La región de Mesoamérica se encuentra en el territorio que actualmente está ocupado por México, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. La población actual en nuestra región se calcula aproximadamente en unos 185 millones de personas, cuyo origen ancestral lo encontramos en nuestros pueblos originarios, algunos tales como: Olmecas, Zapotecas, Mayas, Teotihuacanos, Mixtecas, Aztecas, Toltecas, Chorotega, Cacaopera, Sutiaba, Náhuatl, Miskitu, Mayangna, Rama, Afrodescendientes, Cabécares, Térrabas, Borucas, Huetares, Malekus, Ngäbe, Buglé, Guna, Emberá, Wounaan, Bri Bri, Naso Tjërdi, Bokota, Nahuapipil, Ch’orti, Lenca, Nahuas, Pech, Tawahka, Tolupán, Maya-Chortí, Garífuna, Xinka, Ladino.
Históricamente, nuestra región ha sido un territorio de permanente disputa. Representamos más del 12% de biodiversidad del planeta, lo que tiene que ver con la ubicación geográfica, los procesos de resistencias, las insurgencias que se han gestado desde varios de sus territorios, los procesos de luchas de los pueblos indígenas y campesinos. Además, es importante entender que la región en sí es de carácter complejo, y que las actuales condiciones de profunda desigualdad están sustentadas en los modelos de producción de saqueo y despojo de los territorios y de sus poblaciones.
Un claro ejemplo lo encontramos en los registros históricos. Desde el siglo 19, la actividad productiva de la región se organiza alrededor de la actividad agroexportadora. Encontramos aquí antecedentes clave de la presencia del capital trasnacional corporativo, sustentados en la sobre explotación de la tierra y la explotación de la mano de obra en la región. Esta actividad giró en torno principalmente al banano, café y azúcar.
El capitalismo extractivo como instrumento de opresión
Es fundamental mencionar que el capital encuentra una alianza económico-política con la clase burguesa de la región. Esa clase de terratenientes no sólo concentra en su poder las tierras, como resultado de la explotación laboral, sino las diferentes formas de represión y criminalización de los sectores indígenas y campesinos. Un ejemplo encontramos en El Salvador, en donde la reestructuración agraria, que tenía como principal base la expansión del café, implicó una modificación en el modelo basado en el manejo comunal de las tierras, que desaparece para beneficiar a las élites y grupos de poder. Amparándose en las reformas agraria, la tierra pasa de ser propiedad comunal a propiedad privada, en función de la «necesidad de invertir». Este hecho fue clave en el proceso de insurrección y lucha popular que condujo a la represión y criminalización del pueblo salvadoreño.
Otro caso lo encontramos en el monocultivo del banano. Honduras fue el principal productor y exportador de la región. Una de las consecuencias la encontramos también en las luchas que los campesinos y pueblos indígenas tuvieron que emprender para defender su derecho a la vida y a la tierra. El capital latifundista no solamente financia las actividades referidas a la producción, sino las unidades de armadas de represión contra la población civil.
Las empresas trasnacionales han operado en nuestra región desde hace más de dos siglos, siguiendo la lógica de la opresión y acumulación de los bienes de nuestros pueblos. Pero esta opresión no se reduce únicamente a las formas de producción y comercio, pues tiene que ver con la expansión del imperialismo y con la creación de conflictos sociales en los territorios. Son casos como las guerras que en los años de 1980 se dieron en países como Nicaragua, El Salvador y Guatemala, en donde Estados Unidos jugó un papel determinante, mediante la asesoría militar, así como en la financiación para sostener estas guerras, las cuales se fraguaban como estrategia de dominación al pueblo, para frenar los procesos de demandas sociales por el acceso a la tierra, a la vida digna. Eran, además, una estrategia para frenar la «diseminación del comunismo».
En Nicaragua, se estima que más de 150,000 personas perdieron la vida como consecuencia de esta guerra. En el caso de El Salvador, se calcula que, entre 1979 y 1992, hubo más de 75,000 personas víctimas fatales del conflicto. En el caso de Guatemala, más de 200,000 personas murieron y se contabilizan cerca de 45,000 personas desaparecidas. Es relevante destacar la crueldad de la política exterior estadounidense. La magnitud de las acciones que las fuerzas militares guatemaltecas, respaldadas por Estados Unidos, ejecutaron contra los pueblos indígenas de Guatemala constituye un genocidio.
La región es una zona históricamente criminalizada por las fuerzas capitales locales y extranjeras, amparadas en los aparatos represivos que siempre han contado con las asesorías y financiamientos imperialistas. En la década de 1990, en estos territorios en disputa se impusieron las medidas de ajustes estructurales que dan paso a los modelos de privatización y a las expresiones más tangibles de las políticas neoliberales.
