Los movimientos sociales se han estado reuniendo para discutir el contexto de las luchas feministas contra el autoritarismo en Filipinas y también nuestras estrategias para combatir el mantenimiento de la dinastía Duterte en las próximas elecciones. La hija de Rodrigo Duterte, Sara Duterte-Carpio, está ahora en la disputa presidencial, lo que representa un peligro para nosotras, las feministas, porque probablemente será presentada como una candidata progresista.
Es necesario recordar el contexto actual que enfrentan las mujeres y los distintos sectores básicos que ellas ocupan. Ya sabemos que la administración Duterte violó los derechos de las mujeres no solo a través de declaraciones, sino también a través de la implementación de políticas de opresión contra las agricultoras, trabajadoras, personas pobres que viven en ciudades y pueblos indígenas, además de otros sectores marginados. La administración de Duterte institucionalizó un gobierno patriarcal, autocrático, militarista, negligente y criminal sin responsabilidad con el pueblo. La policía sigue matando y las mujeres son el blanco principal, así como objetos sexuales y mercancías.
En nuestra organización, hay casos de mujeres que fueron violadas por la policía. Las mujeres son explotadas sexualmente a cambio de que se les permita cruzar bloqueos del lockdown en un intento de obtener sustento durante la pandemia. Antes de que puedan cruzar las barricadas, la policía las viola. Además, están los agravantes de las ejecuciones extrajudiciales, que son otra forma de violencia contra las mujeres. La guerra de Duterte contra las drogas movilizó a la policía en las comunidades urbanas pobres y más de 20.000 personas murieron. La incompetencia de Duterte en la gestión de la salud también aumentó la carga de este servicio para las mujeres, exponiéndolas a un mayor riesgo.
Hay leyes que dan amparo al desalojo forzoso y la demolición de comunidades pobres. Desde marzo de 2020, en el auge de la pandemia, la demolición de casas ha estado afligiendo las comunidades. Ciento veinte familias fueron expulsadas de Pasay en marzo. En julio del mismo año, en otra provincia llamada Laguna, se demolieron las viviendas de 300 familias. En septiembre, 800 familias fueron desalojadas para dar cabida a proyectos del gobierno municipal.
Conjuntamente, las comunidades indígenas son víctimas de la represión, del abuso y de la violencia generados por la guerra militarizada contra las drogas, la guerra contra la pandemia y contra la pobreza. Duterte llama a su política agresiva de construcción de infraestructura de “Construir, Construir, Construir”, un camino de crecimiento económico que viola los derechos de los pueblos indígenas. Las leyes implementadas por este gobierno efectivamente hostigaron y asesinaron a los líderes indígenas que decidieron resistir las ofensivas de desarrollo que representaban la minería, el monocultivo de latifundios, las represas, proyectos de generación de energía, conversión de tierras, entre otros.
Los pueblos indígenas son atacados como terroristas, lo que inhibe la resistencia, especialmente en las zonas rurales. La Alianza de los Pueblos de la Cordillera [Cordillera Peoples Alliance – CPA] registró las ejecuciones extrajudiciales de 76 líderes indígenas. La comisión gubernamental de pueblos indígenas fracasó en cumplir con su mandato y representar a los intereses de los pueblos indígenas, particularmente con respecto a la región de la Cordillera, a los archipiélagos y a la religión musulmana. La misma comisión se convirtió en portavoz del gobierno de Duterte contra los pueblos indígenas.
Las mujeres jóvenes enfrentan desafíos específicos. Las clases online y la necesidad de trabajo frente al hambre obligaron las personas jóvenes a dejar sus comunidades y convertirse en víctimas de la trata de personas. Mientras tanto, las mujeres, que siguen desempeñando el papel estereotipado de cuidar de la familia y de la comunidad, enfrentan problemas de salud y limitaciones generadas por proyectos extractivistas destructivos y por la pandemia.
La clase trabajadora sufre con el clima de impunidad. Los asesinatos y la criminalización de sindicalistas, tachados de terroristas y otras formas de represión contra los sindicatos hacen que cualquier afirmación de que existe libertad sindical en Filipinas sea ilusoria. No es sorprendente que el país esté clasificado entre los 10 peores para la clase trabajadora, según el Índice Global de Derechos [Global RightsIndex], informe anual de la Confederación Sindical Internacional [International TradeUnionConfederation – ITUC]. La administración de Duterte no ha cumplido su promesa hecha a la clase trabajadora de acabar con el régimen de contratación temporal.
