Muchos son los riesgos y ataques que enfrentan los defensores y las defensoras del derecho a la tierra, así llamados por el Observatorio Internacional para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos en su informe anual de 2014. La intensificación de los conflictos es una realidad en muchos países del mundo, haciendo con que crezca dramáticamente el número de personas, grupos y poblaciones que sufren violaciones de derechos humanos. Esto resulta, específicamente, de las actividades de grandes inversiones y megaproyectos que realizan empresas extractivas, agroindustrias, empresas explotadoras de árboles forestales e inmobiliarias ficticias. Todos ellos cuentan a menudo con el apoyo de poderosas autoridades en sus acciones contra la población, expulsando, directa o indirectamente, a los legítimos residentes de sus tierras.
Se considera que las mujeres son el grupo más afectado por la violación del derecho a la tierra. Empresas con un fuerte poder económico se apoderan de la tierra, frecuentemente respaldadas por el poder político. Para ello, se apoyan en el sistema de una sociedad patriarcal para robar el derecho que las mujeres tienen hacia la tierra. Además, se basan en leyes discriminatorias, fundamentadas en normas tradicionales e injustas, para justificar su predominio sobre los derechos de las mujeres.
El derecho a la tierra no es sólo un derecho civil, sino una garantía esencial de acceso a la tierra para la producción de alimentos y obtención de ingresos. Además, es “uno de los pilares sociales y económicos que garantizan el mantenimiento de la identidad cultural, el poder político y la participación en la toma de decisiones locales y nacionales”. Según el Programa Mundial de Alimentos, las mujeres enfrentan muchas dificultades jurídicas, económicas y socioculturales que persisten y hacen imposible el acceso a la tierra y a otros recursos productivos. También se observa que, en muchos países donde las campesinas ocupan un lugar destacado, la tierra se convierte en la principal fuente de ingresos y en un sector de trabajo valorado, lo que hace que la propiedad de la tierra esté directamente vinculada al poder.
El estatus socioeconómico y político se vuelve más bajo cuando las mujeres no disfrutan de los mismos derechos que los hombres sobre la tierra. El acceso a este derecho otorga autonomía a las mujeres y hace oír sus voces en distintas partes del mundo rural, permitiéndoles participar en las decisiones dentro de la familia y en la propia comunidad.
En Marruecos, las mujeres luchan por el derecho a la tierra. En medio de todos los temas involucrados en estas batallas, encontramos las luchas de las mujeres Soulaliyat en diferentes regiones. Son mujeres de comunidades tradicionales que viven en vastas regiones donde el usufructo de la tierra es colectivo y compartido. Sin embargo, las autoridades pasaron el título a los hombres de estas comunidades, excluyendo a las mujeres del derecho a la propiedad, con el objetivo político de abrir el camino al acaparamiento de la tierra por parte de empresas que, a su vez, explotarían el empobrecimiento de las familias para adquirir la propiedad de estas tierras.
Como explica el informe del Observatorio Internacional para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, las mujeres Soulaliyat están expuestas a una serie de violaciones y ataques. Ellas están en peligro de ser detenidas, torturadas, juzgadas injustamente, amenazadas y agredidas físicamente en medio a un plan para desarraigar y debilitar la lucha por el derecho a la tierra.
Una de las activistas más conocidas del grupo de mujeres de Soulaliyat en Salé (una ciudad en el noroeste de Marruecos) dice que «somos gente sencilla, pero nos enfrentamos a un hombre más poderoso». Es decir, el dueño de una de las empresas inmobiliarias más poderosas del país, quien saqueó y se apoderó, con el apoyo de las autoridades, de las tierras de su pueblo. El poder público, a su vez, ataca a la comunidad oprimiéndola con coerción arbitraria y privándola incluso de los derechos civiles más básicos. El ejercicio de estos derechos, incluso el derecho a formar una asociación que represente a la comunidad, es una forma de luchar contra esa empresa.
El sistema de adquisición de “tierras comunales” es considerado uno de los más antiguos de Marruecos, y se basa en una combinación de tradiciones comunitarias, referencias islámicas y derecho moderno. Este estatuto jurídico particular generó un verdadero terror contra las mujeres que vivían en esas tierras, las mujeres Soulaliyat. Ellas son excluidas, impedidas de gozar del pleno derecho del uso de sus tierras… cuando hay una expropiación colectiva para beneficio público, se les niega la indemnización. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las mujeres Soulaliyat se enfrentan con empresas privadas y, a veces, con personalidades poderosas que utilizan de su proximidad a los centros de poder para quitarles a sus tierras.
La Marcha Mundial de las Mujeres es un movimiento global de lucha feminista que lucha contra las diferentes formas de opresión, explotación, discriminación y esclavitud a las que están sometidas las mujeres. El derecho a la tierra es uno de los ámbitos de actuación para abordar la exclusión, la discriminación y la pobreza. El sistema patriarcal es un sistema que se sostiene en la opresión de las mujeres, y el capitalismo, un sistema de explotación a instancias de una minoría de hombres y mujeres. Estos dos sistemas se refuerzan mutuamente, arraigados y entrelazados por el racismo, la discriminación de género y de las diversidades sexuales, la misoginia y la xenofobia. Se apoyan en el colonialismo y en el imperialismo, provocando esclavitud y trabajo forzado, allanando el camino a estándares que impiden la emancipación de mujeres y hombres, generando pobreza y exclusión, violando los derechos humanos y poniendo en riesgo a la humanidad.
Para lidiar con la cuestión de las mujeres y del derecho a la tierra, es necesario adoptar una metodología de vinculación entre la situación global y local, como lo hace la Marcha Mundial de las Mujeres. En todo el mundo, las mujeres enfrentan dificultades y desafíos muy similares en la lucha por el derecho a la tierra. Estas luchas están influenciadas por las particularidades de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales del lugar en el que se insertan, que las diferencian unas de otras. No obstante, las especificidades de las circunstancias locales de lucha no deben impedir el uso de mecanismos de solidaridad global entre las mujeres, observando lo que une y consolida sus condiciones. Sobre todo, entre quienes hacen frente al sistema patriarcal y capitalista que depende, para su continuidad y fortalecimiento, de la opresión y explotación contra las mujeres, utilizando las mismas herramientas y mecanismos, el mismo discurso, los mismos valores retrógrados y reaccionarios en distintas regiones del mundo.
Consideramos iguales a todas las personas y a todos los pueblos en los diferentes sectores de la sociedad. Por este motivo, entendemos que debe estar garantizado los mismos derechos y beneficios para el acceso a la riqueza, la tierra, el trabajo digno, los medios de producción, la vivienda, la formación profesional, la justicia, la alimentación sana y adecuada, servicios de salud física y mental, protección de las personas mayores, medio ambiente, representación política, electricidad, agua potable, aire limpio, transporte, comunicación, entretenimiento, cultura, confort, avances científicos y tecnológicos.
La tradición, la costumbre, la religión, la ideología, el sistema económico o político, cualquiera que sea, no deben ser utilizados como justificación para tratar con inferioridad ni para hacer daño a la dignidad y a la integridad física y psicológica de nadie.
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Este artículo fue escrito por la Marcha Mundial de las Mujeres de la región MENA (Medio Oriente y África del Norte) y fue publicado originalmente en el Sairat Journal, el blog regional de MMM.
