El 8 de julio de 2020, en plena pandemia de COVID-19, el Senado uruguayo aprobó la Ley Nº 19.889 de Urgente Consideración (LUC), como se conoce al proyecto de ley presentado por la coalición de gobierno de derecha, presidida por Luis Lacalle Pou. El carácter de “urgente consideración” implicó abordar el contenido de la ley en un máximo de 90 días entre ambas Cámaras del Parlamento. En ese lapso quedaron legalizados fuertes cambios en áreas de seguridad e inteligencia, vivienda, educación, acceso a tierras productivas, trabajo, economía, empresas públicas, criminalización del derecho a la huelga y a la protesta.
La versión original de la LUC tenía 502 artículos, apenas modificados en el Senado y en Diputados. La ley aprobada, que rige actualmente, cuenta con 476 artículos. Los movimientos sociales, sindicatos, cooperativistas, ambientalistas y feministas, organizados en una Intersocial, analizaron junto al Frente Amplio cuáles eran los artículos que era prioritario derogar, ya que implican una reforma sustancial del papel del Estado y atentan contra el ejercicio de derechos.
Decidieron que 135 artículos debían ser derogados y montaron una fuerte campaña de recolección de firmas para habilitar un referéndum. La hazaña de conseguir casi 800 mil firmas, en plena pandemia, se logró y finalmente ese referéndum para que la ciudadanía uruguaya decida si quiere o no derogar esos 135 artículos tendrá lugar el domingo 27 de marzo.
Este texto señala los principales argumentos que promueven la elección de esos 135 artículos a derogar. También reconstruye el proceso de articulación de organizaciones sociales que posibilitó reunir las firmas y, sobre todo, abrir el debate ciudadano y exigir tiempo para conocer mejor el contenido de esta ley que se aprobó a contrarreloj y afecta derechos fundamentales.
Marcar posición
A 12 días de haber asumido el gobierno, el 13 de marzo de 2020, Lacalle Pou anunciaba que el COVID-19 estaba en Uruguay. Declarada la emergencia sanitaria y sin cuarentena obligatoria, las decisiones políticas en torno a la pandemia estarían marcadas por apelaciones neoliberales a la “libertad responsable” y a los cuidados individuales. Rápidamente los índices de desempleo y pobreza subieron, las ollas y merenderos se multiplicaron en plazas y barrios y, ante la falta de respuesta estatal, el tejido de organización social se reactivó con articulaciones como la Intersocial y con demandas al gobierno.
La central sindical PIT-CNT junto a la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), REDES-Amigos de la Tierra, la Intersocial Feminista y al menos 20 organizaciones más integran la Intersocial. Tras varias reuniones semanales lograron acordar un pliego de 12 demandas y propuestas al gobierno de Lacalle Pou, entre los que se destacan una renta transitoria de emergencia para garantizar un ingreso mínimo a todas las personas, control de precios de la canasta básica y apoyo a pequeñas y medianas empresas afectadas por la crisis sanitaria y económica. Se rearmó una Intersocial como espacio articulador, que pronto comenzaría a “marcar posición” ante el debate de la LUC que había comenzado en el Parlamento.
Las organizaciones pudieron leer y analizar los 502 artículos de la LUC, apenas un mes y medio antes de que ingrese al Senado. A pesar de las dificultades solicitaron audiencias ante la Comisión Especial parlamentaria que brindaba solo 15 minutos a cada organización para exponer sus argumentos contrarios a los distintos aspectos que abarcaba la ley. Al participar de este mecanismo “fuimos demostrando la baja calidad de discusión que tenía la LUC, al darnos pocos minutos, frente a la densidad que deberían tener estas discusiones en decisiones tan estructurales sobre educación, regla fiscal, lavado de activos, política energética, seguridad”, señala Valeria Caggiano, vocera de la Intersocial Feminista.
Para Tamara García, militante sindical y activista feminista, los tiempos y las formas de esta ley “vulneran el proceso democrático”. “El problema es de qué forma se legisla y nosotras, como ciudadanas, tenemos el derecho de intervenir y manifestar los desacuerdos en todos los espacios, todos los días”, dijo.
