La gravedad de las crisis socioambientales sistémicas —las crisis del clima, de la biodiversidad, del agua, del hambre, de las desigualdades, de los cuidados— nos exige una articulación mucho más profunda de las luchas, los procesos de resistencia y de los proyectos políticos que se van creando desde los movimientos populares del continente y del mundo.
Es imposible enfrentar las crisis desde las fronteras nacionales, o solamente desde lo territorial y local. En el origen de las crisis, identificamos un sistema de acumulación capitalista, patriarcal, racista, colonialista e imperialista, que se construyó históricamente con base en la esclavitud, el genocidio, la destrucción de continentes y el sometimiento de nuestros pueblos. Se trata de un sistema de acumulación que se expande continuamente a nivel local, incorporando nuevos territorios, pero también nuevas esferas de la vida en sociedad. Enfrentar ese sistema requiere una mirada que vaya más allá de lo local o nacional y que tenga una perspectiva regional e internacionalista.
Las empresas transnacionales son actores centrales en ese proceso de acumulación y de precarización de la vida y del trabajo. Ellas son protagonistas del proceso de destrucción y de despojo de tierras, bosques, agua. Su actuación va mucho más allá de las fronteras nacionales. Ellas tienen mucho más poder que los Estados nacionales e imponen sus proyectos, normas y lógicas constantemente, sobre todo en un continente como el nuestro, que históricamente ha tenido una inserción sumamente dependiente en el sistema capitalista y en la economía globalizada neoliberal.
En América Latina, el proceso de acumulación liderado por las poderosas empresas transnacionales y grupos económicos nacionales, se sustenta en la extracción de materias primas y la explotación de la mano de obra. Y esa explotación se extiende a a nuestros territorios, nuestros pueblos, a los cuerpos y el trabajo de las mujeres, sobre todo las mujeres racializadas. El poder y la impunidad de las empresas transnacionales se fortalece con nuevas normas, presentes en los tratados de libre comercio y en los tratados bilaterales de inversiones, entre otros instrumentos neoliberales. Incluso, las empresas transnacionales tienen el poder de llevar a juicio a los Estados cuando consideran que una política pública no les favorece. Si estiman que una política pública que favorece el bien común va en detrimento de sus ganancias, presentan una demanda ante tribunales arbitrales Internacionales, como el CIADI que opera en la égida del Banco Mundial. Y en general, los tribunales arbitrales fallan a favor de las empresas transnacionales atentando contra la capacidad soberana de los Estados de decidir sobre las políticas públicas más adecuadas.
Esa violación constante de derechos, ese atentado constante contra la vida que sigue impune, no se puede enfrentar solamente desde lo local.
Desde el feminismo popular, hemos aprendido de las luchas de resistência en nuestro continente y comprendido la necesidad urgente de la integración de los pueblos, construyendo la unidad en la diversidad para desmantelar la impunidad empresarial, la destrucción territorial y los atentados contínuos a nuestros derechos, y consolidar nuestros proyectos políticos emancipatorios. Son las mujeres indígenas, campesinas, quilombolas, trabajadoras, de las clases populares las que se ven más afectadas por estos procesos de destrucción y ataques continuos. Son, además, quienes realmente lideran las luchas y también resisten a esa ofensiva. Las mujeres populares juegan um papel central como sujeto político en la defensa territorial y la defensa de los proyectos políticos colectivos. Son ellas las que una y otra vez se organizan y movilizan para enfrentar el proyecto de acumulación de las empresas.
Hemos aprendido con las compañeras de la Marcha Mundial de las Mujeres la necesidad de apostar a la construcción de proyectos políticos populares regionales y de fortalecernos colectivamente como sujetos políticos populares. En un contexto de profundas crisis sistémicas que amenazan los sistemas ecológicos que hacen posible la vida, y de la ofensiva brutal que está desplegando la derecha y el capital en muchos países de nuestro continente, tenemos la responsabilidad y el deber de avanzar en esa construcción de la unidad en torno a proyectos políticos emancipatorios que nos permitan desmantelar los sistemas de dominación, opresión y de explotación de nuestros pueblos y de la naturaleza.
Históricamente, nuestros pueblos organizados han construido esos procesos y proyectos políticos emancipatorios, como la soberanía alimentaria. Esos proyectos nos permiten disputar imaginarios y sentido, así como sentar las bases y principios que nos permiten dar una respuesta integral y estructural a las crisis sistémicas, y que deben organizar nuestras sociedades.
