Se ha mantenido la acción de movilización a pesar de las condiciones poco favorables
Como es bien sabido, Colombia ha mantenido un conflicto político y armado interno desde hace más de 60 años, generando una historia de violencia con alrededor de 9 millones de víctimas. En el año 2016, se dio un avance en términos de la ampliación democrática con la firma del Acuerdo de Paz entre la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno nacional en cabeza del hoy expresidente de la república Juan Manuel Santos Calderón. A pesar de considerarlo como un avance en términos del reconocimiento político de las luchas del movimiento social del país, hoy se vive una situación que se caracteriza por la agudización de los conflictos territoriales y con el incumplimiento de gran parte del Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Con la llegada de la extrema derecha a la presidencia de la República en 2018, continúa la política de incumplimiento al acuerdo y despojo de comunidades con fuertes acciones violentas en todo el país. El actual gobierno de Iván Duque junto a su partido en el Congreso, se ha caracterizado por mantener la política del despojo, desconociendo el papel de los movimientos sociales y reduciendo la protesta social a una simple herramienta de la insurgencia armada, evitando dar respuesta a las demandas sociales del movimiento popular. Desde la posesión de Duque en agosto de 2018, hasta la fecha (febrero 2021), han sido asesinados en Colombia 905 líderes y lideresas sociales, registrando en 2018 – 298 líderes y lideresas asesinadas; 2019 – 279; 2020 – 310 y a febrero del 2021 se han presentado 18 asesinatos a liderazgos sociales. Sumado a ello, han sido asesinadas 566 personas en 177 masacres ocurridas en diferentes zonas del país, con fecha de corte el 1 de febrero de 2021, de la misma manera han sido asesinados y asesinadas 212 excombatientes de las Farc.
El conflicto armado ha tenido una reorganización territorial desde la firma del acuerdo de paz, tomando fuerza en aquellas regiones anteriormente ocupadas por las FARC, hoy en un solo municipio pueden existir hasta 12 grupos armados disputando las rutas y el mercado del narcotráfico. Un caso puntual es la situación presentada en la Amazonía colombiana donde hay conflictos entre carteles como el Sinaloa que hace presencia en esa zona y que ha generado un oleaje de violencias en el territorio. De la misma manera, hay tensiones territoriales en cuanto a la ampliación de la frontera agrícola para prácticas extractivas de grandes empresas que llegan a estas regiones a cambiar totalmente la vida en el territorio, produciendo desplazamientos, incremento de la violencia sexual a mujeres y niñas (esto también agudizado por el conflicto armado), y profundización de la pobreza en territorios donde la presencia del Estado es muy débil o nula.
Por su parte, las grandes ciudades en el país, están generando una realidad que responde a la dinámica económica del capital y al proyecto de la burguesía nacional-mundial, con un modelo de ciudad hiper urbanizada (Davis, 2014), con la aparición repentina de barrios informales, la degradación de los bienes naturales, la privatización de lo público, el aumento del empleo informal, y la feminización de la pobreza urbana. (CEDINS, 2020) Todo esto respaldado y financiado por el actual gobierno. Así mismo, los conflictos entre diferentes actores armados relacionados con el narcotráfico y grupos paramilitares, hoy hacen presencia en las ciudades, profundizando las desapariciones, principalmente de mujeres jóvenes y niñas, el microtráfico que gobierna en los barrios y las situaciones de pobreza extrema.
A todo este panorama, se suman las múltiples desigualdades sociales que se han profundizado (o por lo menos han sido más visibles) a causa de la pandemia de Covid-19 en todo el territorio nacional, junto con la poca habilidad y compromiso del actual gobierno en el tratamiento de la misma. Mientras miles de colombianos y migrantes venezolanos viven en pésimas condiciones a causa de la imposibilidad de contar con un empleo digno, el gobierno de Duque ha inyectado presupuesto a fuerzas policiales con alrededor de 9.000 millones de pesos, dedicando el presupuesto a la profundización de una política criminal que le da la espalda a los y las pobres del país. También es importante mencionar que 9,5 millones de personas en Colombia ganan menos del salario mínimo (DANE), manteniendo una informalidad del 50% ocupando el más alto desempleo de Suramérica, donde las más afectadas han sido las mujeres, antes y después de la pandemia. (Revista Semana, 2021)
Sobre la situación de las mujeres, es importante hacer mención a la emergencia nacional por feminicidios que viene presentándose desde el 2020 con 568 casos de mujeres y niñas asesinadas en el país, lo cual promedia que en el 2020 se cometieron 3 feminicidios cada dos días, con alrededor de 10.000 registros de casos de violencia al interior de las viviendas (Observatorio de Feminicidios Colombia). De la misma manera, los diferentes casos de violencia sexual a niñas indígenas por parte de miembros del ejército nacional de Colombia que generó diferentes jornadas de movilización en diferentes ciudades del país. Para el caso del 2021 hoy se cuenta con un registro de 35 feminicidios en lo que va corrido del año. También se han presentado ocho masacres con 29 víctimas que superan la cifra del año anterior, asimismo, en este periodo de tiempo han sido asesinados 18 líderes y lideresas sociales, y 6 firmantes del acuerdo de paz, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ).
En cuanto a las respuestas del movimiento social, hay que resaltar que se ha mantenido la acción de movilización a pesar de las condiciones poco favorables. Despedimos un 2020 difícil, pero que juntó acciones de protesta importantes en las principales ciudades del país como es el caso de la minga indígena¹ del suroccidente colombiano que Iván Duque no recibió en Bogotá, al igual que las movilizaciones ciudadanas que denunciaron la política estatal de seguridad que viola consecutivamente los Derechos Humanos, en cabeza de miembros de la policía nacional y en general una política de seguridad totalmente agresiva con el pueblo, que logró hacerse evidente en las jornadas de movilización e indignación en las principales ciudades el 8 y 9 de septiembre del 2020, dejando alrededor de 13 muertos, más de 400 heridos y un número indeterminado de desaparecidos.
Importante resaltar la fuerza que viene tomando el movimiento de mujeres y feminista que iniciando el 2021 se declaró en luto nacional por feminicidios, haciendo visible la responsabilidad del Estado y sus instituciones que no brindan garantías de vida para las mujeres y las niñas. En materia de movilización se espera un 2021 atravesado por la crisis de la pandemia, sumado a un gobierno con poca legitimidad popular y un año electoral donde la fuerza popular y el movimiento social tendrá que pararse duro frente al país que se quiere y espera construir durante los años venideros.
____________________________________________________________________________
¹ La Minga es una articulación permanente liderada por comunidades indígenas, campesinas y populares que, cada dos o tres años, realiza grandes jornadas de lucha en Colombia, que incluyen la paralización de actividades agrícolas y el bloqueo de las principales carreteras del país como forma de presionar al gobierno para que se produzcan cambios sociales.
____________________________________________________________________________
La Confluencia de Mujeres para la Acción Pública es una articulación colombiana de organizaciones y mujeres que buscan transformar sus realidades y la de sus territorios desde una expresión popular, campesina, urbana y diversa del feminismo.
