Clarissa Mendoza es coordinadora de la Secretaría Nacional del Movimiento por la Reforma Agraria y la Justicia Social [Kilusan para sa Repormang Agraryo at Katarungang Panlipunan – Katarungan], un movimiento de masas filipino de beneficiarios de la reforma agraria, pueblos originarios, pobladores de las tierras altas, campesinos y otras poblaciones rurales. En esta entrevista, habla con Capire sobre el contexto político del autoritarismo en Filipinas y la resistencia de las mujeres campesinas del país.
En 2022, tras la celebración de las elecciones presidenciales, Ferdinand Marcos Jr. (conocido como Bongbong Marcos) se convirtió en el nuevo presidente del país. Bongbong Marcos es hijo del exdictador derrocado en 1986 por la Revolución del Poder Popular. Según Clarissa, el nuevo gobierno intenta promocionarse al afirmar que da prioridad a los agricultores locales, pero en realidad está sucediendo todo lo contrario. En el primer trimestre de 2023, Filipinas experimentó la mayor inflación en 14 años, que alcanzó el 8,7%. “A la gente le está resultando muy difícil conseguir alimentos, tener dinero para su subsistencia, incluido el sector menos privilegiado de nuestro país, formado por campesinos y campesinas”, afirma.
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¿Cómo se está dando la resistencia de las campesinas en este contexto de autoritarismo?
Las mujeres de Filipinas siguen en resistencia. Las campesinas siguen asumiendo el liderazgo en sus respectivas organizaciones. También están en marcha iniciativas para luchar contra la ley antiterrorista, que irónicamente, aterroriza a quienes luchan, que reivindican los derechos humanos y otras causas. Y hay numerosas iniciativas en defensa del derecho a la tierra, concretamente para la implementación de la reforma agraria. En las últimas décadas, uno de nuestros mayores problemas es el uso de la tierra. En Filipinas no existe una ley integral que regule el uso de la tierra, razón por la cual muchas organizaciones reclaman la aprobación de una ley al respecto.
Las mujeres de Filipinas están en lucha permanente por sus tierras, junto con sus maridos, sus comunidades y también sus hijos. Mujeres de todas las edades están luchando incansablemente por sus derechos.
¿Podrías contarnos cómo son las políticas sobre la tierra en Filipinas y qué se está proponiendo desde Katarungan?
Una de las disposiciones de nuestra Constitución establece que la industrialización de nuestro país debe basarse en un consistente desarrollo agrícola y en la reforma agraria. Esto significa que la agricultura y la reforma agraria son sectores que se consideran de primera línea para nuestro desarrollo económico. Desafortunadamente, no sucede en la práctica.
Aparte de la Constitución, también hay varias leyes sobre la reforma agraria. Una de ellas es el Programa Integral de Reforma Agraria (CARP, por sus siglas en inglés), aprobado en 1988 y cuya versión modificada se aprobó en 2009. Son leyes que tratan, entre otras cosas, de la adquisición y distribución de tierras. Antes existían leyes agrarias, pero tenían un alcance limitado. Estas leyes posteriores fueron fundamentales para el movimiento campesino de Filipinas, ya que sabemos que la tierra tiene una importancia crucial para nuestra producción y, por supuesto, para la autosuficiencia alimentaria.
Algunos artículos de tales leyes han sido realmente de gran ayuda para nuestros campesinos y campesinas, pero todavía hay otros que no se han aplicado correctamente. Uno de ellos es el artículo 19 de la ley CARP, que exige el uso de sistemas de remisión de expedientes porque los casos presentados contra los campesinos no deben juzgarse en tribunales ordinarios. Cuando los casos son de materia agraria, deben tratarse por separado. Desde Katarungan pensamos que la aplicación concreta de este artículo no es la correcta, ya que se han registrado muchos casos de criminalización de agricultores precisamente por luchar por sus tierras. El gobierno filipino tiene que revisar este artículo, revisar la implementación general de la reforma agraria, así como la disposición relativa a los servicios de apoyo.
No basta con conceder tierras. También hay que garantizar a los agricultores y las agricultoras la capacidad de cultivar y producir la tierra. Esto está relacionado con el uso de servicios de apoyo y, por supuesto, con la necesidad de apoyo jurídico. En los últimos años, muchas corporaciones han creado falsas acusaciones contra los agricultores. Por lo tanto, el gobierno tiene que tomar la iniciativa de brindar asistencia jurídica a esas personas.
En muchos territorios, las mujeres también están luchando para denunciar ese contexto de alianza entre el gobierno y las empresas transnacionales y la explotación de la tierra y los recursos. ¿Cómo se está llevando a cabo esta lucha desde Katarungan?
Las campesinas están en la primera línea de la lucha por su tierra contra las corporaciones. En los casos de Quezon y Bataan, se enfrentan a amenazas, violaciones de los derechos humanos, agobio y abusos continuos por parte de las corporaciones. En el caso de Sumalo, Bataan, en el que se acusó a nueve agricultores, ocho eran mujeres y cuatro de ellas eran personas mayores. Se les acusó falsamente de estafa sindical y ahora hay una orden de detención en su contra, que amenaza todas sus libertades. Son inocentes, sus familias fueron afectadas, su capacidad de luchar por sus tierras fue muy afectada.
Se trata de un esfuerzo de las corporaciones para debilitar la resistencia de nuestras mujeres, la resistencia de nuestras lideresas y del pueblo campesino en general. Es responsabilidad del gobierno asegurarse de que no se produzcan esta clase de injusticias. Como movimiento, tenemos que denunciar estas injusticias en nuestro país y, por supuesto, tenemos que ayudar a otros movimientos y organizaciones de todas partes del mundo a denunciar este fenómeno global.
¿Podrías hablarnos de las luchas feministas en Filipinas y de cómo las campesinas participan en ellas?
En cuanto a la legislación, en los últimos meses hubo esfuerzos para hablar de la lucha contra la discriminación y de los problemas en torno a la definición de qué es la violencia electrónica. Esta violencia se produce en el contexto de la influencia de los medios sociales en nuestras vidas, así como muchos casos de acoso contra niñas y mujeres, especialmente durante el periodo más intenso de la pandemia en las zonas rurales. Además, las organizaciones han estado colaborando entre sí para ayudar a las campesinas y los campesinos criminalizados en general. En Filipinas, aún tenemos muchos asuntos en los que trabajar, pero también hay que sostener y reforzar los esfuerzos que ya están en marcha.
Para los movimientos y organizaciones de Filipinas, es muy importante reforzar la colaboración, trabajar en la legislación y dar respuestas urgentemente a las personas campesinas criminalizadas.
La criminalización del campesinado, especialmente de las mujeres, afecta a muchas familias y amenaza las comunidades. También quiero llamar la atención de los jóvenes para que respondan al llamado ante esta situación. Debemos actuar en este momento en las que las vidas de las personas que trabajan con la tierra están a merced de las corporaciones. Tenemos que actuar en esta situación de violencia e injusticia. Los jóvenes tenemos energía, tenemos las capacidades necesarias. Y no queremos ese tipo de mundo en el que todas las personas se mueren, pasan hambre, son víctimas de la injusticia simplemente porque no tienen dinero como las corporaciones. Así que, mis jóvenes compañeros, por favor, levántense, aprovechen la oportunidad, acepten el desafío. Sé que junto con otros sectores de la comunidad podemos luchar contra las corporaciones, podemos luchar contra los gobiernos represivos.
