Estados Unidos es conocido como el país de las oportunidades, donde se puede vivir el “sueño americano”. Pero la realidad es que vivimos “en el vientre de la bestia”. La primera vez que fui a un seminario a nivel internacional, se me hizo interesante que la gente participando estuviera sorprendida que también hay luchas de base en EE. UU. Organizaciones como el Comité de Apoyo a Los Trabajadores Agrícolas (CATA), se enfocan en comunidades que son afectadas por las leyes, políticas e injusticias en EE. UU.
Lucha y trabajo diario
En CATA, trabajamos con la comunidad agrícola y también con la comunidad migrante y latina. Somos una organización de membresía y la mayoría es de la comunidad indocumentada. Nuestras áreas de trabajo están divididas en tres ramas: inmigración (mayormente enfocado en abogacía), derechos laborales y justicia alimentaria.
El 1ro de Mayo de este año, en conmemoración del Día Internacional de las y los Trabajadores, algunos de nuestros compañeros fueron a una marcha en la capital Washington D.C. El lema de la marcha fue “papeles sí, migajas no”, reforzando la necesidad de tener una reforma migratoria que beneficie a los mas de 11 millones de indocumentados en EE. UU. Esa realidad se ha estado empujando por ya varios años.
Nuestra segunda área de trabajo, derechos laborales, incluye hacer visitas a los campos laborales y capacitar a los trabajadores de sus derechos. Hay creencias en la comunidad indocumentada de que, por no tener un estatus legal en el país, no se tiene derechos como trabajadores. Incluso, muchas de las veces los empleadores se aprovechan de eso para intimidarles de llamar a «la migra» (policía de inmigración) o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [U.S. Immigration and Customs Enforcement – ICE] si las y los trabajadores se atreven a decir o denunciar algo.
La ultima rama de trabajo, justicia alimentaria, es simplemente porque la comunidad que servimos no tiene el lujo de comer comida que es saludable para elles y para sus familias, sea por falta de recursos o por disponer solo de lo que hay en sus comunidades. Se dice acerca del trabajo agrícola que no se requiere de ninguna habilidad, pero en realidad se necesita saber trabajar.
Muchas y muchos trabajadores agrícolas viene de países latinoamericanos donde la agricultura era el sustento de la familia. Allí, decidían y tenían control sobre lo que sembraran y como lo sembraban. Aquí, obedecen ordenes del agricultor, no tienen control de eso y la sabiduría se pierde. Por eso, el corazón de nuestro programa de justicia alimentaria son los huertos comunitarios, donde la gente participa en comunidad, toma decisiones de lo que se siembra y cómo, y comparte esos conocimientos a nuevas generaciones.
Ningún ser humano es ilegal
Cuando empezé a trabajar en CATA, hice una entrevista con una mujer centroamericana que contó de como llego a los EE. UU. Esto fue en el 2014. El año es importante porque, a partir de ahí, se empezó a ver como se intensificó la migración de centroamericanos surgió mas por medio de caravanas. Muchas personas que emprenden esa jornada lo hacen porque hay demasiada violencia en sus países, sea por el gobierno o en sus casas, como lo fue en aquel caso.
Aquella mujer que entrevisté había huido de su esposo por la violencia doméstica. Esto es el caso de muchas mujeres. Hemos visto también que están mandando a los niños solos: se entregan a migración en la frontera y se declaran como refugiados, y así los dejan pasar a EE. UU. Pero desde ese momento los criminalizan, ya que son “liberados” con un grillete en el tobillo, como ocurrió con la muchacha de la entrevista. Este grillete les requiere que se sienten junto al enchufe para poder cargarlo por horas y les obliga a reportarse con inmigración frecuentemente.
Los agentes de migración, mejor conocidos como ICE, no tiene un organismo que revise sus prácticas o políticas. La nueva administración mantiene proacciones supremacistas y patriarcales de legislaciones de inmigración. Los oficiales del ICE, hasta los tribunales, tienen mucho poder y discreción sobre cómo tratan a las personas y a quiénes consideran merecedores de un estatus de refugiado. En eso, las mujeres son a menudo excluidas, ya que son vistas como una carga para el Estado. Les quitan a sus hijos, las ponen en condiciones que les obligan a sufrir más violencia de género, incluida la violencia en los centros de detención, donde sufren, por ejemplo, con agresiones sexuales y esterilizaciones forzadas.
