La guerra ha feminizado la pobreza y el hambre. ¿Creen que es posible hablar del derecho a la alimentación sin hablar de la paz? La mayoría de las mujeres que han quedado en la pobreza, que luchan contra el hambre, son mujeres campesinas. Y aquí les negamos la condición de campesinas.
Cita extraída de las intervenciones del MSCPI durante la tercera ronda de negociaciones de las Directrices voluntarias del CSA sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas
Cada año desde 1974, se celebra la sesión plenaria del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas. A pesar de su nombre complicado y de ser poco conocido, el Comité lleva a cabo un trabajo esencial: formular políticas que permitan y promuevan la aplicación del derecho humano a una alimentación sana y adecuada en el mundo. El CSA es un espacio único. No sólo es la institución intergubernamental más inclusiva para abordar políticas alimentarias globales, sino que es el único organismo de ese tipo que basa su visión y su trabajo en los derechos humanos. Las personas derechohabientes, es decir, las comunidades que más sufren la inseguridad alimentaria y la malnutrición, participan de manera activa en el CSA a través del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSCPI). El MSCPI es un espacio autónomo formado por grupos de trabajo temáticos, que permite que diferentes sectores, movimientos sociales, pueblos indígenas, sindicatos y organizaciones de todo el mundo trabajen de común acuerdo para influenciar las políticas del CSA en aras de la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación. Durante la 50.ª sesión plenaria del CSA, celebrada a mediados de octubre de 2022 en Roma, el Grupo de Trabajo del MSCPI de Mujeres y Diversidades de Género llevó a cabo un importante trabajo de cabildeo en nombre de millones de mujeres, niñas y personas no heteronormativas. En este relato, explicamos cómo, por qué y el camino que aún queda por recorrer.
Durante décadas, las mujeres, niñas y personas no heteronormativas han luchado por avanzar hacia la igualdad de género y la soberanía alimentaria, ya que han sido históricamente discriminadas y marginadas, sometidas a múltiples opresiones que se intersectan. Cada derecho humano, reconocido por las Naciones Unidas, ha significado trastocar los poderes establecidos de una sociedad patriarcal injusta y desigual, que se sostiene por la fuerza vital de quienes alimentan el mundo.
Desde el 2019, en el contexto del CSA, se está llevando a cabo un proceso de convergencia política para adoptar las Directrices Voluntarias sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y Niñas (GEWGE por sus siglas en inglés). Este proceso cuenta con la participación del Grupo de Trabajo de Mujeres y Diversidades de Género (GTMD) del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSCPI), el cual es, dentro de la arquitectura de la gobernanza global alimentaria, uno de los pocos espacios que se mantiene para la participación de las organizaciones de mujeres y feministas de diversos orígenes para abogar por el derecho a una alimentación adecuada, intrínseco a todos los derechos humanos.
Luego de una amplia participación y consultas regionales de mujeres en toda su diversidad, se recogió en espíritu colectivo las principales problemáticas y soluciones que viven las mujeres, niñas y personas no heteronormativas en materia alimentaria. Durante las negociaciones de los contenidos de las Directrices, que se llevaron a cabo este año de 2022, el grupo de trabajo del MSCPI elevó estas problemáticas y soluciones, a la vez que recalcó los vínculos políticos con el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria, la violencia y discriminación, los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+, la perspectiva de interseccionalidad, los sistemas alimentarios justos, sostenibles y territoriales, la agroecología, el derecho a la tierra, el acceso al agua y a los recursos naturales, el derecho a la paz y la protección de quienes están en conflictos o viven bajo ocupación, la protección social universal e igualdad de salarios, acceso a los servicios públicos y reducción, la redistribución y el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, entre otros.
Sin embargo, muchos Estados, entre ellos el Vaticano, que tiene figura de observador en el CSA, consideraron controversial el lenguaje que se utiliza en las Directrices. En ausencia de argumentación técnica que lo sustentara, quedó de manifiesto el tinte ideológico y patriarcal de sus posturas. Esto evidenció una contrarreforma y un retroceso frente al reconocimiento de lo que ya había sido establecido por el mismo sistema de Naciones Unidas. Los opositores a las Directrices están tratando de socavar fuertemente la posibilidad de abordar temas como las identidades de género y la orientación sexual más allá del marco binario; la interseccionalidad; y los derechos sexuales y los derechos reproductivos para sustituir por servicios o sólo limitado al campo de la salud y lo reproductivo, entre otros.