Las condiciones de trabajo se tornan más brutales cuando se permite a los empresarios traspasar a los trabajadores los riesgos previamente asumidos por ellos, que van desde el suministro de equipos para el desarrollo de su actividad profesional hasta la cobertura de seguridad social. Al igual que otros sectores, la población trabajadora fue abandonada a merced de su propia suerte durante la pandemia. Y esta dificultad es aún mayor para los migrantes (llamados OFS – Overseas Filipino Workers, que significa “Trabajadores/as Filipinos/as en el Extranjero”), para quienes el gobierno no ofrece alternativas. Estas personas se vieron obligadas a abandonar los países donde vivían y regresar a su país de origen.
Problemas similares desafían a agricultoras y agricultores, que son etiquetados como terroristas y ven sus tierras convertidas y tomadas. El país se ha visto inundado por las importaciones de arroz y de otros productos alimenticios como resultado de los acuerdos internacionales firmados por la Organización Mundial del Comercio, lo que ha estado causando graves perjuicios a los productores locales de alimentos, en su mayoría mujeres.
Hemos estado discutiendo estrategias en los medios durante algún tiempo, en vista de las campañas electorales que se están llevando a cabo en Filipinas. En un primer momento, nuestras demandas son: subsidios económicos adecuados, especialmente para las personas más marginadas, como sobrevivientes de violencia de género, personas con discapacidad, personas LGBT, indígenas, musulmanas y otras; la consideración de las necesidades de salud específicas de las mujeres, como la salud sexual y reproductiva; la responsabilización del presidente Duterte y de su gobierno por violaciones de derechos humanos; y la garantía de programas amplios destinados a las víctimas sobrevivientes de la violencia, incluidos programas económicos.
También exigimos la derogación de la ley antiterrorista promulgada el año pasado, que pone en riesgo a las defensoras de los derechos humanos. Queremos asegurarnos de que las leyes que protegen los derechos de las mujeres y por las cuales luchamos funcionen para las mujeres y ofrezcan apoyo al empleo y al sustento adecuado durante la pandemia. Para las comunidades indígenas, queremos un gobierno que reconozca la autodeterminación y un desarrollo adecuado a las necesidades de las personas y no de las corporaciones, y que se preocupe con la naturaleza y con el medio ambiente.
Queremos un gobierno que adopte una política humana, equitativa e inclusiva de protección social para garantizar una vida digna a las comunidades indígenas y a todas las personas que ahí habitan, incluso las mujeres y jóvenes. Debe haber formas de apoyo a la educación, a la salud y a la subsistencia, ya que, sin esto, la capacidad de contribución de los pueblos indígenas se ve afectada o debilitada.
Existe presión para que se promuevan cambios en la legislación y para la protección del derecho laboral a la autoorganización. Necesitamos luchar para poner fin a todas las formas de discriminación, acoso sexual y violación contra las trabajadoras. Queremos acabar con todas las formas de contratación temporal y garantizar que los órganos legislativos de nuestro país brinden la asistencia adecuada a las trabajadoras formales e informales.
Los sistemas neoliberales, en la sociedad, han acentuado la desesperación y la insatisfacción entre la gente. Las fuerzas de extrema derecha aprovecharon esta insatisfacción y se apropiaron del lenguaje de los movimientos progresistas, trayendo gobiernos populistas que se presentan como alternativas. El capitalismo corporativo se benefició de los asesinatos y de la intensa represión intensa contra la resistencia de los movimientos sociales. China se está fortaleciendo a través de sus contribuciones indirectas a la administración Duterte. Los capitalistas con sede en China y en Filipinas continuarán financiando la próxima campaña electoral de Duterte, fondos que incluyen hacienda de trolls que también han estado inhibiendo la actuación política de la juventud.
Incluso bajo la administración Biden, los Estados Unidos están consolidando relaciones con Duterte, negociando la suspensión de la rescisión del acuerdo militar para las fuerzas visitantes en Filipinas. Estamos resistiendo y moviendo acciones contra el gobierno de Duterte. Triunfamos en la Comisión de Derechos Humanos, pero como sabemos, el presidente tiene inmunidad. Seguimos presentando casos ante la Corte Penal Internacional. Nuestras demandas se refieren no solo a asesinatos, sino también a la violación de mujeres por parte de las fuerzas estatales con el consentimiento de Duterte.
Continuamos reconstruyendo la solidaridad en las comunidades. Las mujeres están organizando bancos comunitarios para productos orgánicos y están distribuyendo alimentos a la gente. Realizamos el proyecto Tit for Tat [expresión en inglés que se refiere a la compensación] junto a viudas y huérfanos de ejecuciones extrajudiciales con el objetivo de apoyar la comunicación. Estamos invirtiendo contra todas las violaciones cometidas por Duterte y sus líderes. ¡También continuamos expandiendo nuestras alianzas entre grupos de mujeres y salimos a las calles para declarar la resistencia de las mujeres!
Jean Enriquez integra la Marcha Mundial de las Mujeres en Filipinas y coordina la Coalición contra la Trata de Mujeres [The Coalition Against Trafficking in Women].