Una de las caras de neoliberalismo
A finales de los años 1980, se dió a conocer el llamado Consenso de Washington, conjunto de reformas a las políticas económicas que los países de América Latina y el Caribe deberíamos seguir para alcanzar el «desarrollo». Para ello, se orientaron diez estrategias, que deberían ser implementadas: disciplina fiscal, reordenamiento de las prioridades del gasto público, reforma fiscal, liberalización financiera de las tasas de interés, régimen de tipo de cambio competitivo, liberalización comercial (antesala de los tratados de libre comercio), liberalización de la inversión extranjera directa, privatización de empresas públicas, desregulación del mercado y derechos de propiedad.
Este contexto marcó una era de grandes desafíos para la región. En la década de los 1990 se asientaron las bases para la firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos, (DR-CAFTA), que fue suscrito por todos los países de Centroamérica entre el año 2003 y el 2005. Este TLC abarcó cinco grandes áreas de implementación: asuntos institucionales y administrativos, comercio de bienes, comercio de servicios e inversión,contratación pública de bienes y servicios y otros temas.
Algunas de las consecuencias que este Tratado Comercial trajo a la región son: la profundización de las brechas socioeconómicas ya existentes; reformas fiscales a favor de los «inversionistas» en detrimento de los derechos de los pueblos; cambios legislativos sobre la propiedad intelectual; reformas a los derechos laborales (precarización laboral); represión de las luchas por los derechos sociales; explotación de los territorios; incremento de los monopolios; y la fragilización y quiebra de los sectores de pequeños productores nacionales.
Es también a finales de los años 1990 cuando se da a conocer otra de las amenazas, conocida como el Plan Puebla Panamá (PPP). En términos formales, fue presentado como una propuesta del gobierno mexicano (representando los intereses del gobierno de los Estados Unidos) para promover la integración de la región de Mesoamérica. Consistiría en la construcción de una red de infraestructuras para el transporte y las comunicaciones, con el supuesto objetivo de promover el «desarrollo» económico y social de la región.
Sin embargo, el PPP hacía parte de las estrategias del entramado imperial para asegurar el control, la explotación de los recursos naturales estratégicos de nuestra región, además del control de las dinámicas territoriales de las principales zonas, que, en toda la región, habían mantenido un tejido organizativo popular. Tal control sería uno de los grandes objetivos que esta propuesta escondía.
Cuando ponemos en perspectiva los elementos compartidos, y los contrastamos con la realidad que se vive en la actualidad, deteniéndonos a analizar sus causas estructurales, podemos comprender que las estrategias de libre comercio, de la expansión y profundización del modelo extractivo tienen una lógica que no cambia de dirección: asegurar las ganancias financieras en detrimento de la vida de los pueblos. Actualmente, los niveles de pobreza superan más del 50% de la población. En el 2023, más de 1,5 millón de personas tuvieron que migrar, de las cuales el 65% eran personas menores de 35 años.
Esta lógica está sustentada también en la criminalización de las personas defensoras de los derechos, como medida que busca la protección de la inversión, la intimidación a las poblaciones. Datos de Global Witness en septiembre de 2024 reflejan que, en México, más del 70% de los asesinatos de 2023 fueron de indígenas. La mayoría de las víctimas luchaban contra las explotaciones mineras en sus territorios. En Honduras se asesinaron a 18 personas defensoras de sus territorios.
Las luchas no paran
En toda la región de Mesoamérica, las organizaciones populares se movilizan en los diferentes territorios, pues solo mediante la movilización social es posible lograr las transformaciones necesarias para construir un presente y un futuro digno, impregnado de justicia e igualdad para los pueblos.
En la región existen diversos y amplios sectores que se han organizado a partir de intereses o luchas comunes, sea por el derecho a la tierra, por el alimento, por el derecho ancestral al territorio, por el derecho a la vivienda digna y segura, por el derecho a preservar nuestras lenguas, por el derecho al agua, al alimento sano, por la defensa de territorios libres de minería, de turismo extractivo, contra las hidroeléctricas, por el derecho a las formas de producción orgánicas, contra todas las formas de explotación, contra todas las violencias, contra el capitalismo imperial, contra el patriarcado, contra la militarización, por el derecho y la autonomía de nuestros cuerpos, por el derecho que las niñeces, adolescencias y juventudes tienen a vivir libres de cualquier tipo de violencia, explotación y exclusión, por el derecho al cooperativismo, por el derecho a medios alternativos de comunicación, por el derecho a construir otras formas de hacer política, por el derecho a la educación libre e inclusiva, por la recuperación de la memoria y la felicidad de los pueblos.
Seguramente, hay muchas otras expresiones de luchas que no son nombradas en este texto. Eso hace parte de la diversidad, del acumulado que hemos construido a lo largo de la historia. También hace parte del legado que las abuelas nos dejaron y es parte de la memoria que corre en nuestras venas, como pueblos que luchamos desde el primer rayo de luz hasta la puesta del sol, y aún en medio de la oscuridad seguimos en pie.
El Movimiento Popular Mesoamericano es un espacio de diversas expresiones populares de la región mesoamericana que se juntan para hacer frente a las amenazas de los tratados de libre comercio.