Aprobada la LUC, previendo las consecuencias que tendría, la Intersocial decidió convocar en conjunto al referéndum asumiendo que “ninguna fuerza podía emprender sola la gesta de recoger firmas para habilitar este procedimiento’. Desde el comienzo estuvo la premisa de impulsar este mecanismo con un proceso de articulación social fuerte”, resaltó Caggiano.
Organizaciones como REDES-AT y Somos Barrio, junto al colectivo Más Igualdad, trabajaron con la Intersocial Feminista en la identificación de los artículos a proponer para derogar, “basándonos en la recopilación de lo que las organizaciones estaban planteando como problemático en el Parlamento y en la opinión pública”, explicó Natalia Carrau, integrante de Amigos de la Tierra.
Una vez que el movimiento social acordó derogar 135 artículos de la LUC, comenzó la odisea para buscar firmas que habiliten la convocatoria al referéndum derogatorio. Casa por casa, barrio por barrio, en las ferias vecinales, en la puerta de los comités de base, en las sedes de las organizaciones, había formularios para adherir a la convocatoria y habilitar el referéndum. Las bases se movilizaron por todo el Uruguay en busca de firmas.
“En enero de 2021 llegamos a las primeras 100 mil firmas y en marzo conformamos la articulación de Jóvenes por el referéndum”, recordó García, destacando la importancia de la juventud en la recolección de firmas. El tiempo avanzaba y las firmas crecían: “Se generó un enamoramiento por esta causa, aunque la derecha que ganó el gobierno daba por muertas a las izquierdas del país”, dice Tamara.
La articulación de la lucha contra la LUC dejó claro que “acá nadie estaba muerto, nadie se quedó dormido -opinó García-. Estamos firmes para generar la resistencia siempre que tengamos gobiernos que impulsen cosas para las grandes minorías y no para las grandes mayorías”. Con la LUC, “realmente son pocas las familias y las personas que se favorecen, pero son minorías poderosas”, añadió.
El referéndum
Entre firma y firma, las actividades en los barrios se sucedían: mesas informativas, intercambios, talleres y espectáculos. Miles salieron a pelear por sus derechos. “El voto es una forma más de democracia, pero la libertad de expresión, la movilización en la calle, el poder tener acceso a los medios masivos de comunicación, también son formas de ejercer la democracia y ser ciudadanos y ciudadanas”, dijo García.
El 8 de julio de 2021 se entregaron ante la Corte Electoral casi 800.000 firmas, superando el 25% del total de personas habilitadas en el país para convocar a un referéndum. Esta votación es obligatoria y para obtener la derogación de una ley es necesario el 50,01% de los votos válidos. En este caso, quienes opten por apoyar la derogación de los 135 artículos deben votar SÍ y quienes deseen que la LUC quede como fue aprobada deben votar NO.
Los 135 artículos
La LUC “no es popular ni da más garantías de derechos a la población; es todo lo contrario y se basa en lo que la gente ignora, en la desinformación”, expresó la sindicalista. Además afirmó que “el rol que muchos medios de comunicación y del gobierno han tenido es el de no informar con claridad o que pase desapercibido y no se sepa qué votar”.
Una vez aprobado el referéndum se conformó la Comisión Nacional por el SI, integrada por más de cien organizaciones sociales y políticas.
En este último tramo de la campaña, la Intersocial Feminista sigue apostando a transversalizar una mirada feminista en las críticas a los 135 artículos para derogar, sobre todo aquellos referidos a la seguridad pública y el derecho a la vivienda.
Porque “cuando las políticas públicas no tienen perspectiva de género, no tienen en cuenta los impactos diferenciales, una mirada ‘neutra’, lejos de ser inocua, profundiza y no combate las desigualdades”, dijo Caggiano.
