Desde hace muchos años, las organizaciones ambientalistas denuncian los daños que causan las plantaciones de palma aceitera a gran escala, sobre todo para el uso de las grandes empresas extranjeras. Sin embargo, hay otras víctimas de esta actividad comercial más allá de la naturaleza. Se trata de un modelo de producción que se sustenta en el acaparamiento de tierras, la exclusión de las comunidades que allí viven, la explotación de los recursos naturales e innumerables formas de violencia, especialmente contra las mujeres de las comunidades. En una nota, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM por sus siglas en inglés) afirma que «la violencia inherente al modelo colonial de plantaciones no perdona a los sistemas de reproducción de la vida. Es decir, a los sistemas de organización colectiva, de soberanía alimentaria, de cuidado comunitario, de diversidad cultural y lingüística, de conocimientos ancestrales, entre otros varios aspectos».
El 25 de noviembre de 2020, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la Alianza Informal contra las Plantaciones Industriales Palma Aceitera lanzó el vídeo «Violencia y abuso sexual contra las mujeres en las plantaciones industriales de palma aceitera» para denunciar esta realidad vivida principalmente en África Occidental y Central. La Alianza Informal es un colectivo de militantes comunitarios y organizaciones de base de las referidas regiones de África. El video cumple el papel de ampliar la solidaridad, al expresar su apoyo «a todas las mujeres que sufren solas y en silencio» y rendir homenaje “ a todas las valientes mujeres que, contra viento y marea, resisten y dicen no a la violencia y el abuso”.
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«Una vez establecidas, las empresas hacen todo lo posible por maximizar sus ganancias a expensas de las mujeres, a quienes les usurparon sus tierras para establecer las plantaciones. El bienestar de las mujeres no es su prioridad”, explica el video. El modelo de producción capitalista de estas plantaciones y el patriarcado son estructuras inseparables. La violencia es una práctica sistémica. Una vez que las empresas establecen sus instalaciones, aumenta la violencia sexual contra mujeres y niñas de las comunidades. También ponen en peligro sus medios de vida, su seguridad y la de sus familias y la soberanía alimentaria.
