Los movimentos populares en Perú llevan más de tres meses en pie de lucha. En 7 de deciembre de 2022, Pedro Castillo fue destituido de la presidencia de Perú y detenido, en un golpe de Estado llevado a cabo por los sectores derechistas mayoritarios del Congreso Nacional.
Inmediatamente, a través de manifestaciones multitudinarias y pacíficas, los movimientos populares de Perú pasaron a demandar la renuncia de Dina Boluarte (la vicepresidenta que asumió el lugar de Castillo) y de los miembros del Parlamento, además de la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
Como respuesta, reciben del Estado balazos, arrestos, desapariciones, violencia física y psicológica. De deciembre de 2022 a este mes de marzo de 2023, ya fueron criminalizadas más de 400 personas, más de 60 fueron asesinadas en las manifestaciones y miles quedaron heridas.
La movilización popular combina manifestaciones locales, regionales y nacionales, realizando paros y grandes marchas, que ocurren simultáneamente en el país. Un momento significativo fue la llamada Toma de Lima, en 19 de enero de 2023, cuando se juntaron los movimientos populares, trabajadores, feministas, campesinos e indígenas de todo el país en la capital federal.
Con arengas, cantos, bailes, carteles, banderolas y mucho más, recorrimos día a día las inmensas calles de Lima removiendo las consciencias y recibiendo una fuerte represión de los policías y militares que disparan directamente a nuestros cuerpos, que se ensañan contra los y las manifestantes, demostrando todo el racismo de las instituciones que los avalan y dirigen.
Marcha Mundial de las Mujeres de la región Macronorte de Perú.
El feminismo está trabajando por la unidad de la lucha nacional, levantando sus banderas desde los territorios de diversas partes del país, como cuenta Ruth Reyes, la coordinadora del Círculo de Acciones Feministas (CAFEM) Ruth Reyes. Las mujeres, desde los movimientos mixtos y auto organizados, forman delegaciones que viajan a la capital, manteniendo la movilización siempre activa y articulada en red.
La mujer campesina perdió el miedo. Cada compañera de las diferentes regiones se prepara, se alista en delegaciones tras delegaciones para llegar a la capital y así estar en las manifestaciones pacíficas que hacemos.
Lourdes Huanca
Un golpe contra los pueblos y la naturaleza
El relato de Rosa Sara Huaman Rinza, dirigenta de la Comunidad Indígena San Juan de Kañaris, da a ver la denuncia popular al racismo y al colonialismo, que mantienen el extractivismo transnacional en el país. “Estamos aquí en Lima porque ya estamos cansadas que nos traten de manera discriminatoria, nos digan indios, ignorantes, cholos, serranos. A pesar de que sostenemos la vida y alimentamos a las ciudades, nos tratan de lo peor”, dice.
Las militantes denuncian que el golpe no es usurpador solamente de la democracia; está también usurpando los bienes comunes, la naturaleza y los territorios campesinos y ancestrales. “Este Estado todo el tiempo nos esta discriminando y concesionando nuestros territorios a las trasnacionales. Son nuestros bosques, lagunas y colchones acuíferos que producen agua dulce para alimentar las ciudades, pero no les importa, porque primero están sus ganancias”, afirma Rosa Huaman.
Para Lourdes Huanca, de La Vía Campesina, 2023 es un año clave porque es cuando se van a revisar las concesiones mineras y petroleras. «Necesitamos fuerza para presionar en eso, porque es por esa razón que tienen Pedro Castillo encerrado».
Estamos aquí cargando en nuestros hombros a las personas asesinadas por este sistema capitalista patriarcal que siempre pone prioridad al capital antes que nuestras vidas. Estamos aquí porque Dina Asesina y este Congreso golpista están intentando acabar con nuestros territorios, aceptando contratos ley que perjudican nuestras tierras, comunidades y aguas.
Liz Medrano, coordinadora de la Comunidad TLGBIQ+ de Lambayeque
Hacia una democracia sólida y popular
La reivindicación de un proceso constituyente popular acompaña la actual ola latinoamericana que exige una reorganización profunda del Estado. Es una reivindicación por liberarse del neoliberalismo, la desigualdad y la primacía de la lógica de ganancia plasmadas en las constituciones escritas en periodos de intenso autoritarismo. Perú está en esta exacta situación: su Constitución Política vigente hoy fue redigida en el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori, en 1993.
Poner fin a la constitución actual es frenar “al neoliberalismo extractivista, que en 30 años nos ha llevado a una gran desigualdad, explotación, desconocimiento de derechos, institucionalización del trabajo esclavo en el agronegocio, reconcentración de la tierra en privados, despojo, contaminación de las aguas, destrucción de territorios, militarización y criminalización de la protesta”, como afirma la Marcha Mundial de las Mujeres en el país.