En el caso de las críticas al articulado sobre seguridad, la Intersocial Feminista alertó desde un comienzo que el aumento de penas por microtráfico de drogas tendría consecuencias inmediatas en la vida de las mujeres pobres, “que no asumen el rol de participar en redes de microtráfico como una opción sino por sus propias condiciones de precarización general de la vida”. En el primer año de aplicación de la LUC, la privación de libertad aumentó exponencialmente y las presas por microtráfico pasaron de ser el 30% al 78% de la población femenina en cárceles.
“El aumento de penas se presenta como una solución, pero en verdad profundiza la criminalización de la pobreza y afecta más a mujeres y a las infancias”, dijo Caggiano. Al recorrer los barrios más vulnerables para hacer campaña por el SÍ, la militante feminista dice que las vecinas están preocupadas por vivir en una situación de “inseguridad permanente”, percibiendo cómo sus hijos “son vistos y tratados por las fuerzas de seguridad de forma violenta, por su presunta ‘apariencia delictiva’, a partir del prejuicio por ser joven, pobre y afro”. El artículo 467 habilita detener a personas por “hechos de apariencia delictiva” y su aprobación no es un detalle menor considerando que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) propuso iniciar investigaciones ante el incremento de denuncias por abusos policiales. El Servicio de Paz y Justicia del Uruguay también manifestó preocupación sobre el tema en un comunicado.
Dentro de la propuesta de derogación se encuentran tres artículos que criminalizan la protesta y limitan el ejercicio de este derecho, además de volver ilegal toda actividad que “interrumpa la libre circulación”, como cortes de calle y concentraciones en espacios públicos, instituciones o puestos de trabajo. El artículo 329 pone en igualdad de condiciones el derecho fundamental del trabajo libre con la potestad del empleador de dirigir su empresa, lo que finalmente habilita a intimar y desalojar ocupaciones de trabajadores/as por la fuerza.
En el caso de la vivienda, la LUC cambia las formas de arrendamientos y deja un régimen sin garantías. A las críticas del movimiento cooperativista, las feministas añadieron cómo este cambio de condiciones para acceder a la vivienda podría afectar más los hogares monoparentales con jefatura femenina, integrados por los sectores económicos más precarizados, con malas condiciones salariales. Lo mismo para medidas de regla fiscal como la no obligatoriedad de la inclusión financiera que profundiza la precarización laboral, de trabajadoras como las del servicio doméstico, señaló Caggiano.
En cuanto a la educación la LUC modificó la Ley General de Educación de Uruguay, quitando participación social e introduciendo lógicas privatizadoras y mercantiles para que las instituciones sean “proveedoras de servicios» y formen a personas que sean funcionales al mercado.. Entre las modificaciones, lo que antes era el “Sistema Nacional de Educación Pública” ahora es el “Sistema Nacional de Educación”. Se eliminan los Consejos de Educación inicial, primaria, secundaria y técnico profesional y se sustituyen por direcciones unipersonales; como consecuencia no hay participación docente en la toma de decisiones, y otro artículo suprime también la participación estudiantil.
En el sector agropecuario la LUC modifica al Instituto Nacional de Colonización (INC), que otorga tierras a pequeños productores y productoras. Le quita la potestad sobre más de 100.000 hectáreas y cambia los requerimientos para ser “colonos” al quitar la obligatoriedad de vivir en el predio. Esto habilita la posibilidad de que las tierras queden en manos de personas que no viven ni trabajan en ellas, beneficiando al sector agroexportador del país.
Este video de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay explica (en español) los cambios regresivos de la LUC sobre el acceso a la tierra en el país.
Tamara García enfatiza el objetivo mayor de la lucha: “Queremos que se deroguen los 135 artículos de la LUC pero, de fondo, lo que queremos es poder tener espacios para organizar y articular con todo el campo popular, poder generar un gran frente que defienda líneas en común y que la población esté más consciente y organizada sobre lo que está pasando. Y darle un mensaje claro a la derecha de nuestro país: esta no es la forma de legislar y no van a pasar por arriba de las grandes mayorías”.
