En 30 de deciembre de 2020, la mayoría del Senado argentino votó favorable a la legalización del aborto. La aprobación fue resultado de un amplio e intenso proceso de movilización nacional y territorial, que animó e inspiró a mujeres militantes feministas de las Américas y de todo el mundo. Un año y un mes después, las mujeres argentinas siguen organizadas, monitoreando la ejecución de la ley, exigiendo la ampliación del acceso a los servicios, la liberación de mujeres presas por abortar. El aborto legal, seguro y gratuito es una reivindicación que profundiza la democracia y solo se concreta cuando está anclada en el debate, la lucha y la presión feminista amplia y popular.
Para comprender cómo fue la lucha feminista por autonomía en este primer año de aborto legal en Argentina, hablamos con Martha Rosenberg, una de las fundadoras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Psicoanalista y militante feminista histórica, Martha compartió con Capire su evaluación política sobre este fuerte proceso de movilización que llevó a la legalización del aborto, bien como sus apuestas para seguir profundizando y concretando este derecho. Martha es autora de Del aborto y otras interrupciones, libro que compila artículos escritos a lo largo de su vida sobre las luchas de las mujeres por autonomía.
En el 30 de diciembre de 2020, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se promulgó en Argentina, resultado de un largo proceso de movilización feminista. ¿Cómo se dió esa lucha?
Es importante para mí constatar, un año después, que la lucha sigue, que no se detuvo con la aprobación de la ley. Fue un hito histórico para nosotras este logro que cambia totalmente el panorama de la práctica del aborto: pasar de ser un delito el aborto voluntario a ser un procedimiento legal. Pero el hecho de que exista la ley no cambia automáticamente las condiciones de la práctica del aborto. Hay que poner en práctica, primero, todas las políticas públicas que aseguran el acceso igualitario a la práctica del aborto legal y seguro. Esto es un gran trabajo que cae bajo la responsabilidad del Estado. Es una ley federal de aplicación obligatoria e inmediata en todo el país.
En Argentina, hay una distribución territorial sobre los derechos reproductivos y sexuales muy marcada según la zona del país, el grado de desarrollo de las distintas provincias y el tipo de orientación política que tienen los gobiernos provinciales. Hay una orientación clara desde la zona norte del país, que es muy conservadora, muy pobre, muy sumergida. Esto no es una novedad, es una historia que se mantiene desde hace décadas con una influencia y dominación muy importante de los sectores vinculados al pensamiento más conservador de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas.
Políticas públicas necesitan presupuesto, necesitan prestadores capacitados. Eso no se hace de un día para el otro, mucho menos con las resistencias que fueron derrotadas pero no vencidas en nuestro país. Existen resistencias conservadoras, misóginas y antiderechos muy fortalecidas en los últimos años, a partir de la primera votación, en 2018, cuando perdimos en el Senado por muy pocos votos. Hubo un reagrupamiento y fortalecimiento de la reacción antiaborto. Lo mismo en toda América Latina y el mundo.
Gracias a las décadas de trabajo que llevamos de lucha por el derecho al aborto, tanto en Argentina como en otros paises el tema del derecho al aborto se transformó en un tema político a nivel internacional.
Tener el pañuelo verde guardado en el bolsillo o en la cartera, y ponernoslo cuando vamos a algún evento, pasó de ser una señal de identificación en las manifestaciones a serlo en la vida cotidiana. Muchas chicas jóvenes tienen nuestro pañuelo verde atado en su mochila, van a la escuela, al colegio, andan por la calle y usan sus medios de comunicación con él. El pañuelo verde se transformó en un símbolo muy utilizado por los movimientos feministas en todos los países, no solo de América Latina. Se ha transformado en un símbolo gracias al planteo que tenemos del derecho al aborto como un derecho interrelacionado con todos los demás derechos que hacen posible la práctica de un aborto legal, seguro y gratuito.
Además de que no es eficaz la penalización del aborto para detener la práctica, se ha demostrado que las mujeres abortan igual aunque el aborto sea ilegal. En nuestro país, la cantidad de abortos voluntarios nunca disminuyó.
En Argentina existen las causales, formas legales de aborto cuando hay embarazo causado por violación y cuando hay peligro para la salud y la vida de la mujer. Estas dos causales existen desde 1921, pero la práctica era muy escasa, siempre estaba judicializada. Lo que nosotras hicimos durante 16 años fue la campaña por el aborto legal, seguro, voluntario y gratuito hasta las 14 semanas de gestación para todas las las mujeres y personas, y que sigue siendo legal sin término cronológico (de edad de gestación) para las causales que ya eran legales.