No se han tomado muchas medidas y, de hecho, siguen deportando gente a pesar de haber declarado una moratoria de 100 días en las deportaciones. Los migrantes haitianos están siendo deportados masivamente. Esto se combina con otras políticas y prácticas anti-negras y anti-migrantes que vemos en la vigilancia y captura para deportación de migrantes negros y latinos. Estados Unidos no está siguiendo las convenciones internacionales sobre los derechos de los refugiados, sino que escoge, a su beneficio, quién es refugiado y quién no. Las mujeres seguirán viéndose afectadas por la triple crisis: económica, política y climática. Los migrantes centroamericanos ahora mismo están siendo excluidos del estatus de refugiados y su permanencia en Estados Unidos es vulnerable a la deportación.
La pandemia profundiza desigualdades
El año pasado se pudo visibilizar más las injusticias y hacer más concientización sobre las realidades que enfrentan mayormente la comunidad de color. No fue simplemente porque «hubo interés», sino que, debido a la pandemia, muchas cosas salieron a la luz. Esto ocurre cuando hay una catástrofe, pero debemos de aprovechar ese momento para invertir el sistema y las situaciones de manera permanente.
En este último año de pandemia, la discriminación contra las comunidades asiáticas fue incrementada. Aumentan los delitos de odio xenófobo contra las mujeres y los ancianos, bien como a las personas excluidas de la protección, como los trabajadores esenciales, los trabajadores agrícolas, los cuidadores y los trabajadores de la confección, sectores que ven mucha exclusión de protección y, al mismo tiempo, reciben una gran demanda de servicios.
El gobierno estadounidense estuvo otorgando estímulos monetarios para los ciudadanos de los EE. UU. por la pandemia. Las personas indocumentadas fueron excluidas de este apoyo. Las familias en donde solo una persona en la pareja es ciudadana, fueron excluidas. Las personas que perdieron su empleo y no tiene un seguro social no pueden aprovechar el desempleo. Dentro de las familias, mamas tuvieron que dejar su empleo porque no podían llevar a sus hijos al cuidado, a las niñeras o a las escuelas.
Hay familias que tienen más de tres hijes y no tienen el lujo de tener tres dispositivos para hacer la escuela en línea. Las escuelas no estaban otorgando los materiales para que el aprendizaje siguiera. No se hizo capacitación de cómo usar la tecnología y no todos tienen acceso a internet en casa. Encima de eso, las mujeres también tienen que encargarse de las tareas del hogar.
Dentro de la organización, no podíamos reunir mucho con nuestra base porque navegar las reuniones en línea fue difícil para muchos. Sin embargo, ya tenemos el desafío de la participación de las mujeres por las mismas situaciones de cuidado de niños y tareas del hogar, lo que se hace más dificil aún con todo lo adicional de la pandemia.
Alternativas desde la organización popular
Las organizaciones de base y comunitarias fueron afectadas durante estos tiempos. Delante de las dificultades con el empleo, creamos en CATA un fondo solidario para la comunidad indocumentada. Obviamente, no pudimos ayudar a todas las personas y lo que otorgábamos no era suficiente. También sentimos la necesidad de producir más alimentos esta temporada, tanto por las razones descritas anteriormente cuanto porque, a pesar de que había varios esfuerzos de distribución de alimentos o despensas, mucho de lo que se estaba repartiendo era comida enlatada y procesada.
Expandimos uno de nuestros huertos comunitarios, nos aliamos con aquelles que estaban distribuyendo las despensas y proveímos productos frescos. Iniciamos nuestros días de mercado, distribuimos alrededor de 10 mil cubrebocas, ya que los empleadores no estaban obligados a seguir recomendaciones sanitarias. Se perdieron muchas vidas debido a la negligencia de los empleadores y al consumismo. Es por eso que nos unimos a la lucha internacional para la justicia desde y hacia nuestras comunidades, partiendo de una agenda feminista.
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Kathia Ramírez es la coordinadora de Justicia Alimentaria en el Comité de Apoyo a Los Trabajadores Agrícolas (CATA) en el Sur de Nueva Jersey. CATA es una organización miembro de la Alianza Popular por Justicia Global [Grassroots Global Justice Alliance – GGJ].
