Ante la pandemia y los fenómenos naturales Eta e Iota, las mujeres en Honduras vivimos una situación de precariedad, pero ponemos en marcha una nueva lucha contra la historia de invisibilización de nuestros derechos.
Honduras vive una situación muy difícil, que se ha venido agudizando a partir de marzo del 2020. Por la pandemia, estuvimos y seguimos estando en confinamiento, lo que muchas veces significa estar en el mismo techo que nuestros agresores. En las casas, asumimos muchas responsabilidades con nuestros hijos e hijas, y cuidamos a todas las personas, sean familiares o vecinos. Las mujeres se han responsabilizado por el acompañamiento escolar de sus hijos e hijas en casa, lo que ha significado dificultad tecnológica y de acceso. Ahora, hay también víctimas damnificadas por los fenómenos naturales Eta e Iota, en situación de precariedad por el impacto de los huracanes.
Además de eso, en Honduras nuevamente hemos estado todo el 2020 viendo como la desigualdad, la pobreza, la corrupción y la violencia hacen que nuestros compatriotas emigren para buscar una mejor vida a costa de su propia seguridad. El régimen de Juan Orlando Hernández cree que va a detener la gente tapando la frontera y aumentando el aparato militar para que nuestra gente no pase los retenes hacia las fronteras con Guatemala. Asimismo, las personas siguen buscando formas de salir del país por la situación de precariedad. Muchas personas han perdido sus casas y están saliendo del país con sus niños en brazos, son familias completas que abandonan el país.
Violencia incesante
A lo largo del año, se han recibido más de 70 mil llamadas para reportar violencia doméstica en la línea estatal (911). El departamento que más reporta estas llamadas es justamente el departamento de Cortés, donde fue el epicentro de mayor impacto de las tormentas tropicales Eta e Iota. Allí hay un registro de más de 37 mil llamadas de denuncia a violencia intrafamiliar, lo que significa un promedio de 3.711 casos cada mes y 517 de agresiones sexuales, según datos del Centro de Derechos de Mujeres, que ha estado visitando los albergues.
Hay registros en la prensa del asesinato de cerca de 250 mujeres, según el Observatorio de Violencias contra las Mujeres, que ha estado registrando todos estos datos. Las mujeres jóvenes, de 20 a 29 años son las más afectadas. Cada 26h59, perdimos una mujer por muerte violenta. El 66,4% es por arma de fuego.
A esto se suman los huracanes: hay diez mil personas en albergues, en condiciones de hacinamiento. Hay mucha gente que está en la calle porque no ha podido rescatar sus casas. Los albergues no cumplen las opciones mínimas para que nosotras, las mujeres, y los niños podamos permanecer en la emergencia. Tuvimos una gira a la zona norte cuando se cumplió un mes del desastre. Las mujeres tienen que compartir los baños con los hombres sin divisiones. Organizaciones como Calidad de Vida, Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” y el Centro de Derechos de Mujeres de la Zona Norte visitaron los albergues porque se está reportando acoso sexual, especialmente casos de niñas.
La pandemia y los huracanes incrementan la violencia contra las mujeres.
Para las mujeres que han perdido la vivienda, a esa dura realidad se suma la violencia estatal que, desde hace años, se viene agudizando en el país. Eso se refleja en la migración.
Ya nuevamente se está anunciando una nueva caravana para personas que perdieron todo acá por las tormentas. Se difunde una falsa idea de que, como ganó Biden en EEUU, se van a ablandar las fronteras y Norteamérica va a dar trabajo y visa a todos. Se arriesga todo porque no hay nada que perder en este país. Las personas han perdido su vivienda y los medios de vida. Hay mucha gente viviendo en las orillas de las carreteras. Es increíble ver las imágenes de las caravanas, donde van las mujeres con un niño en cada brazo.
Las tormentas Eta e Iota dejaron tres millones de damnificados. El 15,2% son adultos mayores y el 34,5% son niñas y niños. La combinación de covid-19, Eta e Iota, todo sin ninguna medida de seguridad, genera una realidad brutal. Parte de los materiales hospitalarios que se compraron cuando inició la pandemia no llegan al país. Ya no se están haciendo pruebas rápidas porque ya no hay insumos para hacerlas, lo que significa concretamente un retroceso en la asistencia sanitaria.