Nosotras tenemos un triple lema: «educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir». Sobre los dos lemas anteriores, que van en un gradiente de importancia para la prevención, la educación sexual tiene una ley desde hace 16 años que todavía no se cumple cómo debería en la mayor parte del país. La Ley 25.673 de salud sexual y procreación responsable existe desde 2003 y ha logrado estructuras más o menos estables, pero tampoco se está cumpliendo. Se desmontaron estructuras de provisión de anticonceptivos, se degradó la Secretaría de Salud durante el gobierno de Macri, hubo una serie de reducciones del acceso a los anticonceptivos que son gratuitos y a elección de cualquier persona en edad fértil. Hay ausencia de campañas de difusión, que son el medio por el cual las personas pueden llegar a conocer que tienen estos derechos.
La ley del aborto es bastante buena, y se consiguió gracias al apoyo del poder ejecutivo. Se estuvo discutiendo desde 2018, cuando se puso en la agenda parlamentaria por Macri, con una posición de abrir la discusión y expresar su fuerte oposición. A partir de ahí, se abrió una discusión a todos los niveles sociales y políticos. El tema del aborto pasó a ser un tema político que todos los partidos disputaban. El presidente Alberto Fernández adoptó el apoyo a la ley como tema de su campaña electoral. Eso fue importante incluso para lograr votos para presidente Fernández – porque el tema del derecho al aborto ya no es un «espanta votos», que era lo que se decía antes.
La campaña desarrolló un amplísimo número de formas de acción a través de coaliciones políticas con distintos movimientos sociales. El derecho al aborto se transformó en un tema político de discusión corriente. El presidente Fernández presentó su propio proyecto de legalización del aborto, que fue demorado por la pandemia. Nosotras decidimos insistir con la presentación del proyecto en un momento que todo el mundo decía «no, con la pandemia hay que callarse, no es prioritario». Durante todo el primer año de gobierno, hicimos una campaña muy importante sobre la urgencia de la legalización del aborto que se llamaba ¡Urgente, urgente!¡Aborto 2020!
Usted ha hablado de los pañuelos, del triple lema, de la campaña de 2020… ¿Hay otros elementos de la estrategia fundamentales para el éxito de esa lucha que le gustaría destacar?
La idea de una campaña nacional surgió en 2003, en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario. El Encuentro Nacional de Mujeres es un rasgo muy característico de nuestro movimiento de mujeres. Es original, no es común que haya en otros países. Nosotras tenemos encuentros desde el año 1986. Ocurren todos los años, en un lugar distinto del país, donde van mujeres de todas clases y de todo el país. Es autónomo y autofinanciado. Las mujeres organizan sus ahorros con fiestas, rifas y solidaridad. Son lugares de absoluta transversalidad, federalidad, pluralidad política y diversidad sexogenérica y étnica.
La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue una forma de construcción intersticial, presente en todos los espacios de manera democrática y participativa. Hay una comisión de articulación nacional, que articula las regiones y los activismos, en donde se elaboran políticas conjuntas, pero siempre las estrategias políticas se elaboran en las Plenarias Nacionales de la Campaña.
No hay ningun espacio de poder social en donde no se haya dado la lucha por el derecho al aborto, desde el interior de los organismos del Estado hasta las barriadas populares, las organizaciones territoriales de los barrios más carenciados, los partidos de izquierda y otros.
También fue muy importante la construcción de la coalición con el movimiento Ni Una Menos a partir del 2015, que apareció con una masividad enorme por los crímenes de feminicidio espantosos, que en nuestro país siguen ocurriendo. Nos sumamos a la cabecera de la campaña con el lema «Ni una menos por aborto clandestino». Eso también determinó un crecimiento muy importante. Apoyamos a los movimientos queer a partir de nuestra solidaridad con la lucha por el respeto a la identidad de género y por el matrimonio igualitario. Hemos participado en muchísimas luchas por los derechos humanos. El logo de nuestro pañuelo tiene el pañuelo blanco de las Madres de la Plaza de Mayo, que son un ícono de la lucha por los derechos humanos en nuestro país y un componente muy importante de la política a nivel nacional.
Hemos conseguido una coalición importante de movimientos. Es un lugar de nudo político, en dónde tenemos aliados y aliades en todos los sectores políticos, incluso el consorcio de diputados que dieron la batalla en el 2018, que se llamó Las Sororas. Hay mucho trabajo académico sobre cómo este movimiento se construyó como una especie de experimento político para ampliar la democracia.
