En Turquía, la práctica de cambiar el apellido de la mujer tras el matrimonio, así como la obligación de adoptar el apellido del marido, es una cuestión candente para las feministas. Las mujeres del país conquistaron derechos civiles, el derecho al voto y el derecho a presentarse y ser elegidas a lo largo de más de cien años de lucha, al afirmar: “somos iguales”. Ya el derecho de las mujeres casadas a elegir su propio apellido se conquistó después de 30 años de batallas legales. Sin embargo, las mujeres siguen sin poder ejercer plenamente este derecho. El gobierno sigue negándose a permitir esta elección. La lucha continúa. En este punto, hay que reconocer la resiliencia, la resistencia y la conciencia unificada del movimiento de mujeres de Turquía.
Aunque pueda parecer un problema menor para quienes no tienen en cuenta la temática de los derechos, en realidad es una cuestión con fuertes implicaciones políticas en todos los aspectos. El apellido de una mujer casada constituye un espacio simbólico delimitado por un alambre de púas, destinado a proteger el arraigado poder del patriarcado. Romper ese alambre de púas por medios legales a lo largo de treinta años constituyó un logro significativo para las mujeres en su empeño por desmantelar el mito de la “sagrada familia”.
El apellido, como componente del espacio individual y autónomo de la mujer en el que se concibe a sí misma, está comprendido en el ámbito del derecho a la vida privada según las leyes de derechos humanos. En otras palabras, una mujer es un individuo autónomo con identidad propia y no puede reducirse a una simple extensión de un hombre, ni confinarse a los límites de la «sagrada familia» a través del matrimonio. La imposición patriarcal del apellido del marido a la mujer casada es un instrumento de subordinación. Exigir que las mujeres renuncien a su identidad y autonomía cuando empiezan una familia es someterse al poder desenfrenado del patriarcado. Resistirse a esa exigencia es hacer frente al patriarcado y contribuir a mermar su poder –un cuestionamiento que el patriarcado no está dispuesto a aceptar.
Las instituciones patriarcales vienen ofreciendo resistencia a los esfuerzos del movimiento feminista por avanzar en sus conquistas y derechos garantizados por el Código Civil turco, razón por la cual se niegan a reconocer y aplicar la decisión del Tribunal Constitucional. Para el patriarcado, cualquier reivindicación de igualdad es un «exceso» que confronta su poder, especialmente en cuestiones relativas a la «sagrada familia» y al «principio de unidad en el apellido familiar».
La lucha a lo largo de los años
Cuando analizamos la historia de los movimientos que luchan por los derechos humanos, queda claro que los avances no se producen de forma lineal o continua, y que los movimientos progresistas suelen enfrentarse a la brutalidad de la represión. El movimiento por los derechos humanos de las mujeres también avanzó a través de intensas luchas, a pesar de la represión. Como resultado, llegan momentos decisivos en los que el progreso se vuelve irreversible. Nos encontramos actualmente en esta coyuntura desde el movimiento por los derechos de las mujeres en Turquía. A pesar de años de represión por parte del gobierno y de intervenciones sistémicas y estructurales, la lucha que comenzó hace 30 años para cambiar el Código Civil en lo relativo al apellido de las mujeres casadas ha llegado a un punto crítico.
El Tribunal Constitucional de Turquía rechazó dos solicitudes de anulación del artículo 187 del Código Civil turco, que obliga a las mujeres a adoptar el apellido del marido tras el matrimonio. La primera se solicitó en 1998, por considerar que la ley era inconstitucional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional no tuvo en cuenta que tal imposición violaba el principio de igualdad consagrado en la Constitución, por lo que rechazó la solicitud de anulación. Sin perder el ánimo, las mujeres siguieron luchando. Después de transcurrido el periodo de espera de diez años exigido por la Constitución, presentaron una nueva solicitud ante el Tribunal Constitucional. En 2011, se decidió por segunda vez que mantener un apellido común era obligatorio para proteger la integridad de la familia y la paternidad de los hijos, y se declaró que era necesario adoptar el apellido del hombre, y que tal exigencia no contradecía el principio de igualdad de la Constitución. Así, el Tribunal Constitucional mantuvo su postura coherente sobre esa «papa caliente» que le brinda el patriarcado a intervalos periódicos.