Las compañeras reivindican una democracia que surge de los pueblos, de las mujeres, de las comunidades desde sus necesidades para una vida digna y en defensa de la naturaleza y del buen vivir. Para eso, “la despatriarcalización, descolonización, anticapitalismo es un proceso que debe fortalecerse desde las bases, desde lo colectivo y comunitario”.
En el marco del 8 de marzo, una articulación de organizaciones feministas, de la cual forma parte la Marcha Mundial de las Mujeres de Perú, publicó un pronunciamiento titulado “Esta democracia ya no es democracia”. En el documento, denuncian las movidas de los sectores conservadores para aprobar políticas antipueblo durante este contexto de ausencia democrática.
Las fuerzas antiderechos impulsan contrarreformas en el campo de la educación, los derechos sexuales y reproductivos, y buscan cooptar instituciones, como el Tribunal Constitucional y hoy, la Defensoría del Pueblo. Los conservadurismos de derecha e izquierda avanzan y amenazan los derechos de las mujeres y la población LGTBIQ+ y, con ello, una verdadera apuesta democrática.
Pronunciamiento “Esta democracia ya no es democracia”
Basta de represión
El gobierno de Dina Boluarte tramita el incremento de penas vinculadas a la protesta social, en una estrategia de criminalización de la organización política y de la solidaridad. “La justicia ordinaria actúa como en los viejos tiempos fujimontesinistas, asesinando, militarizando criminalizando la protesta”, evalúa Lourdes Contreras, vicepresidenta de la 13.ª Zona de Rondas Campesinas de Cutervo y coordinadora de la MMM en la región Macronorte de Perú.
Según exponen las mujeres en el pronunciamiento para el 8 de marzo, “se han producido condiciones degradantes y crueles en las detenciones, que han tenido un sesgo de género respecto a las mujeres detenidas, así como intervenciones ilegales y arbitrarias a locales de organismos sociales, educativos y políticos”. Las organizaciones denuncian especialmente la persecución racista contra las mujeres aymaras.
Las detenciones hacen uso del machismo y del racismo, y punen especialmente a las mujeres por dejaren sus casas para participar en las manifestaciones. Pero, como dice Lourdes Contreras, “las mujeres indígenas campesinas, jóvenes, rurales, de la periferia estamos en una resistencia histórica de más de 500 años”.
Solidaridad desde los pueblos
La solidaridad internacional, desde los pueblos y movimientos, es clave para derrotar a los golpistas y fortalecer la retomada de la democracia.
Además de las luchas en las calles del país, el trabajo de denuncia internacional realizado por personas peruanas que viven o viajan a otros países tiene un rol importante. La militante campesina Lourdes Huanca relató sus esfuerzos de difundir la situación a diputados y activistas de diferentes paises de Europa, resultando en informes y pronunciamientos internacionales en favor de los manifestantes, así como sanciones a la militarización.
«En nuestro país, están matando con balas. En España, han logrado parar la venta de armamentos a Perú. También en España, el embajador hizo una campaña contra mi persona, diciendo que estoy difamando a nuestra patria. Sin embargo creo que la solidaridad de nuestras hermanas ha permitido que se haya destituido”, informa Lourdes Huanca. En las Américas, el posicionamiento crítico de gobiernos progresistas también es importante para debilitar el reconocimiento de Dina Boluarte.
Un ejemplo de práctica solidaria más allá de las fronteras en Latinoamérica ha sido la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos. Realizada desde Argentina, la Misión se quedó en Perú entre 8 y 13 de febrero de 2023, dividiéndose en grupos de trabajo que se transladaron a distintas ciudades afectadas por el conflicto, como Juliaca, Ica, Cusco, Ayacucho y Lima. El grupo pudo observar graves violaciones de derechos humanos y se responsabilizó por apoyar la denuncia internacional a la represión estatal.
Maria Jose Cano, una de las participantes de la Misión, es directora nacional de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma (CTAA). Según ella, la Misión cumplió el rol de testigo del sufrimiento y de la resistencia del pueblo peruano, al escuchar las víctimas, familiares y dirigentes de las organizaciones populares.
Desde la Misión en función de los testimonios y y enorme cantidad de pruebas recabadas, concluimos preliminarmente que el Estado peruano debe ser investigado, ya que a través de sus fuerzas armadas y de seguridad regulares habría asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a vastos sectores vulnerabilizados del pueblo peruano. Hemos constatado a partir de los distintos testimonios que la represión desplegada, desproporcionada y violenta estuvo dirigida hacia la población civil, hacia las distintas manifestaciones populares y sus alrededores, pudiendo constatar también, el uso abusivo de armas letales con severas consecuencias sobre la integridad física de peruanos y peruanas. El pueblo peruano tiene el derecho a la apertura de todas instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales para obtener verdad y justicia.
Maria Jose Cano
