Desde el mes de septiembre de 2025, en Ecuador, nos unimos al paro nacional por distintas causas: la falta de medicina en los hospitales, falta de inversión en educación y desempleo, así como por la eliminación del subsidio para el transporte. Esta afecta especialmente el traslado de productos de comunidades lejanas y agricultoras, como a los pasajes de bus de la juventud.
Hicimos asambleas en las organizaciones y los cabildos, formas de gobiernos comunitarios. Hemos estado 33 días en el paro nacional, pero, para nosotros, aún no se termina: seguimos con heridos graves y demandados por haber salido al paro “calificados como terroristas” por el Estado. Demasiada represión hemos vivido. Disparaban al cuerpo de nuestros compañeros y compañeras. Los que no estaban directamente en las calles ayudaban con la recolecta de alcohol u otros insumos para reducir el efecto del gas lacrimógeno.
Una represión brutal
La gente gritaba por auxilio, pedía ambulancias o carros para llevar heridos. Cuando llegué y estaba repartiendo el trago, vino el “trucutú” a pisarnos y disparar bombas de pimienta. Tuvimos que desplazarnos y correr dentro del maíz. Nos lanzábamos al piso para que no nos alcanzara, y aun así era fortísimo. Gritaron que un compañero estaba disparado, en estado muy grave. El sitio era oscuro, porque el humo que se soltaba era demasiado. No se veía mucho, y eran las seis de la mañana. En eso, lograron pasar los militares con lo que llamaban “convoy humanitario”, que en verdad era un conjunto de policías, militares, bombas, dinamita. Mataron al compañero Efraín Fuérez. La gente estaba molesta. Yo solamente había visto esto en las películas, pero la realidad era peor. Hasta ahora estamos psicológicamente afectados. Es una guerra psicológica.
Sacábamos a toda la gente, la trajimos a la comunidad y cerramos el camino. Nos encerramos y tapamos las vías para que no vinieran los militares. Después, cuando llegamos al hospital, lloraban las familiares de Efraín y había muchos heridos que no se querían atender. Era triste. Ese día no comimos, no hicimos nada. De ahí, se había conformado un Parlamento de Pueblos, entre organizaciones de las regiones de Otavalo y Cotacachi. Nos fuimos en una delegación de dirigentes a una comunidad. El presidente de la comunidad nos decía “apuren, apuren y acaben rápido las reuniones que ya vienen”. A las diez de la noche se fue la luz y el internet. Nos quitaron todo. La gente salía con los niños, los perritos, las cobijas. Se iban a dormir en el cerro y en las quebradas, porque nadie se podía quedar. Los últimos datos suman tres personas muertas, 16 desaparecidas, más de 470 heridas, y más de 200 detenidas.
La represión evidencia el racismo. Les cortaron el pelo a nuestros compañeros. Buscaron crear conflictos entre compañeros urbanos y rurales, diciendo que somos vagos, terroristas y vándalos. Nos han tratado así. Prohibieron la entrada de heridos al hospital. Ha sido fundamental la presencia de personas solidarias, que nos han venido a dejar medicamentos y alimentos. La represión también ha buscado dividir a las comunidades. Aun así, la articulación se está dando con organizaciones de diferentes lugares que salieron también a la paralización. Tenemos 170 compañeros heridos en las comunidades de Cotacachi. La solidaridad sigue, con kits, brigadas médicas, atendimiento para sacar los perdigones. Un compañero que recién llegó tiene en el ojo, en el brazo y en la espalda. Otro tiene 48 perdigones en la espalda. Un compañero, debido al disparo, le amputaron la pierna. Para nosotros, no ha acabado el paro.
Seguimos nosotros en resistencia. El rol de las mujeres ha sido muy importante: comunicadoras, enfermeras, pendientes de las familias. Sin embargo, muchas veces fuimos invisibilizadas, y no estuvimos preparadas para la continuación de la masacre. En la comunidad, en Cotacachi, llegaban los heridos. Con los tableros que usamos en la feria de las mujeres, hacíamos camas en fila. Buscábamos voluntarias de las comunidades y del centro urbano. Curábamos, dábamos de alta, y pronto otros venían en estado más grave.
En defensa de las garantías constitucionales
El 16 de noviembre habrá una consulta nacional alrededor de una serie de cambios constitucionales. Las preguntas son referentes a: permitir bases militares extranjeras, eliminar financiamiento público a organizaciones políticas, y cambiar la elección y número de asambleístas, además de la convocación de una asamblea constituyente. Hemos dicho que todos voten por el “no”, para que no nos saquen nuestros derechos ya conquistados. Esa es nuestra preocupación central y, por eso, seguimos en la resistencia.
Como dice la nota de La Vía Campesina publicada em 30 de septiembre de 2025, la convocatoria del gobierno de Daniel Noboa busca “consolidar un régimen autoritario y perpetuar un modelo que atropella los derechos legítimos de los pueblos”. Es necesario defender lo que se firmó en la Constitución de 2008, vigente hasta hoy, que “no solo reconoce los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas, sino que otorga el derecho a tomar decisiones sobre sus territorios para evitar los impactos de las industrias extractivas y conservar su cultura, a la vez”.
La lucha sigue, no solo por la agenda inicial de la movilización, sino también por una agenda de justicia por todas las personas que fueron heridas y por Efraín Fuérez, por los tres muertos, y por un cambio en las estructuras de represión. Lucharemos por la declinación de la judicialización de compañeros nombrados terroristas. A las organizaciones populares internacionales, especialmente latinoamericanas, llamamos a difundir cómo nos ha maltratado este gobierno.
Seguiremos articulando las perspectivas de las organizaciones hacia la elección de la nueva dirigencia nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). Esperamos que entre a la dirigencia alguien que luche y no nos deje solos. Estamos seguros de que, en febrero o marzo de 2026, habrá otra movilización fuerte, porque acabarán los bonos entregados por el gobierno a los transportistas y a las comunidades. Ha de haber aún más personas, más gremios, más organizaciones levantándose. Vamos a seguir en la lucha hasta el último. No nos van a hacer tener miedo.
Luz María Andrade es presidenta del Comité Central de Mujeres de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac), filiada a la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), en Ecuador, que integra CLOC-LVC. El Comité Central de Mujeres de Unorcac actúa desde 1996 y cuenta con 31 grupos de mujeres en diferentes lugares de 48 comunidades.
