Las mujeres feministas populares entienden que no hay soberanía alimentaria sin autonomía de las mujeres, así como no hay justicia social sin la redistribución de la tierra y la garantía del acceso a los bienes comunes para sostener la vida. Defender la tierra es defender la posibilidad de existir con dignidad, decidiendo qué se planta, qué se come, cómo se vive y quién ocupa el territorio. Por eso, la reforma agraria no es solo una política: es una lucha feminista que hace frente a las bases del poder patriarcal, colonial y capitalista que organizan la explotación de la tierra, la naturaleza y el trabajo de las mujeres.
Las mujeres que trabajan en el campo, que representan alrededor del 40 % de la mano de obra agrícola pero que solo poseen el 15 % de la titularidad de la tierra, afirman la necesidad de una reforma agraria integral y popular que busque transformar la economía y las relaciones sociales entre las personas, así como entre estas y la tierra y la naturaleza. En su lucha, hacen frente al agronegocio, la financiarización de la vida y la violencia en los territorios, mientras construyen alternativas basadas en la agroecología y el cuidado. En este sentido, mujeres de diversos movimientos populares internacionales se organizan para participar en el Foro de Pueblos y Movimientos Sociales, que se celebrará los días 22 y 23 de febrero, y en la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), que tendrá lugar entre el 24 y el 28 de febrero de 2026, ambos eventos en Cartagena, Colombia. Estos eventos se celebran 20 años después de la cumbre inicial de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), celebrada en 2006 en Brasil.
Como explica Nury Martínez, integrante del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés) y de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), que forma parte de La Vía Campesina en Colombia, esta nueva cumbre tiene lugar en un momento crítico. El escenario actual de acaparamiento de tierras, desalojos, destrucción ecológica y violencia en los territorios ha agravado el hambre y la pobreza entre las comunidades campesinas, pesqueras, indígenas, afrodescendientes y pastorales. “Esto está afectando en los territorios mucho, no solamente por la destrucción de la tierra misma sino de la cultura, la dignidad, la soberanía alimentaria, todo lo que implica acabar con la biodiversidad, que aumenta el calentamiento global”,
Ante este contexto, La Vía Campesina presentó al Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) la propuesta de celebrar una segunda edición de la Conferencia en Colombia, con el apoyo de gobiernos aliados como el de Brasil. Como explica Nury, “el tema de la tierra tiene que ver con todo lo que es cuidar el planeta. Para nosotros es más allá de acceder a tierra, sino al territorio, y también la función social de producir alimentos para los pueblos. Consideramos que es bastante importante teniéndose en cuenta que en Colombia hay un gobierno progresista que ha colocado el tema de la tierra, de los alimentos y del campesinado o de las comunidades rurales de manera central”.
Desde la fase preparatoria del tercer Foro Global Nyéléni y durante su celebración, los movimientos sociales han puesto sobre la mesa la cuestión de la tierra y la reforma agraria en la lucha por la soberanía alimentaria, una agenda de lucha colectiva que cumplirá 30 años en 2026. Por esta razón, la ICARRD+20 forma parte de la agenda común de los diferentes movimientos que comprenden la centralidad de la lucha por la alimentación. Se trata de un momento clave en el que se integra la agenda agraria con la cuestión de la producción y distribución de alimentos y el papel de la sociedad en su conjunto en este sistema, desde las comunidades rurales hasta los centros urbanos. “Si consideramos que todo lo de las agendas que tenemos de los movimientos populares tiene que ser parte del tema de la alimentación, eso significa también colocar en el centro el sistema agroalimentario industrial que está acabando con el clima y con la tierra. Si no hay una redistribución de tierra, si no se le da importancia a la producción a pequeña escala para cuidar la biodiversidad, para producir alimentos sanos, pues no se va a solucionar las crisis globales. Nosotros consideramos que somos parte de esa solución», afirma Nury.
La ICARRD+20 también se celebra en el marco del Año Internacional de la Agricultora, instituido por la FAO. Con el objetivo de dar a conocer el papel de las mujeres en el campo y su contribución a los sistemas agroalimentarios, el año 2026 servirá de plataforma para la elaboración de políticas públicas específicas para este grupo.
Una acción que busca reconocer la contribución de las mujeres rurales a la alimentación y la erradicación de la pobreza y promover la igualdad de género.
Desde una perspectiva feminista, las mujeres de la Marcha Mundial de las Mujeres defienden que la reforma agraria es un paso fundamental para construir justicia social, igualdad y respeto. El acceso a la tierra también debe traer consigo mejores condiciones de vida, vivienda, producción de alimentos saludables con calidad de vida y bienestar para todos los pueblos de las comunidades campesinas, ribereñas y defensoras del bosque.
