Han pasado cuatro años desde el asesinato de Marielle Franco, la quinta concejala más votada de la ciudad de Rio de Janeiro. Marielle cumplía su primero mandato cuando fue ejecutada el 14 de marzo de 2018, dentro de un automóvil en el centro de Rio de Janeiro. Uno de los asesinos, el policía retirado Ronnie Lessa, vecino del presidente Jair Bolsonaro, recibió una condena en 2019. La justicia todavía no ha identificado la motivación y los autores del crimen.
Hay una movilización social en busca de respuestas. En Rio de Janeiro y en otras partes de Brasil y del mundo se celebran grandes actos callejeros. Marielle Franco se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la militarización y las injusticias sociales.
La concejala, que se identificaba como mujer, negra y de la favela, hacía EL seguimiento de la intervención militar de seguridad impulsada por el entonces gobierno golpista de Michel Temer.
La violencia que atraviesa Brasil
De 2018 hasta hoy, además de la ausencia de respuestas del Estado sobre el crimen, hemos vivido la elección de Bolsonaro, que se unió a Estados Unidos e Israel, dos Estados que se rigen por la guerra y la destrucción.
Brasil, a diferencia de muchos países, pasó por una dictadura militar. Esta dictadura no terminó del todo, porque la amnistía total para los militares, sin que se juzgaran las torturas y asesinatos que se produjeron, dejó una herida abierta. Nuestro país no ha conseguido en su historia romper con la herencia de la dictadura militar. Es un país que tiene una historia de conciliación, de reforma de ese lugar autoritario. Y el bolsonarismo es el resultado de esto.
Después de seis años del golpe que destituyó a Dilma Rousseff de la presidencia, cuatro años del asesinato de Marielle Franco, tres años del gobierno de Bolsonaro y dos años de una pandemia, Brasil pasa por un desmantelamiento de las políticas públicas de atención a la población, salud, educación, asistencia social. Sin embargo, sigue invirtiendo fuertemente en el sector de seguridad y apostando en la flexibilización de la legislación sobre la portación de armas en el país, que hoy está reglamentada por el Estatuto de Desarme.
Basta de armas, basta de asesinatos
El número de matanzas asciende y algunas «nuevas» iniciativas son presentadas por el gobierno de Cláudio Castro en Rio de Janeiro. Jacarezinho, por ejemplo, es la favela donde ocurrió la mayor matanza de la ciudad de Rio de Janeiro el 6 de mayo de 2021. La sustitución de la Unidad de Policía Pacificadora por el Programa Ciudad Integrada presentó una serie de propuestas para la favela. En la práctica, el nuevo programa culminó con el asesinato de un sospechoso de haber matado a un policía durante la matanza.
Desde hace años, Rio de Janeiro es un laboratorio de políticas racistas de seguridad racistas en el país. Estos programas siempre se visten con nuevos ropajes y siempre terminan en muertes.
En 2020, el Argumento de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) 635 determinó el cese de las operaciones policiales durante la pandemia. El incumplimiento del ADPF es constante. Las disputas por el territorio entre los paramilitares y el narcotráfico hacen que la población periférica de Rio de Janeiro sea rehén de un fuerte brazo armado. Las operaciones de inteligencia sólo inciden en lo superficial, sin cortar el mal de raíz.
Se hace necesario construir alternativas de seguridad pública que pasen por un verdadero debate de transformación social. Para ello, es fundamental que desmilitaricemos nuestro pensamiento.
Por otro modelo de seguridad
La seguridad pública no tiene que ver con el número de policías, operaciones o armas. La seguridad es el estado, la cualidad o la condición de quien o de lo que está libre de peligros, incertidumbres, asegurado contra daños y riesgos eventuales. Una situación en la que no hay nada que temer y la Seguridad Pública sólo existe si es para todas y todos, en todos los territorios y sin armas. Hablar de esta condición supone, así, abordar el derecho integral a la vida y al territorio.
Es el momento de romper con el pensamiento militarizado y enfrentar la seguridad como alumbrado público y ocupación de espacios vacíos y abandonados por el capital privado y el poder público, con programas de vivienda desde el territorio, valorando los vendedores ambulantes y los comercios locales que hacen que la gente pueda circular por todas partes.
Marielle se identificaba como una mujer de la favela. La favela, que es el sitio más inseguro para vivir en Rio de Janeiro, tiene que ser segura en toda su extensión. Sin embargo, estamos presos a una policía militar instituida por la dictadura militar en 1969, que tiene como principal objetivo la protección de la propiedad y el mantenimiento del orden.
Está la lucha por la desmilitarización de la policía, pero la problemática debe ser tratada con mucha más profundidad. Hay que luchar por la desmilitarización de la vida y de los cuerpos, reivindicando el derecho al territorio como centro del debate. De este modo, vamos a poder dialogar sobre los cambios verdaderamente radicales y la transformación social.
La inversión efectiva en educación pública, dando prioridad a los lugares de mayor vulnerabilidad social, un programa de renta básica y de distribución de la renta, la aplicación de la justicia restaurativa y la elaboración de proyectos de reforma urbana destinados a mejorar la calidad de vida en las periferias deben ser considerados como medidas de seguridad pública.
El legado de Marielle
Marielle Franco cuestionó este sistema, denunció la arbitrariedad de las operaciones y acciones policiales en las favelas y señaló repetidamente que la llamada «guerra contra las drogas», considerada hasta hoy una política de seguridad pública, se trata en realidad de un genocidio de la población negra y de las favelas.
Cuatro años después de la muerte de Marielle, tenemos más víctimas de esta guerra civil y más preguntas sobre lo que motivó tal atrocidad.
Para nosotras y nosotros, que seguimos vivas y vivos, se presenta un horizonte de cambio: el aumento de la representación de las mujeres, de la gente de la favela, de las personas negras en los espacios de poder, para que, por fin, podamos garantizar la seguridad pública para todas y todos.
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Dara Sant’Anna es estudiante de Derecho, militante de la Marcha Mundial de las Mujeres, del Colectivo Enegrecer y del Movimiento Negro Unificado en Rio de Janeiro.
