Bertha y Laura Zúñiga son integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) e hijas de la militante feminista ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016. Hace ocho años, los movimientos populares de Honduras luchan por justicia para Berta. Una de las primeras demandas del movimiento, desde su principio, fue la investigación de los autores intelectuales del crimen. “Tenemos una exigencia muy fuerte para evidenciar quiénes son los actores, que hay detrás del asesinato de mi mamá, cuáles son los intereses que se han querido beneficiar desde el asesinato”, explica Laura.
La presión por la investigación del caso resultó en un juicio realizado en 2018 y en la condenación en 2019 de ocho hombres, siendo siete de ellos autores materiales del crimen y David Castillo, responsable por la mediación entre los mentores intelectuales y los demás. Los ocho tenían conexiones con la empresa responsable por el proyecto hidroeléctrico que Berta y el COPINH denunciaban, el proyecto Agua Zarca, en el río Gualcarque. A pesar del juicio, todavía no se han sentenciado los culpables, tampoco se han responsabilizado los autores intelectuales. Por eso, el COPINH mantiene su presión por justicia.
Para Bertha y Laura, la investigación sobre el asesinato de su madre marca un cambio en el patrón de investigaciones de crímenes contra defensores y líderes populares. Según ellas, la tasa de impunidad para autores materiales de crímenes diversos es de un 90% en Honduras. “Consideramos esta una victoria popular contra un sistema de impunidad”, defiende Bertha. Ella cuenta que ”dentro de los sistemas de justicia existen piezas que funcionan y trabajan para la persecución de los liderazgos sociales y para la impunidad de los grupos económicos. Este fue un crimen en el que logramos identificar la participación de estructuras sicarias, de estructuras militares y también de un grupo económico muy poderoso en Honduras, que es la familia Atala Zablah”. La familia Atala Zablah está profundamente conectada a sectores del extractivismo en Latinoamérica, y uno de sus integrantes, Daniel Atala Midence, recibió una orden de arresto por el caso de Berta.
En la entrevista realizada en 5 de junio de 2024, Bertha y Laura hablaron sobre el avance de la investigación y de la condena. La entrevista fue conducida colectivamente por más de 20 medios de comunicación y organizaciones populares aliadas que componen ALBA Movimientos en diversos países de Latinoamérica y el Caribe.
¿Por cuáles motivos se atrasa tanto o se dilata la sentencia?
Laura: Se dilata porque hay muchos intereses que están presionando para que no haya confirmación de la sentencia. Eso tiene que ver con que buscan retrasar y boicotear el proceso de Justicia para mi mami. Sabemos que, dentro incluso del Poder Judicial, hay todo un debate por la injerencia que está habiendo por parte de este grupo económico de poder. Ahora, nos toca a nosotras como movimientos populares proteger esas sentencias y la confirmación de las mismas.
¿Cuál es la actitud del gobierno de Honduras hacia el caso en particular? ¿Creen que contribuye a en un sentido favorable la causa o crea condiciones para mayor impunidad?
Bertha: Justicia para Berta Cáceres fue un tema de campaña del gobierno de Xiomara Castro, nuestra presidenta. A nivel del poder ejecutivo, se ha establecido una petición concreta sobre la que creemos que hay un nivel de avance. Hay un elemento muy importante: el tema de justicia para Berta sigue dependiendo casi de manera exclusiva del poder judicial. El poder ejecutivo no tiene formalmente un nivel de incidencia dentro de esas decisiones. Hasta el momento, y muy específicamente con el tema de la resolución de estas sentencias, la Corte Suprema de Justicia no ha emitido ninguna comunicación pública. Entonces, creo que es muy importante que las organizaciones de ALBA Movimientos también puedan hacer acciones dirigidas a que el gobierno mantenga la coherencia de discurso y tome cualquier tipo de acción que sea para bien del proceso de justicia.
¿Qué estrategias jurídicas y políticas continentales pueden ser útiles en esta etapa que tenemos ahora?
Laura: Hemos estado acudiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las medidas de protección que tenía mi mami, que tiene el COPINH y la víctimas de este caso. Una de las cosas que hemos intentado es que se evidencie en este plano internacional la negligencia y la elección de omitir el cuidado hacia Berta Cáceres. También es importante mantenerse informados y, poco a poco, romper el cerco mediático de los medios hegemónicos, porque este caso simboliza también el caso de muchas otras mujeres que han defendido sus territorios y que se han enfrentado al sistema capitalista racista patriarcal.
Bertha: Desde el COPINH, hemos definido algunas acciones importantes, como enviar cartas a la Corte Suprema de Justicia. En general, no necesita que sean personas, organizaciones o instituciones dedicadas al mundo jurídico de litigio, sino que pueden ser organizaciones y cartas generales, que se pueden entregar directamente en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Es buena cualquier acción pública para mostrar preocupación, incluso acciones por parte del propio gobierno de Honduras, ya que este fue un tema de campaña.
