El término estallido, que sirvió para caracterizar la histórica jornada de protesta social contra el neoliberalismo de octubre de 2019, vuelve a hacerse presente en este mes de junio, cuando se cumplen ya dos semanas de movilización popular, que se sostiene pese a una represión que ha dejado hasta ahora dos personas muertas y decenas de heridas, tanto en la, capital, Quito, como en otros lugares del país. Se conjugan, en esta coyuntura, condiciones similares a las del anterior estallido y otras nuevas, pero prima la incertidumbre en un ambiente de turbulencia política y profunda crisis social.
La convocatoria a un paro nacional por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y una movilización tanto en sus territorios como en la capital, constituye el eje de una movilización que suma a muchos otros sectores: estudiantes, trabajadoras y trabajadores de la salud, transportistas, campesinado, mujeres, pequeños comerciantes, pobladores del campo y las ciudades, y muchos más. Un pueblo acorralado por la reimplantación del neoliberalismo, que siente que le arrancan sus posibilidades de tener patria, ese referente de pertenencia a un lugar y a un colectivo que construye condiciones compartidas de existencia y de proyectos de vida. La institucionalidad pública, desfigurada a hachazos por la arremetida ‘anticorreísta’[1] a partir de 2017, hoy se muestra como la adversaria de un pueblo expuesto a la indefensión económica y social, a la represión, a la inseguridad y a la violencia.
Ha pasado un año desde que el banquero Guillermo Lasso asumió la presidencia y cinco años desde que su plan de gobierno se aplica, pues en 2017 el incalificable Lenín Moreno, electo gracias al apoyo popular a la Revolución Ciudadana, adoptó el plan de gobierno opositor (del movimiento CREO) y abrió paso a la retomada del poder por la derecha con el consiguiente giro neoliberal y antiestado. Como resultado, decir hoy que el país sangra no es una metáfora. En el nivel más inmediato, están los muertos y heridos de estos días, a manos de unas ‘fuerzas del orden’ eficaces para reprimir pero incapaces de controlar los recintos carcelarios donde han sucedido espeluznantes masacres el último año o garantizar la seguridad en las calles donde la población padece una escalada delincuencial sin precedentes, la presencia de bandas armadas y el sicariato.
Alcanzan también esa connotación de herida las dificultades para trabajar y vivir que afrontan la mayoría de familias, en un escenario agravado por la pandemia y las políticas pro cíclicas y de austeridad fiscal. En 2020 el PIB cayó en 7.8% y no se prevé aún una recuperación a niveles previos, el desempleo y el subempleo se han disparado junto con una tendencia inflacionaria que no se experimentó en tiempos de dolarización. La protección social se ha reducido a mínimos con unos servicios públicos de salud y educación sometidos a recortes y precarización.
Pero no sólo eso. La saga neoliberal reincide en acciones que llevaron a una crisis extrema en el cambio de siglo, marcada por la quiebra del sistema bancario, la dolarización y la migración masiva de la población. Retornan actores y agendas de entonces, como una suerte de muertos vivientes. Si el propio Lasso es un banquero ‘venido a más’ en ese contexto de fraudes especulativos, en su equipo de gobierno ha rescatado figuras de la época, desfasadas en muchos sentidos de las realidades y urgencias actuales del país.
La distancia entre las necesidades del país y las orientaciones del gobierno es palpable y percibida por la gente, pues los hechos no pueden ser más elocuentes. Por ejemplo, el mismo día de mayo en que se produjo una nueva masacre de 40 personas privadas de la libertad en una cárcel (sumando 356 solo en lo que va del año), salió a relucir el dato de que el banco de su propiedad ha incrementado sus utilidades en 123% el último año. En ese momento, Lasso estaba en Israel, como primer presidente ecuatoriano en visitar ese Estado y con una preocupante agenda de seguridad, negocios y más.
En la fase del conflicto capital-vida del que volvimos a ser parte, la necropolítica acecha. En la primera fase de la pandemia, mientras se pagaba por adelantado un tramo de deuda externa, Guayaquil se llenaba de cadáveres en las calles. En el informe anual de gestión, Lasso enfatizó que los 18 millones de ecuatorianos le debemos la vida por haber aplicado el plan de vacunación para la COVID-19, al tiempo que mostraba como gran resultado los avances hacia la privatización del patrimonio y los servicios públicos. En estos días, mientras transcurre el paro nacional, se ha emitido un decreto para ampliar los despidos y reducir los salarios en el sector público.
Los diez puntos planteados como demanda al gobierno por la CONAIE abarcan los aspectos más críticos y sensibles para la población: precios de los combustibles, moratoria y renegociación de deudas personales y familiares, precios justos para la producción campesina, impulso al empleo y derechos laborales, límites a la extracción minera y petrolera, respeto a los derechos colectivos, no privatización de sectores estratégicos y patrimonio público, control de precios básicos y de la especulación, presupuesto para salud y educación, políticas efectivas de seguridad y protección.
Si a nivel social la coincidencia con estas demandas desborda cualquier diferencia, en el plano político prevalecen las contradicciones. Un sector del partido Pachakutik[2] se mantiene en alianza con el gobierno, como sucedió también en el período anterior. Los diálogos y negociaciones se ven interferidos por la represión y persecución y está presente la experiencia de 2019, cuando en la mesa de negociación se diluyó una lucha social de doce días, terminando por imponerse la agenda del gobierno de entonces. Está puesta también sobre la mesa la activación de mecanismos constitucionales para un cese del gobierno[3], pero a riesgo de que sean tildados de ‘golpismo’ con la consecuente persecución judicial, como ya sucedió en 2019. Así, la salida política a la crisis es necesaria pero sus perfiles no quedan claros en estas horas.
Destaque: ¿Cómo es posible que un país que el mundo reconoció –y en unos casos conoció– por sus transformaciones y propuestas inéditas de cambio orientadas por la noción de Buen Vivir, se encuentre hoy atrapado en una espiral de empobrecimiento, desintitucionalización y violencia?
Es una interrogante que debe ser respondida colectivamente, como parte de la búsqueda de salidas que recuperen el camino recorrido hacia cambios de fondo. Es también un desafío para las fuerzas sociales y políticas que están destinadas a entenderse, superando desencuentros inducidos y atendiendo al sentir de sus bases, como son la CONAIE y la Revolución Ciudadana.
[1] Hace referencia a Rafael Correa, mandatario ecuatoriano entre 2007 y 2017.
[2] Partido creado por el movimiento indígena en los años 1990, conformado por diferentes tendencias, de la izquierda a la centroderecha.
[3] Se rechazó la iniciativa de un proceso de destitución de Lasso en la Asamblea Nacional de Ecuador el martes, 28 de junio.
Texto publicado originalmente en Ruta Kritica.
Magdalena León integra la REMTE (Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Economía) en Ecuador.
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