La familia Rajapaksa es la principal responsable de todas las violaciones de derechos humanos que se han producido en Sri Lanka en los últimos 40 años, especialmente durante la guerra, que duró hasta 2009, y después, cuando muchas personas desaparecieron, fueron secuestradas y asesinadas. Pero como hemos vivido 27 años en una guerra separatista con los Tigres de Liberación del Tamil Eelam (LiberationTigersof Tamil Eelam – LTTE), La mayoría de la población apoyó a los hermanos, por considerarlos héroes de guerra. Gotabaya Rajapaksa fue secretario de defensa durante el conflicto, por lo que en las últimas elecciones de 2018 la gente votó por él para presidente. Su hermano mayor, Mahinda Rajapaksa, fue presidente hasta 2015.
En 2015, logramos un cambio en el país, con el gobierno del Partido Nacional Unido, pero esa conquista no duró mucho. La familia Rajapaksa volvió al poder con el lema «un país, una ley», una iniciativa antimusulmana derivada de los tiempos de guerra. Esa agenda se vio reforzada tras los atentados de la Semana Santa, reivindicado por el Estado Islámico. En ese momento, la gente creía realmente que un gobierno antimusulmán podría evitar una nueva guerra civil en el país. Entonces la familia comenzó a recibir más apoyo de los budistas cingaleses, que constituyen la mayoría de la población, apostando siempre por eslóganes ofensivos para sacar provecho del racismo y el extremismo religioso en las elecciones.
Con todos esos problemas históricos, la familia llegó al poder, pero no supo gestionar las finanzas del país. Debido a su carácter autoritario y mala gestión, en 2021 el gobierno recurrió a las reservas de divisas para pagar una deuda interna de dos mil millones de dólares estadounidenses. Utilizaron el dinero porque teníamos un alto número de préstamos con China, por ejemplo, el cuarto acreedor de Sri Lanka, después de los mercados financieros internacionales, el Banco Asiático de Desarrollo y Japón. El país obtuvo miles de millones de dólares de China en créditos bonificados, pero quedó sumido en una crisis monetaria que, según algunos analistas, lo llevó al borde de la moratoria.
En 2021, el gobierno redujo las reservas de divisas para pagar US$ 2.000 millones de deuda. En 2022, los préstamos de US$ 500 millones y US$ 1.000 millones de dólares tienen vencimiento en enero y junio, respectivamente. Sri Lanka necesitará pagar una suma estimada de US$ 7.300 millones en préstamos nacionales e internacionales. Sin embargo, en noviembre, las reservas de divisas disponibles en el país sólo alcanzaban US$ 1.600 millones.
El 20% de las familias más ricas de Sri Lanka perciben alrededor del 53% de todos los ingresos del país, mientras que el 20% más pobre sólo recibe el 4,5%. Las desigualdades son violentas y el país está atrapado en la trampa de la deuda.
Por ello, el gobierno no puede comprar combustible, fertilizantes y los alimentos necesarios, lo que está convirtiéndose en un gran problema que afecta sobre todo a las capas populares de la población. La situación del combustible es muy grave. La escasez está provocando cortes de electricidad en el país. Las máquinas necesitan combustible para funcionar. Sin electricidad, las fábricas, las oficinas y las empresas no pueden funcionar. Los fabricantes de ropa y la industria exportadora de té – que son la columna vertebral del ingreso de divisas – no pueden producir para satisfacer la demanda de los compradores y del mercado. Como las mujeres son la mayor parte de la mano de obra en esos sectores, son las más afectadas, ya que pierden puestos de trabajo y fuentes de ingresos.
No hubo trabajos apropiados en las plantaciones y para los agricultores desde 2021 debido a la escasez de fertilizantes. Este año no hay cosechas decentes, lo que afecta a los agricultores y agricultoras que ahora no tienen ingresos, y al país, que carece de alimentos. La escasez de combustible está llevando a la población a hacer colas kilométricas para comprar nafta y gas de cocina. Las madres salen a buscar gas y comida para sus hijos.