Para nosotros es muy importante que este acompañe el proceso organizativo del COPINH y que logre visibilizar a otras víctimas que no directamente estén relacionadas con este caso, como pueblos indígenas, mujeres asesinadas y defensores. De manera aislada, esto tampoco tiene mucho sentido, sin que lo legal repercuta en profundizar nuestras propias capacidades organizativas, en potenciar los propios mensajes de nuestra compañera Berta Cáceres hacia Honduras, hacia nuestros deseos de transformación, hacia la región a nivel continental.
¿Creen que se avanzó en un abordaje de justicia con perspectiva de género en el transcurso del tiempo que lleva la causa?
Laura: Yo creo que ha sido una disputa también del COPINH poder abordar y evidenciar dentro de las instituciones de justicia cómo se ataca a una mujer indígena. El tema del género y de los cuerpos racializados ha sido abordado y creo que ha sido un avance, porque fue una lucha en que se incorporaron peritajes investigando cómo se ha roto históricamente el tejido de las comunidades indígenas y cómo se ha buscado destruir las comunidades con el ataque específico contra una mujer, que es muy diferente a la forma en que se atacan a los hombres.
En ese sentido, creo que el juicio fue un momento también para aleccionar al sistema de justicia hondureño en cómo hacer abordajes para mujeres indígenas, defensoras y luchadoras. Los medios hegemónicos buscan minimizar nuestras voces y también eso tiene que ver con minimizar la diversidad. No sólo han buscado decir que fue un asesinato y nada más, sino decir que era un ‘crimen de faldas’, forma nefasta de llamar a un femicidio y también de quitarle el elemento de un asesinato a una defensora que tenía muchas otras amenazas y ataques.
¿Cuál es la situación actual de la lucha ambiental en Honduras y cuáles son los principales desafíos que enfrenta el movimiento ambientalista en este momento?
Bertha: Lamentablemente, Honduras sigue apareciendo como uno de los países más peligrosos para la defensa de la Madre Tierra, de los bienes comunes, de la tierra y del territorio. Tenemos casos muy delicados en nuestro país, como los de la zona del Bajo Aguán, en la costa norte, donde muchos líderes sociales han sido asesinados de manera impune. Nosotras siempre hablamos de la articulación de los grupos económicos en nuestro país. Aunque esto es un caso emblemático que ha roto toda la norma de lo que ha venido pasando en nuestro país, es importante que contribuya de alguna manera al esclarecimiento de la situación de otras personas asesinadas que sigue sucediendo en Honduras.
Aunque haya una voluntad de cambio, esas estructuras criminales se mantienen intactas. Nosotras seguimos tratando de vincular el tema financiero económico de corrupción a este tipo de caso, porque se evidencia muy claramente. Incluso el tema de asesinatos a mujeres, redes de trata y femicidios sigue siendo una constante porque el tema de justicia es un desafío. Nosotras hemos conocido un poco más internamente la Justicia. Realmente, es una cosa que, para decirlo de manera popular, da frío, te pone los pelitos de punta. Hay muchos intereses políticos y económicos de toda índole.
Laura: Respecto a los desafíos, yo pondría este tema de la impunidad. Es difícil continuar una lucha en medio de tanta impunidad y tantos crímenes. También una lucha es buscar realmente el reconocimiento de los derechos de las víctimas y de las organizaciones. Nosotras, de manera histórica, logramos en un juicio —el de corrupción y fraude sobre el Gualcarque— que COPINH y el consejo indígena de la comunidad de Río Blanco fueran considerados víctimas formales. Eso nunca había pasado en nuestro país.
También, por supuesto, hay que buscar el reconocimiento integral de los derechos de las comunidades indígenas. A veces se ha pensado o se ha hablado del tema ambiental en abstracto, como si donde hay ambiente no hubiese comunidades y, por tanto, no hubiese derechos. Seguimos diciendo: resguardamos el 85% de las zonas de reserva y de los bosques en nuestro país. No se puede tomar medidas ambientales sin considerar nuestros derechos como comunidades. Las leyes no nos consideran manejadores de las áreas protegidas. Un último desafío es encontrar soluciones reales. Hoy, el propio capitalismo ha puesto tantas falsas soluciones ambientales que convencen incluso a gente del gobierno. Hay una gran batalla que tenemos que dar por encontrar soluciones reales a una crisis climática ambiental que está significando violación sistemática de los derechos de los sujetos a los que nos toca resguardar esa naturaleza y esos bienes comunes.
Laura: La lucha por justicia para Berta está inmersa en la lucha por justicia para el pueblo Lenca. En ese sentido se sigue disputando que el río Gualcarque corra libre, porque actualmente está concesionado, entonces es parte, de los juicios de corrupción por la concesión del río, pues hayan salido personas condenadas, va vivenciando cómo es que funciona el extractivismo en Honduras y como también funcionó de manera ilegal esta concesión. Las comunidades Lenca organizadas en el COPINH siguen exigiendo derechos que históricamente se les han negado. La organización sigue activa.