Una vez más, el movimiento feminista no se rindió. Después de otro periodo de espera de diez años, por tercera vez presentó una nueva demanda ante el tribunal. Por fin, en 2023, el Tribunal Constitucional anuló las decisiones anteriores, pues ya no era posible ignorar el carácter vinculante de las convenciones de derechos humanos de las que Turquía es signataria, como la Convención Europea de Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. También contribuyeron a la decisión del tribunal turco la lucha del movimiento de mujeres, junto con los avances legales en la promoción de la igualdad de género, los avances implementados en la Constitución, el establecimiento del derecho de petición individual como recurso a nivel nacional para evitar violaciones de derechos, y las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre violaciones relativas al apellido adoptado por mujeres casadas. El Tribunal Constitucional puso fin al problema que había persistido durante 30 años, es decir, el problema de los apellidos de las mujeres casadas. Desde el punto de vista jurídico, esa cuestión ya no existe en Turquía, pues se anuló la ley vigente sobre ese aspecto.
Por tanto, según el dictamen de 24 de abril de 2023, las mujeres casadas deben tener tres opciones: adoptar únicamente el apellido de su marido; añadir el apellido de su marido a su apellido de soltera; o conservar únicamente el apellido que ya tenían antes de casarse.
La decisión del Tribunal Constitucional que reconoce la última opción es una conquista legal significativa.
El actual contexto
La obligación de adoptar el apellido del marido para las mujeres casadas quedó legalmente abolida el 28 de enero de 2024, cuando entró en vigor la decisión del Tribunal Constitucional de Turquía. Sin embargo, se desató una intensa disputa política en la Gran Asamblea Nacional de Turquía, que supuestamente estaba en receso durante el calor extremo del verano, y que debería volver a la actividad en otoño. La batalla actual surge ante la negativa del gobierno a reconocer la decisión del Tribunal Constitucional, a pesar de su carácter definitivo, tras 30 años de articulación por parte de las mujeres. La cuestión se ha intensificado hasta convertirse en una disputa en torno al mantenimiento de la obligación de la mujer de adoptar el apellido del marido tras el matrimonio, a pesar de la decisión vinculante del Tribunal Constitucional de anular la norma.
Actualmente, los órganos ejecutivo y legislativo se encargan de proteger la fortaleza del patriarcado con respecto al apellido de las mujeres casadas. Se ignoran la lucha de las mujeres y el triunfo jurídico reconocido por el Tribunal Constitucional. El gobierno incluyó la cuestión del apellido de las mujeres casadas en el 9º Paquete Judicial, un amplio proyecto de ley, como si fuera necesario cambiar la legislación. En ese proyecto, se establece que las mujeres casadas no podrán adoptar únicamente el apellido que tenían antes de casarse, por lo que se pretende restablecer la disposición que el Tribunal Constitucional anuló por inconstitucional. El debate sobre el proyecto de ley, que comenzó el 11 de julio de 2024, duró 20,5 horas y terminó el 12 de julio. Ese incesante debate se celebró en la Gran Asamblea Nacional de Turquía, que se vio obligada a posponer su receso de verano y retomar sus actividades. Ankara fue testigo del verano más acalorado y cruel en materia de derechos de la mujer. A pesar de los intensos debates en la comisión específica del proyecto de ley, la mayoría no quedó convencida. El proyecto de ley no se presentó al pleno para su conclusión y se pospuso hasta el final del receso.
A pesar de los relatos que señalan que el proyecto de ley podría ser retirado gracias a los esfuerzos de comunicación y a la lucha del movimiento de mujeres, encabezado por la Articulación de Mujeres por la Igualdad (EŞİK), de algunos miembros destacados del partido gobernante y del Ministerio de Familia y Servicios Sociales, esa información está pendiente de confirmación oficial. En la nueva legislatura, que comienza en octubre tras el fin de las vacaciones de verano, todavía será posible que el gobierno solicite la aprobación de la ley en el pleno de la Gran Asamblea Nacional de Turquía. Está claro que será una batalla difícil, prolongada y persistente en el Parlamento. Las organizaciones por los derechos de las mujeres y los colegios de abogados de Turquía siguen de cerca la situación. Esta lucha es un esfuerzo unificado: garantizar la protección del Estado de derecho haciendo cumplir las decisiones judiciales, resistir a una legislatura controlada por los poderes dominantes que quieren socavar las victorias en el ámbito jurídico, y hacer frente al patriarcado en defensa de la existencia y las identidades de las mujeres.
Nezahat Doğan Demi̇ray es doctora en Derecho Constitucional y trabaja con los derechos humanos de las mujeres, la pobreza y la desigualdad de género. Forma parte de la Marcha Mundial de las Mujeres en Turquía.