En ese momento, una de las cuestiones más importantes es seguir conservando la autonomía política del movimiento. Muchos sectores confunden el hecho de que hayamos logrado la votación por una iniciativa del gobierno actual con una especie de dependencia política del gobierno. El proyecto presidencial tiene partes copiadas de nuestro proyecto, y nos hubiera gustado que el presidente hubiera presentado nuestro proyecto como propio, pero no fue así. Se hizo una composición muy fina desde el punto de vista político. Se presentó junto a la llamada Ley de los Mil Días, de protección a la mujer embarazada hasta los tres años de edad de sus hijos, que amplía mucho la protección que ya existía. Creo que fue un acierto político para equilibrar el rechazo de los sectores más conservadores.
Ni todos los puntos de la ley son los que queríamos. Por ejemplo, el punto de la objeción de conciencia se puso en el proyecto presidencial. La experiencia es que, sobre la base de esa objeción de conciencia, se han desarrollado en ese último año obstáculos, impedimentos, judicialización de prácticas ilegales en las instituciones de salud. Las instituciones tienen que garantizar la práctica del aborto a pesar de que todos sus integrantes sean objetores de conciencia. Hay lugares en la ley donde se da pie a prácticas restrictivas del acceso al derecho, que algunos servicios realizan ilegalmente. Se demora y se judicializa en contra de la ley. Ellos no ganan esas batallas, pero eso implica que mucha gente en el camino tiene que sufrir. Ese tema requiere un cambio cultural, que a su vez requiere campañas de difusión que todavía no hay, y la vigencia efectiva de la educación sexual integral en todo el país.
A pesar de estos desafíos, ¿qué ha cambiado en la vida de las mujeres un año y un mes después de la promulgación de la ley?
Es muy importante lo que ha cambiado subjetivamente. La mujer que sabe que puede recurrir al aborto sin ser castigada, estigmatizada, maltratada tiene una libertad mucho más grande para tomar sus decisiones sobre su propia vida. Siente que tiene mayor valor social. Eso no va solo, pues acompaña una serie de cambios. Ha crecido exponencialmente el número de llamados a la línea de salud sexual del Ministerio de Salud y las consultas por aborto que, desde esa línea, se derivan a servicios que queden próximos al lugar de la consulta y que estén instrumentando el aborto voluntario y legal.
Aumentaron, por supuesto, la cantidad de abortos realizados en la mayoría de jurisdiciones porque, ahora, se declara. Antes era clandestino y secreto. No se declaraba algo que podría ser motivo de penalización, cárcel, condena social y efectiva. Hay una campaña muy importante por la libertad para las presas por aborto y por otras figuras utilizadas para el juicio de las mujeres por otros eventos obstétricos. Los casos no se visibilizaban mientras el aborto voluntario era ilegal. Ahora, por el principio de la ley ahora vigente, deberían ser puestas inmediatamente en libertad.
El aborto clandestino es un riesgo para la vida. En ese momento, una mujer puede decidir por un aborto sacando el riesgo de vida de su balanza. Sabe que puede tener un aborto con métodos seguros. Asimismo, este año hubo casos de muerte por aborto clandestino, lo que tiene que ver con la falta de difusión, de educación sexual e integral, y de acceso a servicios de salud.
Las compañeras socorristas son una red muy importante, con una práctica solidaria de acompañamiento, información y creación de una cultura centrada en la solidaridad feminista. Se centró en el método medicamentoso en un momento en que eso no estaba tan difundido como ahora. Siempre hubo muchas discusiones, porque el objetivo de la campaña era conseguir la legalidad y la responsabilidad del Estado sobre la práctica del aborto. Pero esa alternativa construyó una práctica sobre la cual actualmente hay un intercambio y una experiencia muy frondosa. Los equipos médicos consultan a las compañeras socorristas porque ellas tienen una experiencia acumulada.
Es muy plurivocal la construcción de ese acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Es un ejemplo de práctica política democrática y de ampliación de derechos para las mujeres y personas que gestan que son elementos básicos para la transformación social para todo el mundo.
¿Qué mensaje te gustaría pasar a las compañeras de todo el mundo que luchan por la autonomía de sus cuerpos y sexualidades?
Es una lucha necesaria. No es suficiente para la transformación social, pero no es prescindible. No se puede abandonar. Tiene que estar acompañada de muchas otras luchas por crear las condiciones para el ejercicio de este derecho. Es una lucha que se comunica con todos los derechos sociales sobre las condiciones de vida concretas que hagan posible que la práctica del aborto sea algo que se pueda elegir y se tenga acceso, sin tener consecuencias sobre la salud, la vida y los proyectos de la libertad de las mujeres.