Construimos la integración en torno a la resistencia y la lucha contra la concentración de poder y la riqueza, las desigualdades, el despojo, el acaparamiento, la contaminación y destrucción de territorios, como consecuencia del avance del agronegocio, la minería, las represas, los combustibles fósiles. Ante eso, la unidad y construcción de integración implica profundizar y consolidar las propuestas hacia la transformación del sistema alimentario, del sistema energético, del sistema económico, rompiendo con esas dicotomías que se nos han impuesto entre sociedad y naturaleza, trabajo productivo y reproductivo, y la división sexual del trabajo.
Hoy, también es clave en nuestro continente organizarnos para disputar la política y las políticas públicas, porque necesitamos recuperar el control sobre las decisiones que tienen que ver con la organización de nuestras sociedades y nuestra relación con la naturaleza. Disputar la política, como bien nos enseñó Nalu Faria, también significa disputar y descolonizar el Estado, redefinir su rol en torno a la sustentabilidad de la vida, la defensa de la naturaleza y de los derechos de los pueblos. Es una disputa profunda, que redefine qué es el Estado y cómo construimos institucionalidad política a nivel regional, en un momento en que se trata de instalar la deslegitimación de la política y se imponen seres nefastos, como Javier Milei en Argentina.
Tenemos que disputar la esfera económica. Gracias a la Marcha Mundial de las Mujeres, contamos con aportes fundamentales para todos nuestros movimientos en torno a la economía feminista. La economia feminista nos ofrece los principios y lineamientos necesarios para organizar la producción y la reproducción de la vida y garantizar la satisfacción de las necesidades de nuestros pueblos. Principios comunes a los de la soberanía alimentaria, tendientes a la transformación radical de la producción, distribución y consumo de todo lo necesario para la vida. La economía feminista en clave regional apunta a la organización en todos los niveles, destacando la importancia del vínculo entre las clases populares del campo y de la ciudad. Y las mujeres organizadas juegan un papel esencial en la construcción de la soberanía alimentaria em nuestro continente. En ese marco, nos oponemos firmemente a la economía verde que está transformando la naturaleza en mercancia y a los intentos de imponerla en nuestra región. Y continuamos luchando como lo hemos hecho históricamente contra el neoliberalismo, que privatiza cada vez más esferas de la vida en sociedad y a la naturaleza. Como quedó demostrado en la pandemia, el neoliberalismo no permite garantizar la sustentabilidad de la vida, sino que atenta contra la vida.
La Integración regional debe partir del reconocimiento del trabajo de cuidados como un principio organizador de los procesos económicos y la necesidad de poner fin a la división sexual del trabajo, así como a la explotación de los cuerpos y el trabajo de las mujeres. Para esto, debemos garantizar la autonomía colectiva de las mujeres en los procesos de repensar y reformular nuestras economias en clave regional.
En todo el continente, avanza una disputa en torno al territorio. Por un lado, están los pueblos que sienten y viven el territorio como un espacio para la producción y la reproducción de la vida, como un espacio de lucha, de construcción política y cultural, de memoria. Por otro lado, las empresas que ven los territorios como plataforma para la acumulación de capital, como fuente inagotable de recursos. Es fundamental en esa disputa fortalecer el poder y control de nuestros pueblos sobre los territorios, tanto rurales como urbanos, más allá de las fronteras, resistiendo al reduccionismo que convierte a la naturaleza en unidades que puedan ser compradas y vendidas en el mercado, y a la transformación de las funciones de la naturaleza en servicios.
Debemos recuperar el control sobre el conocimiento y la tecnología, destacando su carácter público. En la medida que la tecnología se privatiza, se concentra en manos de pocas empresas, pasa a ser un instrumento para una mayor explotación de las clases populares y la naturaleza.
Nuestra perspectiva de la integración debe apostar al internacionalismo, como base de la unidad y la solidaridad de los pueblos y de un nuevo multilateralismo. Una integración que impida acciones criminales, como a las que hoy lleva adelante el gobierno de Israel contra el pueblo palestino. Estos procesos de integración regional se han construido históricamente y continúan en construcción. Para fortalecer los sujetos políticos desde una perspectiva emancipatoria regional, es fundamental conocer nuestra historia, mantener viva la memoria y sobre todo, resistir la imposición de nuevos imaginarios perversos de la mano de la derecha.
Karin Nansen forma parte de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, y de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Este texto es una edición de su ponencia en el webinario “Feminismo e integración regional”, realizado por la MMM Américas en 30 de noviembre de 2023.