La principal expectativa es de que las Directrices sean un documento político inclusivo, ambicioso y transformador que pueda tener un verdadero espíritu garante de la igualdad de género y la soberanía alimentaria, crucial para tener un impacto sustantivo en las comunidades y territorios más afectados por el hambre. Como mínimo, estas Directrices deberían reforzar la protección de quienes más lo necesitan. Para ello, se requiere que los Estados y la ONU garanticen el lenguaje y el espíritu de los derechos humanos.
Esto significa avanzar en un lenguaje progresivo y transformador, que interprete la realidad actual de las diferentes opresiones que se entrecruzan en las mujeres, niñas y personas no heteronormativas. Mucho de este lenguaje ya está reconocido de manera formal e interpretado por las Naciones Unidas en la Recomendación General 34 del Comité para la Eliminación de la Discrimnación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y la Declaración de derechos campesinos, entre otros. Debemos recordar que el statu quo patriarcal, que da forma a las normas de género opresivas existe y si no avanzamos nunca será transformado.
Por otro lado, avanzar en el espíritu de los derechos humanos significa que la abuela ONU asuma su historia y su legado y responda de manera sustantiva, es decir, concreta, cambiando la vida de muchas mujeres; reconociendo que el patriarcado opera de diversas maneras, y que existen situaciones de discriminación e injusticia que impiden realizar el derecho humano a la alimentación y nutrición adecuadas.
Por ejemplo, la discriminación y la injusticia se manifiestan cuando las mujeres campesinas son desplazadas por la guerra y deben dejar sus cultivos, cuando una mujer en la ciudad no tiene acceso a alimentos sanos y solo a productos ultraprocesados, cuando una joven es violada por conseguir agua, cuando las mujeres no heteronormativas son discriminadas laboralmente y caen en la inseguridad alimentaria, cuando a las mujeres no se les reconoce su saber en la toma de decisiones en política alimentaria o cuando en contexto de conflicto armado los cuerpos de las niñas son controlados y disciplinados.
A dos años de iniciado el proceso, aún no se logran unas Directrices que ayuden a la realización del derecho humano a la alimentación de mujeres, niñas y todas las personas en estos contextos. Recientemente, en la Sesión Plenaria 50 del CSA se acordó seguir adelante con el proceso con miras a presentar un documento que adoptar en la próxima Sesión Plenaria 51 que tendrá lugar en octubre de 2023.
En el GTMD consideramos que las condiciones por las cuales se deben seguir negociando con los Estados estas Directrices pasan por:
> Construir metodologías de trabajo colectivas con garantías de participación, en igualdad de condiciones y rutas que converjan. Que haya claridad en lo que significa consenso, porque existen posiciones regresivas y lugares de poder desiguales, así como violencia institucional que deben ser evitadas.
> No cuestionar las formas múltiples e interseccionales de discriminación de las mujeres, niñas y personas no heteronormativas. Eso implica apuntar a las causas estructurales y no a los síntomas, lo cual es coherente con los términos de referencia (punto 14) del mandato de las Directrices.
> Que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial evidencie lo que ya reconoció en materia de igualdad de género y entonces se deje claro cuál es el lenguaje acordado para no retroceder.
> Contar con un espacio con Expertas donde se brinde información, datos y argumentos sin conflicto de interés, para orientar acciones de política pública basadas en la evidencia. Los datos deben ir más allá de lo que es evidente, los sistemas de información actuales son androcéntricos y sexistas, cuentan con pocas variables de género. Deben existir datos cualitativos y ampliar esquemas de análisis que evidencien el proceso alimentario y el trabajo del cuidado. Las mujeres no son solo cifras.
Los Estados tienen en sus manos una oportunidad única de reconocer la realidad de quienes alimentan y cuidan el mundo. Tenemos la oportunidad de contribuir, de redistribuir y hacer justicia alimentaria. Por lo tanto, los Estados deben escuchar, permaneciendo abiertos e inclusivos. Si esto no se cumple, no hay manera de cambiar la historia. Mantendremos el hambre, la malnutrición de la mayoría de personas del planeta,las mujeres.
Por todo lo anterior, el Grupo de Trabajo de Mujeres y Diversidad de Género del MSCPI publicó la declaración sobre el proceso que actualmente está abierta para recibir firmas a título individual y de las organizaciones. ¡Cada forma de discriminación e injusticia nos impide realizar nuestro derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas!
Paola Romero Niño integra el grupo de trabajo de mujeres y diversidad de género del MSCPI. Es coordinadora de proyectos y de la línea de derechos humanos de las mujeres y género de FIAN Colombia. Este artículo se escribió con el apoyo del Secretariado del MSCPI.