Las tormentas del capitalismo
Es el pueblo quien está respondiendo a las situaciones de emergencia decurrentes de la pandemia y los huracanes, porque el Estado no se responsabiliza y está prácticamente saqueado. Son millones y millones de dólares destinados a una deuda pública que se pretende que paguemos, nosotros y nosotras, nuestras hijas y nuestros hijos. Han habido campañas y movilizaciones para exigir: ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los hospitales? El seguro social, que es una entidad a la cual aportamos todas y todos que trabajamos, ya no está recibiendo gente con covid-19. El hospital que recibía personas con dificultades cardiopulmonares también está saturado. La situación se viene a agravar.
Se escucha que enero va a ser un mes difícil por todo el repunte de casos en la zona norte, por los albergues, por las inundaciones. Hay mucha gente que no puede regresar a sus hogares porque los niveles de lodo en sus casas están hasta el techo. En diciembre, había 76 mil personas en los albergues, 180 mil evacuados y 184 mil personas incomunicadas – porque también se perdieron puentes y caminos por donde pasaba la producción alimenticia. Muchos campesinos y campesinas perdieron sus tierras porque el río se las tomó, o sea, las tierras se vuelven ríos y no se puede cultivar más. Organizaciones que forman parte de La Vía Campesina y CODIMCA (Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina) están llevando a cabo la solidaridad a compañeras que perdieron totalmente sus casas, medios de vida, cultivos. La solidaridad feminista y de clase es permanente, sólida, y muy distinta del asistencialismo de turno, que lleva al pueblo una bolsa de frijoles y arroz solo para tomarse la foto.
La hambruna en el país va a venir con aún más fuerza. La respuesta del gobierno es solamente decir que aprueba préstamos. Esta semana se aprobaron 90 mil millones de dólares de préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), supuestamente para “reactivar el agro” en el país. Antes ya se le habían dado más de 4 mil millones de lempiras a los militares para que incentivaran la agricultura y nos seguimos preguntando: ¿dónde está ese dinero? No ha habido ningún apoyo a las campesinas y campesinos, al contrario: son ellos los más olvidados.
El desempleo, la criminalización y el despojo se agudizan. Los empresarios en este momento están hablando de que sería catastrófico que hubiera un aumento al salario mínimo, cuando el aumento que han dado por muchos años son doscientos lempiras, son bien diez dólares.
Los cuidados con el covid-19 disminuyeron después de las tormentas. La mayor circulación ha generado un repunte en los casos. La ausencia de pruebas resulta en ausencia de datos, pero sí se está viendo que muchas personas cercanas están infectándose e incluso perdiendo la vida. Vemos también el repunte en Estados Unidos y en otros países porque dicen que diciembre es un mes “bueno para la economía”. Ponen así su visión monetarista de la economía antes que la vida de nosotras y nosotros. Es eso lo que explica, también, el mantenimiento de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE), que son concretamente una entrega del territorio y bienes comunes hondureños al capital extranjero. Eso no para. Mismo que sean tiempos de pandemia y de huracanes, ellos siguen avanzando en sus procesos de despojo, de destierro, de criminalización de nuestra gente.
Hay mucha gente asesinada por hacer oposición a los golpes, al fraude electoral del 2017. Se criminaliza a quienes defienden el agua, la tierra, el territorio. Nueve compañeros están presos hace más de un año, sin ningún juicio hasta el momento. El país sigue el camino del despojo y manda gente al extranjero para traer de vuelta las remesas (divisas). En el año 2019, cuando se estaba denunciando el intento de privatización de la educación y la salud en el país, el compañero preso político Rommel Valdemar Herrera Portillo tuvo un juicio en el cual fue declarado culpable por cómplice en la quema de la puerta de la embajada de Estados Unidos. La individualización de la pena va a ser el 15 de enero y, mientras eso, no se le permite que vaya a su casa. Al mismo tiempo, dejan en libertad a quien se ha robado millones de lempiras en el país. No es un Estado fallido, sino un Estado que funciona para unos y no para otros no.
2021 promete ser muy duro y, por eso, será de mucha lucha. Al Estado de Honduras no le interesa la vida de las mujeres. Nos toca tomar fuerza entre todas para sobrevivir a tantas violencias capitalistas y patriarcales y lograr todos los sueños que tenemos como mujeres.
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Yamileth Gonzáles es miembro del Movimiento de Mujeres Socialistas de Honduras y participa de la Plataforma 25 de Noviembre. Las dos organizaciones forman parte de la Marcha Mundial de las Mujeres.
