gas doméstico con un 36% de entrevistadas reportando esta falta, y otro 30% como sumatoria de carencias de electricidad y agua. También corresponde adicionar las relacionadas con el transporte, que entre acceso a combustible y al transporte público que alcanzan a un 43%.
“¿Cómo te vienes sintiendo durante la cuarentena?”
Ante esta pregunta, fue notorio que la palabra más recurrente resultó ser “sobrecargada”. Menos frecuentes fueron “nerviosa”, “resignada”, “triste” y “temerosa”. Un 80% de las participantes confirmaron el importante aumento del trabajo doméstico y de cuidados a infantes, adolescentes, personas adultas mayores y con discapacidad. Es un trabajo que se da en condiciones de precariedad y confinamiento. Así se ilustra la situación de saturación experimentada por las venezolanas durante el aislamiento.
Ante esa realidad, tenemos en debate y ponemos en marcha una agenda de lucha feminista y trabajadora. Forma parte de ella la recuperación de los salarios, lo que permitirá reactivar la economía en general. También creemos ser fundamental el apoyo a las iniciativas productivas populares, no solamente en cuanto a créditos sino en cuanto a compras gubernamentales, para que lo que produce el pueblo de Venezuela sea consumido por nosotras y nosotros. Es urgente el mejoramiento de los servicios públicos para que sirvan de sustento real a las iniciativas productivas.
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Alba Carosio forma parte de la red La Araña Feminista, articulación de movimientos sociales autónomos feministas en Venezuela creada en 2010. Es investigadora y profesora, integrando el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. Coordina el Grupo de Trabajo Feminismos, Resistencias y Emancipación en CLACSO.
