En octubre de 2019, diversos sectores populares de Chile se levantaron en una intensa movilización contra el modelo neoliberal y las políticas del presidente Sebastián Piñera. Este proceso de cambio social llevó a la instalación de una convención constituyente, de la cual los sectores de izquierda salieron fortalecidos para redactar la nueva Constitución del país.
Cuando se inició el proceso de cambio y la posibilidad de pensar una nueva Constitución, inmediatamente lo vimos como un escenario nuevo que jamás imaginábamos que iba a ocurrir tan pronto. Un escenario imposible de no aprovechar desde el mundo de las comunicaciones. Por eso, levantamos la demanda por el derecho a la comunicación, una propuesta que viene de la mano de las organizaciones de periodistas, comunicadoras y feministas, lo que nos llena de orgullo.
Ese trabajo de organización por la defensa se derechos humanos en materia de comunicación está visibilizado en el artículo «Comunicación feminista para una nueva Constitución en Chile», en el libro virtual Comunicación feminista y popular: experiencias de las mujeres en movimiento:
«La nueva Constitución requiere reconocer a la sociedad completa como protagonista de la comunicación, garantizando derechos colectivos que permitan acceder a información, generar opiniones y todo tipo de expresiones de manera oportuna, veraz, diversa y plural, y a través de todo tipo de medios. A la vez, debe permitir que los sectores históricamente excluidos de la incidencia pública logren poner en circulación sus saberes y experiencias.»
Sabemos que el derecho a la comunicación es un tema menos visible que otras demandas Constitucionales como el derecho a educación, la salud y la vivienda. Sin embargo, es una demanda que hemos tratado de instalar como una necesidad básica. Estamos diciendo que necesitamos garantizar los derechos humanos en materia de comunicaciones, justamente para evitar el escenario que estamos viendo hoy día. Y ¿qué pasa hoy día?
La ofensiva de la extrema-derecha
Chile se prepara ahora para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la cual elegirá entre Gabriel Boric, candidato del Frente Amplio de izquierda, y Jose Antonio Kast, un candidato de la extrema derecha del Partido Republicano. Como en otras partes de las Américas, hay una ofensiva muy fuerte de las derechas para instalar desinformación con noticias falsas que van de alguna forma obstruyendo cualquier proceso de avance democrático.
«Mientras la televisión chilena realizaba largas coberturas sobre incendios, violencia y saqueos, la gente en la calle llamaba a ‘apagar la tele’, en una clara señal de molestia contra lo publicado en los grandes medios. De hecho, el estudio de opinión pública Uso y evaluación de los medios de comunicación y las redes sociales durante el estallido social en Chile, realizado el año 2019 por la Pontificia Universidad Católica de Chile, reveló que frente al trabajo de la prensa durante las manifestaciones, más del 80 % de las y los encuestados opinaron que los periodistas no cubren los hechos importantes, el 71 % consideraba que la prensa generalmente presenta solo un lado de las noticias y el 91 % estaban en desacuerdo con la afirmación de que los periodistas son un aporte a la gestión de crisis y recuperación de la población.»
Nosotras, las periodistas feministas, hemos estado observando los medios de comunicación con especial énfasis estas últimas semanas con el inicio del periodo electoral, donde han abundado la desinformación y las noticias falsas, levantadas en algunos casos por medios nacionales.
Fue una sorpresa la cantidad de votos logrados en la primera vuelta presidencial por la ultraderecha, quien obtuvo la mayoría de votos. Este desastre nos hace evidente la necesidad de que los territorios, las organizaciones y los distintos sectores sociales tengan medios de comunicación. Tal resultado electoral viene del trabajo de los medios de comunicación hegemónicos: instalación de prejuicios, discursos de odios y falacias respecto a los sindicatos, organizaciones y sectores populares.
Esto ocurre en un Chile sin medios públicos y donde los medios comunitarios están tremendamente criminalizados. Básicamente, lo que tenemos es un sistema de medios 100 % privado y dependiente de los grandes sectores económicos. En Chile, los dueños de los medios son los banqueros, los dueños del retail y de las mineras. No es nada nuevo, pero vemos el daño que genera a una discusión democrática como pensar el próximo gobierno y pensar una nueva Constitución.
«En el caso de la prensa escrita, existe un cuasi duopolio entre dos conglomerados: El Mercurio Sociedad Anónima Periodística (SAP) y el Consorcio Periodístico de Chile (COPESA). Las empresas El Mercurio SAP y COPESA son los líderes del mercado y concentran un 82 % de lectoría y más del 84 % de la publicidad en el sector. (…) Los dueños de estas grandes empresas –grupo Edwards y grupo Saieh– representan los sectores económicos tradicionales de Chile, vinculados a la derecha y que además expresan en sus editoriales una agenda valórica conservadora y crítica a temas como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los conflictos ambientales y la militarización de la Araucanía, zona donde habita el pueblo mapuche.»
La carencia de medios públicos y comunitarios tiene efectos, como la precarización laboral a las y los trabajadores de las comunicaciones. Sin embargo, también afecta la posibilidad de que las electoras y electores se informen y tomen buenas decisiones para su futuro. Además, se anulan las expresiones populares, locales y territoriales de tantas personas, comunidades y territorios que quedan totalmente invisibilizados bajo este modelo.
Derecho a la comunicación para defender la democracia
La garantía del derecho a la comunicación propuesta para la redacción de la nueva Constitución implica pensar un sistema de medios de comunicación democrático. Eso significa: garantizar derechos humanos; establecer un sistema de medios públicos; garantizar el desarrollo y asistencia de medios comunitarios; permitir la posibilidad de que el Estado garantice ese derecho con políticas de apoyo, fomento y creación de medios de comunicación.
Por tanto, lo que estamos haciendo desde una diversidad de organizaciones territoriales de periodistas feministas y organizaciones mixtas es un esfuerzo para instalar una discusión que, antes del estallido social, estaba invisibilizada, criminalizada, alojada en ciertos sectores académicos muy restritos.
Hablar de derecho a la comunicación es una posibilidad de pensarnos como una nueva sociedad.
Con enfoque feminista e interseccional, pensamos cual es el rol de las mujeres y de las disidencias en las comunicaciones. Así, nos distanciamos de los efectos nefastos que ya vemos de los medios de comunicación hegemónicos, con sus herramientas para censurar a las mayorías.
Tenemos que pensar las comunicaciones como la posibilidad de que toda la sociedad pueda desarrollar medios de comunicación en igualdad de condiciones y sin limitaciones económicas. Esta es la única posibilidad de avanzar hacia una sociedad mucho más justa, más informada y que no se alimente de prejuicios y de discursos de odio.
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Rocío Alorda es periodista feminista. Forma parte de la Marcha Mundial de las Mujeres, de la Red de Periodistas Feministas de Chile y 1° Vicepresidenta del Colegio de Periodistas de Chile. Este texto es basado en su intervención en el taller Comunicación feminista y soberanía tecnológica, realizado por la SOF en 30 de noviembre de 2021 en el marco del lanzamiento de la publicación Comunicación feminista y popular: experiencias de las mujeres en movimiento.
