Panamá sigue siendo escenario de intensos conflictos y de movilizaciones populares por la soberanía. Los movimientos sociales del país y sus aliados internacionales denuncian las detenciones políticas, la anulación de derechos y la expansión del imperialismo estadounidense en el país, así como el bloqueo mediático que controla las narrativas sobre los acontecimientos en los medios internacionales. Desde el inicio de las movilizaciones, el Gobierno y las fuerzas armadas siguen actuando de forma represiva contra los pueblos originarios, las mujeres y los militantes sindicalistas. En un reciente ruego, la CSA-TUCA hizo un llamamiento al sindicalismo mundial para apoyar la lucha panameña y denunciar las detenciones de dirigentes como Genaro López y Jaime Caballero, y la persecución de Erasmo Cerrud y Saúl Méndez, ahora exiliado en Bolivia.
Las recientes movilizaciones exigen la renuncia del presidente en el poder y sus políticas de militarización y expansión del extractivismo. También rechazan la política del gobierno de Trump, que sigue secuestrando los recursos del país. En su texto, disponible a continuación, Isabel Guzmán explica los acontecimientos recientes y habla sobre la participación y las reivindicaciones de las mujeres en esta lucha.
La huelga en Panamá empieza en 23 de abril de 2025, por una serie de situaciones que se dan a partir de la reforma a la seguridad social en el país. El gobierno de José Raúl Mulino, ha desatado intimidaciones y amenazas al pueblo panameño.
El proceso de negociaciones en torno a la reforma
En un primer proceso, en la Presidencia de la República, se instalan dos mesas. En la primera, una mesa de escucha por la reforma a la seguridad social, estaba el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que es uno de los que más afectaciones tiene para la población. La otra era una mesa de prestaciones de la salud. Fue un proceso de escuchar sin asumir las diferentes propuestas que tenían los gremios.
Después, se pasó una consulta supuestamente hacia los gremios y hacia la población en la Asamblea Nacional. En ese momento, se presentó la propuesta de ley 462, que hace cambios en el sistema de previdencia social. Los gremios fuimos escuchados, pero no se introducieron las reivindicaciones que planteamos. Luego se implementa la ley efectivamente lesionando el sistema de pensiones a la clase trabajadora. Vemos la intención del gobierno de patrocinar también los intereses de los empresarios para que los fondos de pensiones pasen a manos privadas. Además, surge lo que es un memorándum de entendimiento entre Panamá, que firma el gobierno, con los Estados Unidos, donde lesiona la soberanía del país.
La huelga
Empieza la huelga con las y los educadores que salen a las calles en defensa de la seguridad social y por la solicitud de derogación de la ley 462. Luego el 28 de abril se suma el sector bananero, bastante fuerte en el país, y el sector de la construcción. Se van sumando una serie de gremios y la comunidad en general, a nivel del país, en todas las provincias.
Se desatan también las manifestaciones en contra de la venta de la patria, en defensa de la soberanía.
Otro motivo para la huelga es la intencionalidad del gobierno de reactivar el proyecto minero y imponer los embalses del río Indio para la acumulación de aguas para el canal de Panamá. Esta acción está siendo llamada de multipropósitos, pues habría una serie de propósitos para ese embalse, como, por supuesto, la persecución hacia el movimiento popular y social y sindical, el ataque a la libertad sindical y, obviamente, a la democracia.
La huelga tiene un gran apoyo popular que se desarrolla a nivel nacional, obteniendo entonces como respuesta del gobierno una escalada represiva sin precedentes por parte de un mandatario de cuestionada legitimidad. Lo que vemos en este momento es la dictadura nuevamente en nuestro país. La represión ha causado decenas de heridos y más de un centenar de detenidos, además de desaparecidos, a la par de una campaña de descrédito y difamación contra las y los luchadores sociales y persecución contra la organización más fuerte del país, como es el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS). Dirigentes de esta organización están detenidos y el compañero Saúl Méndez, por tener su vida amenazada, está en situación de asilo en la embajada de Bolivia.
Vemos a un gobierno que desprecia la disidencia política ideológica y el hecho de que levantamos la voz por los derechos humanos, las conquistas y derechos laborales, las leyes nacionales y los convenios sobre libertad sindical.
Las mujeres en la lucha
Las mujeres hemos participado activamente de este proceso desde las mesas de escucha. Presentamos propuestas por el sistema de cuidados que debe tomarse en cuenta dentro de la seguridad social, y por los bajos salarios que se tienen las trabajadoras. Consideramos necesario revisarse el sistema de los salarios para que las mujeres puedan tener una jubilación más digna.
Somos las mujeres quienes cargamos y subsidiamos con el trabajo de cuidado que realizamos el vacío de condiciones sociolaborales y políticas de bienestar que no ofrecen ni el Estado ni las empresas. Nos vemos enfrentadas a un retroceso significativo con la privatización de los fondos de pensiones que nos condena a pensiones de miseria. Aunque digan que la edad de jubilación no se aumenta, la reforma perjudica a las mujeres y sobre todo a la juventud. Lo que se demuestra es odio hacia la clase trabajadora por parte del Estado.
En la mesa del programa Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) también participaron compañeras que formamos parte de la Alianza Pueblo Unido por la Vida y del espacio de la Red de Mujeres Trabajadoras específicamente. Sustentamos por qué las mujeres no concebimos el alza de la edad de jubilación. Ahora con esta ley 462 se dice que no se aumenta la edad de jubilación. Sin embargo, eso si se hace en la práctica ya que el sistema individual no va a permitir que haya jubilaciones dignas para las trabajadoras y la juventud. Sin jubilación digna, las mujeres será compelidas a seguir trabajando más allá de la edad de jubilación.
Las mujeres hemos estado en la lucha, en la asamblea y en las calles, donde hemos recibido la represión. Hemos visto cómo se violenta a mujeres indígenas y campesinas y a niñas. Se las ha golpeado, se las ha herido. Las docentes también han sido agredidas vilmente por la policía nacional.
Vemos una escalada de la violencia hacia las mujeres desde el gobierno nacional y la policía nacional.
Demandamos también la destitución de las ministras de Educación y de Trabajo, quienes deberían ocuparse en que las políticas vayan encaminadas a eliminar la precariedad que rodea a las mujeres en el mercado de trabajo, además de las brechas salariales de género y la brutal violencia que se ejerce sobre las mujeres. Demandamos que se cumpla con el convenio 190 sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, que ha sido ratificado por Panamá y que en estos momentos también está siendo lesionado.
Solidaridad feminista internacionalista
Hasta ahora nosotras no hemos visto el progreso. El gobierno de Panamá no ha cedido a una sola petición. Tiene a todo un pueblo en las calles y es incapaz de generar los puentes para un diálogo. Hemos hecho conferencias de prensa desde los gremios de mujeres trabajadoras y mucho más allá. Hemos ido a las calles el 25 de mayo, en una gran marcha de mujeres en exigencia al gobierno de que escuche al pueblo.
Isabel Guzmán forma parte de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas (CSA).