Sarah Luiza de S. Moreira, de la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) en Brasil, explica que esta lucha es parte fundamental del feminismo popular para este movimiento. “Para nosotras, la reforma agraria integral también busca construir una sociedad más justa e igualitaria, con participación popular, respeto por la naturaleza, el cuerpo y la vida de las mujeres. El feminismo y la agroecología son pasos fundamentales para que podamos construir una sociedad más justa, con sostenibilidad tanto de la vida humana como de la no humana», defiende.
Las mujeres agricultoras, de comunidades rurales, ribereñas e defensoras del bosque, sostienen la lucha por la soberanía alimentaria y juntas construyen el camino hacia la reforma agraria integral que les garantice la tierra para vivir y los elementos necesarios para producir alimentos saludables y para el buen vivir. «Esto garantizará que toda la población tenga acceso a la salud a través de la alimentación. Además, la reforma agraria integral es parte de nuestra estrategia para combatir los latifundios y fortalecer la agroecología», explica Sarah Luiza.
De este modo, lo que el feminismo popular, anticapitalista, antirracista y anti-LGBTfóbico busca es garantizar que las mujeres tengan acceso a la tierra con mejores condiciones de vida y producción. En todo el mundo, las mujeres siguen siendo las que menos tienen títulos de propiedad de la tierra y otros derechos. En muchos países, ni siquiera tienen derecho a poseer tierras a su nombre, por lo que la lucha por la reforma agraria es también una lucha feminista internacionalista.
Como lo explica Sarah, «cuando hablamos de reforma agraria integral, teniendo en cuenta la perspectiva feminista y agroecológica, estamos hablando de un proyecto de sociedad que busca mejores condiciones de vida para toda la población. No es algo que dice respeto solo a quienes tendrán acceso a la tierra, sino a toda la población que tendrá acceso a alimentos saludables, compartiendo este proyecto de sociedad, de educación, de una vida más igualitaria, más justa, que no suponga una carga excesiva y genere tanta pobreza también en las ciudades».
Desde esta perspectiva integral, diversos movimientos populares defienden que esta lucha no se limita a la tierra. Como explica Nadini Orchid Nembhard, copresidente del Foro Mundial de Pueblos Pescadores (WFFP, por sus siglas en inglés): desde la perspectiva del movimiento global de los pescadores, la reforma agraria debe incluir explícitamente los territorios costeros, marinos, ribereños y de aguas continentales, reconociendo que, para los pueblos indígenas y las comunidades pesqueras artesanales, no hay separación entre la tierra y el agua. La reforma agraria, por lo tanto, se entiende como una reforma territorial».
Como nos cuenta Nadini, la agenda central de los pueblos pescadores en la ICARRD+20 se centra en impulsar el reconocimiento, la protección y la redistribución de los derechos de posesión de la tierra basados en las costumbres y prácticas sociales de esas comunidades y el derecho a sus territorios. «Esto incluye la garantía de los derechos colectivos sobre las tierras costeras, las zonas litorales, los manglares, las regiones pesqueras, los ríos, los lagos y los bienes comunes relacionados que sustentan los medios de vida, las culturas, los sistemas alimentarios y la gestión responsable de los ecosistemas», explica.
La Vía Campesina desempeña un papel fundamental junto al Gobierno colombiano de cara a la ICARRD+20. Por ello, se espera que en esta cumbre participen más movimientos sociales, campesinos, indígenas, pastores y pescadores. Acerca de la participación, Nury explica que, aunque todas las redes globales que componen el CIP estarán presentes, se prestará especial atención a los grupos de jóvenes y mujeres. “El papel de la juventud frente al acceso a tierra y al territorio, frente a la producción de alimentos, tiene que ver con lo reconocimiento de que los jóvenes deben quedarse en el campo o el futuro del campo y de la producción de alimentos está en manos de la juventud. Pues si ellos no tienen acceso a tierra, pues difícilmente van a poder quedarse en el campo y no van a tener oportunidades”.
Las mujeres ya están construyendo luchas y alternativas, conscientes de cómo la concentración de la tierra las afecta directamente y de cómo, desde su organización, ya producen vida en sus territorios. «No estamos esperando a que llegue esa tierra, estamos luchando por ella colectivamente, políticamente, en integración con todos los movimientos y luchas colectivas de los pueblos campesinos, ribereños y defensores del bosque», defiende Sarah.
Al igual que Sarah, Nadini defiende el papel de los pueblos pescadores en esta lucha colectiva. «Afirmamos que las comunidades pesqueras de las regiones costeras y continentales forman parte de la lucha por la reforma agraria, pues están resistiendo ante la expulsión de sus territorios provocada por la acuicultura industrial, la expansión de los puertos, el turismo, las unidades de conservación y las industrias extractivas, exigiendo la redistribución y la garantía de la posesión colectiva de la tierra, las aguas y los territorios de donde se ha expulsado a las poblaciones”.