La gente está muriendo en los hospitales sin medicamentos y sin oxígeno. El Banco Mundial calcula que unas 500.000 personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza desde que empezó la pandemia de COVID-19. La situación empeora ahora. Los precios de los alimentos básicos han aumentado más de un 15%. Se están recortando puestos de trabajo y los vitales ingresos en divisas procedentes del turismo, que suelen aportar más del 10% del Producto Interior Bruto (PIB), han disminuido considerablemente. Más de 200.000 personas perdieron su fuente de ingresos en el sector del turismo. Todo eso es consecuencia de la mala administración de la familia Rajapaksa. Llevamos décadas hablando de derechos humanos, gobernanza y crisis constitucional, y la gente nos trata de traidores a la nación.
Movilizaciones populares
Inicialmente, los préstamos de China se justificaban con la promesa al pueblo de que Colombo, la capital de Sri Lanka, se convertiría en un nuevo Singapur, una ciudad portuaria desarrollada. Entonces la gente empezó a darse cuenta de que fue engañada y comenzó a protestar. Esas protestas fueron tan intensas y provocaron una gran presión que el Presidente impuso un gobierno interino y pidió al Primer Ministro, su hermano Mahinda Rajapaksa, que dimitiera. Antes, algunos otros ministros ya habían renunciado a su cargo. Los manifestantes también reclaman la renuncia del presidente. Exigimos que toda la familia deje la política.
La raíz de todo este problema es que la Constitución otorga excesivos poderes al presidente, al poder judicial y al legislativo. Necesitamos impulsar una enmienda constitucional para que se convierta en una Constitución Popular, no en una carta de protección de los gobernantes. No se debe permitir que los gobernantes hagan lo que quieran con los fondos y la economía de un país sin que el pueblo pueda cuestionarlos.
Antes, cualquier persona que los cuestionara o criticara era secuestrada o asesinada, o se inventaban una historia para detenerla. Ahora reclamamos un nuevo gobierno. Las mujeres luchan contra esta situación, pero la prioridad son las necesidades básicas. La comida, el agua y el gas son la base de la vida y hoy no se puede acceder a ellos. Las mujeres representan el 80% de la población que trabaja en la industria de la confección y la agricultura, los dos sectores más afectados. Y a medida que pierden sus empleos, la crisis no hace más que agravarse. Además, debido a los elevados precios, las mujeres que trabajan en el sector informal ya no tienen productos que vender ni personas que se los compren.
Hay tres grupos étnicos principales en Sri Lanka: tamiles, musulmanes y cingaleses. Desde el punto de vista político, los partidos dividieron a las mujeres por su origen étnico. Además, se nos ha dividido regionalmente. Las mujeres musulmanas apoyan a los partidos políticos musulmanes, y así sucesivamente. Algunas trabajamos juntas, pero la mayoría de las mujeres están separadas en sus luchas. La razón es la misma: los últimos 40 años de conflicto separatista. El resentimiento y la división quedan grabados en el inconsciente. Las mujeres se ven igualmente afectadas por la crisis económica y constitucional, por lo que necesitan unirse.
Otro aspecto es la baja proporción de mujeres en la política en el sur de Asia. No superamos el 5,8% en el Parlamento. En los gobiernos locales, logramos una cuota del 25% en 2018. Cuando se trata de política, ningún partido, de ninguna etnia, religión o región, da prioridad a las mujeres ni reconoce su participación en las instancias de decisión. Pero en las protestas podemos ver a muchas mujeres jóvenes luchando en primera línea. La lucha es por abrir espacios para que esas mujeres participen en la política, porque los problemas y la violencia a los que nos enfrentamos hoy son promovidos por líderes hombres.
Conquistamos el derecho de voto para las mujeres en 1931 en Sri Lanka. Han transcurrido más de 90 años, pero en el Parlamento sólo tenemos 13 mujeres entre 225 escaños. Si queremos un país con igualdad y dignidad para las mujeres y las minorías étnicas y religiosas, si queremos que toda la ciudadanía viva en igualdad de condiciones, gozando de las mismas oportunidades y la misma participación, necesitamos una Constitución que respete los derechos humanos de todos y todas. Ello permitirá que a las personas les garanticen sus derechos, con acceso a la justicia social.
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Nalini Rathnarajah es una defensora de los derechos humanos y militante política feminista de Sri Lanka. Actualmente vive en Colombo, la capital del país.
